Parece que la implantación de la censura a los medios de comunicación que se temía que anunciara el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el último pleno del Congreso ha quedado pospuesta, y ha ofrecido a los grupos parlamentarios pactar las medidas de regeneración para fortalecer la democracia, mejorando la transparencia y el control sobre el Ejecutivo y el Legislativo, y defenderla de los bulos y la desinformación mediante la aplicación del Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación aprobado en abril por todos los grupos del Parlamento Europeo, excepto por la ultraderecha que es la mayor beneficiaria de los bulos que se transmiten por distintos canales, una cuestión sobre la que el consenso es generalizado.  

Ahora bien, no debe soslayarse que este impulso regenerador nace a raíz de la imputación de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, por los supuestos delitos de tráfico de influencia y corrupción en los negocios, que si bien parten de una denuncia sobre una información que la Audiencia Provincial de Madrid consideró "una especulación", por las ayudas del Gobierno a Air Europa, se ha ido incrementando con nuevas informaciones que, sin probarse aún si son o no delictivas, se refieren a actuaciones que no son éticas ni estéticas, y el hecho de que desde La Moncloa no se ofrezcan explicaciones suficientes contribuye a que las medidas de regeneración anunciadas tengan los pies de barro. Si a ello se suma que la instrucción del juez de Madrid que lleva el asunto contiene aspectos bastante singulares que alimentan la sensación de corrupción en el entorno del presidente, sin que por el momento se hayan aportado pruebas suficientes, las propuestas de Sánchez solo han servido de escenario para un nuevo capítulo del debate de nunca acabar sobre la corrupción política.  

Una vez más puede afirmarse que la montaña parió un ratón, que los cinco días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez para decidir su futuro, y el tiempo transcurrido desde entonces no han dado más que para esbozar una serie de medidas a aplicar en un  tiempo indeterminado, que cuando se formalicen se negociarán con los grupos parlamentarios, aunque como es previsible, si hay una manera de no resolver los problemas es de esta forma, y se asistirá a la contradicción de qué el PP vote en el Congreso de forma distinta a como lo hace en  Bruselas. Por lo pronto, desde los grupos que sustentan al Gobierno en el Congreso se señala la escasa ambición regeneradora de las líneas conocidas, su falta de concreción y que no se haya comprometido un calendario para su aplicación, a la vista de que funcionó de forma adecuada el ultimátum que puso fin a la imposibilidad de renovar el CGPJ.  

Al centrar la regeneración democrática sobre la transparencia informativa, Sánchez ha opacado otras reformas que son igualmente necesarias y que es sorprendente que todavía no estén en vigor, como la obligatoriedad de los debates electorales o la publicación de las tripas de los sondeos electorales. Pero en este aspecto, Pedro Sánchez no ha hecho sino un diagnóstico sobre el problema de la desinformación para el que existen soluciones relacionadas con la defensa del periodismo riguroso y la transparencia de los medios de comunicación, su propiedad, su financiación -sobre todo cuando está basada en fondos públicos-. y sus audiencias que debe determinar lo anterior. Los medios serios no tienen ningún motivo para temer al lobo feroz de las medidas para frenar los bulos.