El Tribuna Supremos (TS) ha vuelto a sembrar la incertidumbre entre los cientos de miles de trabajadores interinos de la función pública española que tienen aspiraciones de convertirse en fijos sin necesidad  de aprobar un examen de oposición. 

La Sala de lo Social ha dictado una sentencia en la que afirma que la conversión «automática» de los trabajadores interinos en indefinidos es «incompatible» con el sistema español de autoorganización de su propia administración pública -que se basa en los principios de igualdad, capacidad y mérito en el acceso a la Función Pública- y que se aplica tanto a los funcionarios públicos como a los contratados laboralmente. Esta decisión abona las dudas sobre los procesos de estabilización que están llevando a cabo las administraciones españolas después de que una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TSJUE), conocida en febrero, amonestara a España por los altos niveles de temporalidad de sus empleados públicos y el uso abusivo de este tipo de contratos, a la vez que instaba a convertir en fijos a algunos trabajadores laborales.

De estos elevados niveles de temporalidad no está exenta la Administración riojana, que contaba el pasado mes de marzo con 13.969 asalariados, de los que 6.084, el 43,5%, eran interinos y temporales,  una tasa que debe reducir al 8% al finalizar el año para lo que, entre otros mecanismos, ha puesto en marcha procesos de estabilización que, según afirma, no se van a ver afectados por la sentencia del TS. De hecho, y según señaló a este periódico la Dirección General de Función Pública, la decisión del Tribunal Supremo «refrenda» el proceso de estabilización que se desarrolla en La Rioja porque «se cumplen los criterios exigidos para el acceso al funcionariado, igualdad, mérito y capacidad».

El 43% de interinos. El objetivo que deben cumplir las administraciones es rebajar la temporalidad por debajo del 8%. Para ello La Rioja desarrolla diversos mecanismos de estabilización que convertirán en fijos a 2.264 interinos, esto es, alrededor del 43% de ellos. Este proceso, que afectará a todos los ámbitos de la administración regional, sanidad, educación, justicia y administración general, se complementará con los nombramientos de las ofertas de empleo púbico (OPE) de 2020 y las convocatorias de 2021, 2022 y 2023.

Gracias a estas OPE, se estabilizarán 603 plazas en la administración general -el resto de las áreas deben acometer sus procesos específicos-, de tal manera que en este ámbito 1.165 trabajadores interinos se convertirán en fijos. Una vez finalizados los procesos y las OPE, quedarán 270 temporales en la administración general, un 7%.

Prudencia sindical. La sentencia del Supremo (TS), dictada el 29 de abril pero conocida ayer, ha generado dudas entre los representantes sindicales, que se muestran muy prudentes en la valoración sobre la decisión del alto tribunal.

Nuria García, vicepresidenta de CSIF y responsable del sector público en la Administración regional y local, la contempla con mucha cautela porque considera que es «peligroso» generar falsas expectativas entre los miles de interinos pendientes de los procesos de estabilización.

Argumenta que la sentencia habla de «casos muy concretos» por lo que evita extraer una conclusión general. García, igualmente, avanza que desde su sindicato deberán analizar el caso concreto de La Rioja porque desconocen todavía si tendrá alguna incidencia [el Gobierno asegura que no será así] sobre los procesos que se desarrollan en la administración autonómica.

Ahora bien, afirma  que la tasa de temporalidad es «muy elevada» y recuerda que debe situarse por debajo del 8%. «Confiemos en que el Gobierno lo cumpla», señala la responsable de CSIF, que insiste en que es imprescindible poner fin «de una vez por todas» al abuso que de los contratos temporales que desarrollan de manera muy extendida las administraciones. 

Para ello, la vicepresidenta de la central mayoritaria en la función pública riojana apunta que es necesario eliminar la tasa de reposición y ofertas de empleo reales en las que se convoquen todas las plazas vacantes de manera anual «para evitar que se vayan concatenando nombramientos temporales», además de eliminar la tasa de reposición.

En el caso de UGT Rioja esperan a estudiar con detenimiento la sentencia para consensuar un mensaje unitario a nivel confederal.

En la administración regional, los ámbitos de salud y educación mantienen los valores más elevados de trabajadores temporales.