Operarios de Plaza Chica esperan una reunión con el Gobierno

Feli Agustín
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En permiso retribuido, reclamarán el pago de los atraso por la actualización del convenio y apelan al desbloqueo de alguna de las 21 cuentas de la empresa

Concentración de los trabajadores de la planta de Alfaro de Plaza Chica. - Foto: UGT

Desde sus casas, con permiso retribuido hasta el 31 de enero, los 130 trabajadores -80 en la planta de Alfaro y 50 en la de Cervera- de la empresa alimentaria Plaza Chica contemplan con incertidumbre el desarrollo de unos acontecimientos que han conducido al bloqueo de las cuentas de la empresa, después de que la Guardia Civil detuviera el pasado 8 de enero a cuatro personas -dos hombres y dos mujeres- como responsables de varios delitos vinculados con la comercialización irregular de conservas de atún, una investigación que está ahora en manos del Juzgado de Calahorra.

La plantilla teme la caducidad del permiso retribuido el 31 de enero, fecha ante la que, de momento, se abre un escenario desconocido. «La inquietud de los trabajadores es patente por dos cuestiones muy importantes», explica Carlos Alfaro, secretario de la Federación de Industria (FICA) de UGT, que concreta la incertidumbre enel pago de los salarios a fin de mes, cuyo abono la empresa ha garantizado, aunque ya advirtió en un encuentro mantenido el pasado jueves que, si no se desbloquear las cuentas,  iba a sufrir serios problemas, tanto para continuar la producción como para hacer frente al coste de las nóminas.

«Si no hay materias primas, si no se produce, si no se fabrica, esto nos puede llevar es a la pérdida de los puestos de trabajo», alerta Alfaro, dando traslado del otro gran temor los trabajadores, el paso a una situación de ERE o, en último caso,  al desempleo.

Reclamarán, en cualquier caso,  los atrasos correspondientes al convenio de conservas vegetales que, firmado en mayo y publicado en septiembre, la empresa se había comprometido a pagar en diciembre y que quedó en suspenso con la investigación de la Guardia Civil,  El bloqueo de las cuentas ha impedido que el abono se hiciera efectivo, lo que ha llevado al comité a hablar con la delegada del Gobierno, Beatriz Arraiz, «a ver si nos puede poner en contacto con alguien o hacer algo para desbloquear alguna cuenta», que permita la compra de materias primas  producir y mantener el empleo.

De la misma manera, han solicitado una reunión con el Gobierno de La Rioja - a la par que se aborda la situación de las empresas auxiliares de Calzados Fal [afectada por un incendio en la madrugada del 3 de diciembre]- para intentar después encuentros con el resto de administraciones.

Zonas despobladas. Alfaro hace hincapié en la dificultad de reintegrarse en el mercado laboral en una zona con escasas oportunidades, particularmente en el área de Cervera, gravemente afectada por la despoblación. «En una comarca como la del Alhama, la pérdida de 50 empleos de trabajadores del municipio o de pueblos aledaños sería una catástrofe», razona el sindicalista, que incide en las graves consecuencias que acarrearía en una zona gravemente afectada por la despoblación.

El secretario general de FICA, que apunta que se mantienen al margen de investigaciones policiales y judiciales, reitera la preocupación en la plantilla ante el temor de la desaparición de sus empleos, que trasladarán a la sociedad en sendas concentraciones que mantendrán en la mañana del viernes en Cervera y Alfaro, donde anunciarán manifestaciones para el 30 o el 31 del mes.

Fundada en 2008, Plaza Chica comenzó fabricando en Cervera preparados para tortillas de patata -en la actualidad, según se recoge en su web, los hacen con bacalao, chorizo, con cebolla o sin cebolla-, a la que sumaron después en Alfaro las conservas de atún y bonito en diversos formatos -en lata o bandeja e incluso lo personalizan para el cliente-, en aceite de oliva, girasol, al natural o escabeche.

Ha sido este producto el que provocó la inspección y sanción del Gobierno de La Rioja y la investigación policial bajo la sospecha de que las conservas estaban siendo adulteradas para ser revendidas pese a su estado de insalubridad. En la operación  Matsu, en la que ha colaborado Europol y el Arma de Carabinieri italiana, y en la que se incautaron unos 120.000 botes de conserva de atún y 45.000 litros de aceite. La mayor parte de los botes intervenidos estaban destinados a abastecer a pequeños comercios y grandes cadenas de alimentación de España e Italia.

En el registro efectuado en una de las sedes de la empresa Plaza Chica, los agentes hallaron una zona clandestina de trabajo carente de medidas de higiene, dos recipientes de grandes dimensiones con agua caliente, con numerosos tarros de atún devueltos por los compradores.

En este lugar, y sin condiciones de salubridad, se retiraban las etiquetas de los botes para su posterior reintroducción en el mercado con una nueva, registro sanitario y fecha de caducidad, con el consiguiente perjuicio para la salud y el consumidor final. Además, parte de estos botes manipulados se había introducido el agua del recipiente, presentando sus tapas marcas de óxido.