Prestar servicio en ayuntamientos, parroquias, ONGs y centros penitenciarios, entre otros, son la alternativa a las condenas privativas de libertad (aquellas que se cumplen dentro del centro penitenciario) que las penas y medidas alternativas (sin ingreso en prisión) posibilitan en ciertos casos en los que el delito condenado es «de menor intensidad», aunque no «de menor importancia», tal y como informó a este periódico el Jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas del Centro Penitenciario de Logroño.

Dentro de las penas y medidas alternativas se encuadran los Trabajos en Beneficios de la Comunidad (TBC) y las suspensiones de condena, las cuales condicionan la pena privativa de libertad a determinados aspectos, por un lado, «que se les permita, por ejemplo, la realización de un programa acerca de la violencia de género, o seguridad vial» y, por otro, la prestación de trabajos de utilidad y beneficio comunitario, fundamentalmente a entidades del sector servicios, para el cumplimiento de estas penas.

Durante el pasado 2023 se tramitaron en La Rioja 761 penas de trabajos en beneficio de la comunidad, son 81 menos que en 2022, cuando se tramitaron un total de 842 ejecutorias, «es la primera vez desde la creación de las TBC que disminuyen» destacó el Jefe de este servicio, «siempre se ha registrado un aumento paulatino con el paso de los años y, ahora, por primera vez se ha producido un descenso».

Las razones para la explicación de esta tendencia a la baja sin precedentes son, por el momento, tan solo conjeturas, «creemos que ha podido ser por los problemas laborales en los juzgados durante el año pasado, pero es solo una suposición, no tenemos certeza» indicó el Jefe de del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas.

CONVENIOS. Para el cumplimiento de los Trabajos en Beneficio de la Comunidad, existen convenios con diferentes entidades y asociaciones de toda La Rioja para que, en función de las particularidades del centro y del penado, sean destinados y ejerzan las horas estipuladas realizando los trabajos pertinentes con los que evitan la condena privativa de libertad.

«Tenemos convenios con ayuntamientos de prácticamente toda La Rioja, para que se puedan adaptar según la zona de  residencia, así como con la inmensa mayoría de entidades riojanas» señalaba el jefe de este servicio, indicando que a la hora de adjudicar las entidades y centros a los penados «nos adaptamos a las necesidades del penado para que se adapte a la entidad, entendiendo que cada entidad tiene sus peculiaridades, y busca la persona más adecuada». 

El convenio más reciente es el firmado junto a la consejería de Salud de La Rioja, y que permite la prestación por las personas penadas de determinadas actividades de utilidad pública en este ámbito competencial. 

«Dentro de las competencias de servicios sociales una de las funciones que tenemos es el trabajo por la integración social, de ahí la colaboración de la consejería y de la dirección general en apoyo para la integración de este colectivo de personas en cumplimiento de estas penas» explicaba a El Día de La Rioja la directora general de Dependencia, Discapacidad y Mayores, Ana Zuazo, «creemos que podemos ser un apoyo en su proceso de integración social, y que podemos tener centros que pueden ser idóneos para prestar este servicio».

El convenio tiene una duración de cuatro años, y surge, tal y como ha explicado el Jefe del Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas, a raíz de una solicitud de derivación de un penado a un centro de la tercera edad .«Intentamos contactar con un centro de personas mayores que nos indicó que necesitaban autorización por parte de la consejería, y fue ahí cuando empezaron los trámites para hacer un convenio entre la consejería y la secretaría general de instituciones penitenciarias».

Ahora, gracias al convenio «ya podemos enviar personas a cumplir penas de TBC, según acordemos con ellos, se les ofrece a los penados el abanico de posibilidades que hay según las plazas que nos indiquen desde las instituciones».