Paula Lerena afirma que poco tiene que ver la imagen que del turno de oficio se muestra en las películas con la realidad y afirma, de manera contundente, que asumen con igual compromiso este servicio que el que desarrollan en el ámbito privado.
Graduada en Derecho en 2018 y con un máster, ambos impartidos por el la UR, lleva tres años ejerciendo como abogada y se confiesa firme defensora del turno de oficio del que forma parte desde que se colegió, una iniciativa que responde a su creencia de que el Estado debe garantizar el acceso de todos los ciudadanos, independientemente de los recursos de los que dispongan, a la justicia y a otros servicios básicos. Abogada vocacional, no dudó en apuntarse al turno de oficio, un servicio que, indica, le ayuda a tener contacto con muchas personas y asuntos diferentes. «Pienso que hay que cumplir con esa función social», afirma la letrada, que señala que, entre guardias y turnos, el número de casos de justicia gratuita en los que puede trabajar anualmente superan los 15.
Miembro del despacho SCL Abogados, explica que durante las guardias son asuntos penales los más habituales, mientras que durante el turno los asuntos se abren a un abanico más amplio, en función de las materias con las que el letrado se ha comprometido a prestar justicia gratuita.
Recuerda, en particular, el caso del «estafador romántico», que causó graves problemas y profundos disgustos a una mujer que, supuestamente, inició una relación sentimental a través de internet. Relata que la señora, que carecía de abundantes recursos económicos, se vio inmersa en una red de estafas, que recorría varios países, y por la que se encontró inmersa en unos cuantos procesos judiciales. «Le estafó bastante dinero y logró, además, hacer uso de sus cuentas bancarias», cuenta la abogada, que lamenta que la mujer fue «engañada y estafada», y para la que consiguió «hacer justicia».
Por este procedimiento Paula Lerena ingresó una cuantía significativamente inferior a la que hubiera percibido en el ámbito privado, al igual que lo que sucede con el resto de asuntos.
Diferencias sustanciales. En este contexto, pone como ejemplo un caso contencioso de divorcio, que en el ámbito privado puede oscilar entre 2.000 y 3.000 euros, mientras en justicia gratuita se perciben 250 euros por un procedimiento que se puede alargar año y medio.
«La diferencia es abismal para realizar el mismo trabajo», apunta la letrada, que afirma que en su despacho abogan por un servicio integral sin hacer distinciones. Lamenta también los aspectos de cariz laboral y razona que se encuentran en un «limbo», porque, aun trabajando para la Administración, ni están contratados ni cotizan, de tal manera que podrían asemejarse a falsos autónomos.
«Las condiciones son terribles», asegura la jurista, igualmente insatisfecha con la respuesta de la Administración y de los colegios profesionales, y califica de frustrante el trato que reciben los abogados de oficio. De hecho, cuenta que, en el contexto nacional, han barajado renuncias masivas. «Tenemos un debate terrible porque estás luchando contra la Administración, y a la vez defiendes el derecho a la justicia», reflexiona.