feli agustín / logroño

Un año más, los datos han confirmado los pronósticos y la demanda de justicia gratuita en los juzgados y tribunales de nuestro país creció el año pasado, y los españoles demandaron la asistencia de abogados de oficio en más de dos millones de ocasiones, un 3,5% más que en 2022.

Según recoge el XVII Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, La Rioja no ha emulado esta tendencia y los casos presentaron un descenso cercano al 5%, hasta los 9.202, frente a los 9.779 de 2022, ejercicio que, bien es cierto, alcanzó la segunda mayor cifra de la última década, solo superada por los cerca de 10.000 de 2017.  Sin perjuicio de ello, fue un periodo de mucho movimiento, -el tercero con más asuntos desde 2014-, de los que 4.728 fueron tratados por el turno de oficio, ámbito que aborda más de la mitad de los asuntos y presenta el mayor descenso, del 11,4%, al contrario que la asistencia letrada que, con 3.487 casos, ha crecido un 3%. 

Por lo que respecta a la violencia de género, apenas ha registrado variaciones: fueron 987 casos el pasado ejercicio, 19 menos que los 1.006 de 2022. Es un ámbito que,desde 2008 no presenta cambios sustanciales y representa, de manera constante, alrededor del 10% de los asuntos abordados, entre otros aspectos porque, explica el decano del Colegio de Abogados de La Rioja,  Federico Bravo, de la justicia gratuita, según contempla la ley, pueden beneficiarse todas las víctimas, al margen de su situación económica. Por jurisdicciones, es la penal la que asume el grueso del trabajo de los letrados  riojanos del turno de oficio, con 3.307, el 70%, aunque presenta una rebaja del 7,4% sobre los 3.570 de 2022. Le siguen  los civiles, 979, en el contencioso administrativo fueron 203  y 149, en el social. En total, la justicia gratuita supuso un desembolso para la administración de 1,29 millones de euros, frente al 1,36 millones de 2022.

Más supuestos. El decano resalta que, a pesar del descenso del año pasado, la tendencia general es de crecimiento, debido a dos factores, las mayores posibilidades de cumplir los requisitos económicos para ser usuario de la justicia gratuita -se vincula al IPREM- y la ampliación de los supuestos susceptibles de contar con asesoramiento jurídico gratuito.

Constata que los casos más habituales son los servicios de guardia y asistencia al detenido y cuenta con un importante volumen de usuarios entre quienes se están divorciando. El ámbito civil también se hace cargo de enfrentamientos  en las comunidades de vecinos o materias de consumo. En el contencioso administrativo prevalecen asuntos de extranjería, aunque es el penal el que asume más recursos de justicia gratuita, fundamentalmente, los juicios rápidos.

Bravo, que se muestra como un gran defensor de los profesionales de la justicia gratuita, reitera que las reivindicaciones son endémicas, y se entrelazan con las propia situación de la justicia. Entre ellas,  menciona la actualización de los baremos de forma periódica conforme a un criterio o la reducción de las cargas administrativas, a la vez que exige que «todo lo que se trabaje debe estar remunerado».

Apunta que los letrados de oficio tienen que compatibilizar el servicio de justicia gratuita con su actividad profesional y destaca que el aumento de ciudadanos susceptibles de ser usuarios no corre paralelo con el incremento de dotaciones de medios y presupuestos.

Explica que se ha generado un problema «sin solución», y que no tiene visos de ello, con los barremos -a cada procedimiento se le fija un coste-, que entiende que son «tan bajos que afectan a la propia dignidad de la profesión», y se sitúan a «años luz» del precio del mercado. Por ello, demanda que se establezca un sistema de actualización automática para que alcancen retribuciones más acordes con la realidad. Además, relata que se introducen nuevas actuaciones que precisan asistencia letrada sin que estén contempladas en los baremos y «no se pagan», algo que considera inaceptable.

El decano de los abogados apunta que, en una situación general «absolutamente deplorable», el funcionamiento del turno de oficio en La Rioja figura entre los mejores en aspectos como en el cobro, que no presenta retrasos, salvo en situaciones excepcionales en los últimos meses del año al agotarse el presupuesto. «Se cobra en unos plazos razonables si se tiene en cuenta el actual contexto;en otro, serían totalmente inasumibles», asegura el decano, que en la otra cara de la moneda informa de que los baremos riojanos se encuentran entre los más bajos del país, aunque confirma que negocian su actualización con el Gobierno. «El nivel de compromiso es enorme porque, de lo contrario, el servicio no funcionaría», afirma y resalta el alto grado de satisfacción de la ciudadanía; apunta que por los 4.728 casos que abordó el turno de oficio solo se recibieron 24 quejas.

Igual servicio. En España, los abogados tienen el imperativo legal de prestar el servicio de justicia gratuita. Ahora bien, si el número de letrados voluntarios es suficiente no es necesario que todos los miembros del Colegio presten el servicio, como es el caso de La Rioja. 

En esta comunidad, el año pasado había 641 abogados, de los 228 estaban en justicia gratuita, cifras que han experimentado escasas variaciones en la última década -eran 640 y 210, respectivamente- en 2013.

El decano del Colegio riojano, Federico Bravo, apunta que suelen ser los letrados más jóvenes, que cuentan con menos clientes y mayor disponibilidad, los que mayoritariamente engrosan la justicia gratuita, lo que no merma en absoluto la calidad del servicio,

«Hay una exigencia formativa muy grande», afirma el decano, que asegura que es «absolutamente falso» que el servicio sea diferente del que se presta en el ámbito privad, aunque, resalta, los medios de los que disponen puede provocar que la percepción que tiene el ciudadano sea otra.

¿Quién se puede beneficiar? El supuesto más habitual es el de aquellos ciudadanos que no cuentan con recursos suficientes para poder litigar. Una personas en un hogar unipersonal tiene derecho este año a ella si sus ingresos se sitúan por debajo de dos veces el IPREM, 16.800 euros. Si es una unidad familiar menor de cuatro miembros, es dos veces y media el IPREM;si son más, tres veces el IPREM. 25.200 euros. Hay otros supuestos, independientemente de sus ingresos, como las personas que sufren violencia de género o los trabajadores en litigios laborales.

¿Qué es justicia gratuita? Un servicio público que permite a sus beneficiarios,  que no pueden hacer frente al gasto que acarrea, acceder a la justicia para cumplir con el principio de igualdad y el derecho a la tutela efectiva No supondría ningún coste para el usuario.

¿Y el turno de oficio? Es el mecanismo que permite a cualquier persona que no puede designar un abogado solicitarlo. Si las condiciones del ciudadano no responden a las que exige la justicia gratuita tendrá que hacerse cargo de sus emolumentos.