Hace tres años Logroño estuvo en el centro de las miradas a nivel nacional e internacional. El 18 de abril de 2021, el líder del Frente Polisario, Brahim Ghali llegó en un avión desde Argelia a la base militar de Zaragoza, para luego venir en ambulancia al hospital San Pedro de Logroño.
Este mandatario vino a la capital acompañado por su hijo Luali Sid el Mustafa, y su médico personal. El motivo de esta visita fue que Brahim Ghali sufría en aquel momento una grave neumonía causada por el virus de la Covid-19.
Hasta el 1 de junio de 2021, esta visita generó una grave crisis internacional con Marruecos debido a que dicho país está enfrentado con Argelia por el conflicto del Sahara Occidental. Tres años más tarde, este asunto continúa dando de que hablar porque Ghali dejó una deuda cercana a los 50.000 euros, concretamente, 45.658 euros, en el Servicio Riojano de Salud (SERIS). El Consejero de hacienda, gobernanza pública y sociedad digital del Gobierno de La Rioja, Alfonso Domínguez, señaló ayer a El Día de La Rioja que «debería ser factible cobrar esta deuda porque contaremos con la colaboración de la justicia española».
Explica que cuando hay una asistencia sanitaria a una persona que no está asegurada, «esta tiene que afrontar el pago de la asistencia». En este caso, detalló que se han producido dos circunstancias. «Primero una propia dificultad para cobrar esta deuda porque no es una persona que en principio resida en territorio español; y en segundo lugar, en el Gobierno anterior hubo una cierta inacción para cobrar esta deuda», señaló.
Subrayó el buen trabajo de investigación que el Gobierno riojana ha realizado, con los organismos oficiales, para encontrar un supuesto domicilio en Madrid. «Una vez hecho esto, pondremos una reclamación judicial ante el juzgado. Es el procedimiento habitual cuando pasa esto», aseguró.
Inacción. Domínguez apuntó que el proceso se ha dilatado en el tiempo debido a la inacción del equipo de Gobierno que hubo en la legislatura anterior.
«Hay grandes intervalos de tiempo en este proceso durante la legislatura pasada. Hemos intentado acortar el proceso realizando las investigaciones sobre el domicilio», destacó.
Remarcó que la obligación del Gobierno regional y del SERIS es utilizar todos sus recursos al alcance para cobrarla porque «es dinero público de todos los ciudadanos». «Así lo haremos, en colaboración con la justicia española para cobrarla lo antes posible», indicó.
El consejero no quiso opinar sobre si fue correcto todo lo ocurrido en ese periodo de 2021 pero «es verdad que, tanto la ex presidenta del Gobierno, como la corporación anterior, no dieron las explicaciones oportunas sobre las circunstancias en las que se produjo esa asistencia». «Pero sin toda la información, es difícil hacer una valoración», admitió el consejero.