La posible sanción al Ayuntamiento de Logroño por la eliminación del carril bici de Avenida de Portugal, lo que obligaría a devolver hasta 6,5 millones de euros de los fondos europeos Next Generation otorgados, ha provocado que el equipo de Conrado Escobar inicie una ofensiva en varios frentes para evitar ese desembolso económico. A la presentación de alegaciones ante el rechazo inicial a la modificación presentada,  que incluyen entre otras propuestas la creación de un nuevo carril bici por Bretón de los Herreros, se ha sumado una reunión en Madrid para tratar de exponer de primera mano a los responsables del Ministerio de Transportes las razones de  su, a la vista de las consecuencias, polémica decisión.

El encuentro, promovido por el propio Ayuntamiento como se han encargado de aclarar fuentes del propio Ministerio, apenas ha superado el ámbito de la cortesía, sin que haya podido avanzar en el objetivo de dejar sin efecto esa posible devolución de fondos europeos. «No se ha tratado de una negociación, sino de un encuentro a petición del Ayuntamiento de Logroño al que el Ministerio escucha con lealtad institucional», indican las mismas fuentes.

El Ministerio de Transporte quiso aclarar expresamente que son los técnicos y solo ellos los encargados de analizar si los cambios solicitados por el Ayuntamiento de Logroño cumplen los requisitos que aparecen en la convocatoria de estas ayudas de las que se benefició. En este mismo sentido, un portavoz del Gobierno central aclara que serán esos mismos funcionarios los que darán la respuesta  siempre «en base a criterios técnicos según se establece en la convocatoria de estas ayudas». El Ayuntamiento, por su parte, se limitó a confirmar la existencia de ese encuentro. «Nada que decir al respecto» indicaron desde el departamento de prensa municipal.

La eliminación del carril bici de Avenida de Portugal supuso una promesa a los vecinos del entonces candidato del PP, Conrado Escobar, que materializó al poco tiempo de acceder a la Alcaldía. Transportes rechazó los criterios argumentados por el Ayuntamiento de Logroño para justificar esa decisión, requerimiento contra el que el Consistorio alegó. «Es un procedimiento administrativo en marcha que sigue su curso», concluyen desde el Ministerio.