El sector agrario lleva tiempo denunciando el problema que COAG denomina «uberización del campo», es decir, la concentración de los medios de producción en manos de grandes grupos empresariales sin conexión con el territorio. Al mismo tiempo, van desapareciendo las pequeñas y medianas explotaciones familiares que tanto el Gobierno de España como la Comisión Europea dicen defender, esas que mantienen la vida y la actividad económica en las zonas más despobladas del medio rural.

En ese sentido, Unión de Uniones, tras analizar los datos oficiales del portal IPYME del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, denuncia que el número de empresas agrarias se habría reducido en un 4,8% y el de empleos sostenidos por el sector en un 4,2% entre diciembre de 2021 y diciembre de 2024, con una especial incidencia para las explotaciones sin asalariados y las microexplotaciones.

Las estadísticas de empresas inscritas en la seguridad social más recientes (que recogen datos de agricultura, ganadería, silvicultura, caza y pesca) indican que 2024 cerró con un total de 284.711 empresas en el sector agrario, empleando a 732.258 asalariados. De estas empresas la inmensa mayoría (61,3%) serían autónomos que no cuentan con ningún asalariado y un 34,8% serían microexplotaciones  -con menos de 10 trabajadores-. Este tipo de empresas tiene un papel preponderante en el empleo del sector, acaparando un 60% si se tiene en cuenta el autoempleo autónomo; en el resto de sectores, los autónomos y microempresas suman únicamente el 26,6% del empleo, lo cual da idea de su importancia en el mundo agrario.

El negocio se complica - Foto: Rubén SerralléDiversos factores han contribuido, además, a que el número de empresas agrarias haya venido disminuyendo progresivamente, ofreciendo al mismo tiempo menos empleo, siguiendo una tendencia inversa a la del resto de sectores económicos. Así, el número de empresas no agrarias se habría mantenido prácticamente estable desde diciembre de 2021, en torno a algo más de 2,6 millones; pero el número de empleos sustentados ha aumentado en un 10,6%, hasta llegar a los 17,4 millones. Por el contrario, en el mismo período se habrían perdido 14.296 empresas agrarias (un 4,8% menos), con un descenso del empleo del 4,2%, es decir 35.000 trabajadores menos. Ello con el agravante de que son las explotaciones sin asalariados -autónomos- junto con las microexplotaciones las que soportan el grueso de estas reducciones, representando más del 70% del empleo perdido.

Para Unión de Uniones, que en su conjunto haya disminuido tanto el número de empresas agrarias como el número de empleados resta peso al argumento de que se ha producido una reestructuración hacia un mayor dimensionamiento de las explotaciones para explicar los datos anteriores, si bien es innegable que este proceso también se ha dado, pero a más largo plazo. Una reestructuración que, además, se dirige hacia la intensificación y la mecanización de las explotaciones -con la consiguiente reducción de mano de obra asalariada-, forzadas a competir en mercados más abiertos. No hay que olvidar que, entre otros costes, el índice oficial de salarios pagados por los agricultores ha subido desde el primer trimestre de 2022 hasta el tercero de 2024 más de un 22%.

La falta de relevo generacional, dificultado por las expectativas de unos malos resultados económicos -de forma mucho más acusada en el periodo más reciente, por las malas cosechas y el encarecimiento de los costes de producción- conforman el escenario que favorece la desaparición de empresas y la destrucción de empleo en el sector. «A quién puede extrañar que los agricultores y los ganaderos nos sintamos ofendidos cuando nos almorzamos con titulares del Ministerio sobre subidas estratosféricas de la renta agraria», señalan desde Unión de Uniones; y añaden que «no hay quien se crea que en un sector con incrementos de renta del 40% en los últimos cuatro años se cierren empresas y se pierda trabajo. Directamente es pura ficción».

El negocio se complica - Foto: Alberto RodrigoAnte esta situación, la organización agraria pide al Gobierno, a las comunidades autónomas y a las fuerzas políticas que tomen conciencia de la importancia estratégica del sector y que depositen la confianza en los profesionales que tiene en esta actividad su principal medio de vida para revertir esta situación e impulsar el papel de la agricultura y la ganadería como motores económicos y sociales del medio rural.

Flexibilidad.

Para complicar un poco más las cosas ha aparecido en escena la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas semanales, que la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, quiere ver en vigor antes de fin de año. ASAJA ha rechazado esta medida, que tendrá, a su juicio, un «grave impacto» en la agricultura. La organización agraria ha señalado en un comunicado que esta medida se ha impuesto «sin tener en cuenta» las particularidades del sector agrario y sin consenso con la patronal, lo que generará «serias dificultades para las explotaciones agrícolas y ganaderas en todo el país». El presidente de ASAJA, Pedro Barato, ha manifestado que «dejará al sector en una situación muy complicada, ya que actualmente ya sufre una grave falta de mano de obra en las explotaciones y campañas agrícolas».

Barato recuerda que, con la actual reforma laboral, solo se pueden realizar contratos fijos o fijos discontinuos, dificultando aún más la adaptación del sector a esta nueva normativa. «No encontramos trabajadores y ahora, además, se encarece el coste laboral, ya que, al reducirse la jornada y mantenerse los salarios, se genera una subida encubierta de sueldos», añade el presidente de ASAJA. «Ya es complicado negociar los convenios con la jornada actual, como para ahora imponer una reducción sin atender a las necesidades reales del sector. Los legisladores desconocen por completo la realidad del campo y legislan desde los despachos, sin escuchar a quienes trabajamos cada día en la producción de alimentos».

Desde ASAJA aseguran que trabajarán con los grupos parlamentarios para trasladarles la enorme preocupación del sector y exigir que se introduzcan medidas de flexibilidad para la agricultura y la ganadería. «Es imprescindible que tanto el Gobierno como los sindicatos entiendan que las condiciones del campo no pueden equipararse a las de otros sectores y que cualquier modificación en la regulación laboral debe contar con la participación de todos los actores afectados», concluye la organización agraria.

El responsable de Relaciones Laborales de COAG, Andrés Góngora, ha insistido en que su organización está a favor de que se mejoren las condiciones de vida de los trabajadores, si bien cree imprescindible «una negociación específica» para el campo al ser un sector que tiene unas «jornadas muy peculiares». Ha recordado que el campo, tanto en agricultura como en ganadería, tiene jornadas cambiantes por campañas y están muy vinculado al clima, por lo que su horario no es el mismo a lo largo del año. Asimismo, ha subrayado que en sectores muy intensivos en mano de obra como el hortofrutícola va a derivar de manera «inevitable» en un incremento de los costes de producción.

Fuentes de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) han detallado que el campo requiere una flexibilidad que debe ser tenida en cuenta. Además, han destacado que el incremento de coste que derivará de esta medida debe poder repercutirse con total naturalidad en la cadena alimentaria.

El coordinador estatal de Unión de Uniones, Luis Cortés, ha explicado que está de acuerdo con esta medida. Sin embargo, también ha dicho que el Gobierno debe mirar por los intereses de los trabajadores y de los empresarios, sobre todo de los pequeños. Por ello, espera que esta medida goce de flexibilidad en el campo para adaptarla a sus particulares necesidades.

Mal comienzo de año.

La agricultura ha comenzado 2025 con una subida del paro del 1,3% respecto a diciembre y una bajada mensual de la afiliación del 2%, según los datos difundidos por el Gobierno. El paro en la agricultura se ha situado en 84.692 personas en enero, lo que supone un aumento del 1,31% en comparación con diciembre (1.099 personas más), según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Por otra parte, el número de desempleados en el sector de la agricultura se ha reducido el 14,52% en comparación con enero del año pasado, esto es, 14.389 personas menos. En cualquier caso, el aumento mensual del desempleo en la agricultura y los servicios contrasta con el descenso registrado en la construcción y la industria, según los datos del Ministerio.

Por su parte, la afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) del Régimen General de la Seguridad Social ha caído el 2,05% en enero en comparación con diciembre, situándose en 677.446 personas, ha señalado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. La afiliación ha disminuido en 14.160 personas en un mes, mientras que ha subido en 2.181 personas respecto a enero de 2024, lo que representa un aumento anual del 0,32%.