La Rioja mejora competitividad fiscal

Feli Agustín
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El avance en el IRPF favorece su progreso al octavo puesto entre las 19 haciendas del país, posiciones que perdió entre 2018-2023

Consejería de Hacienda de La Rioja.

El consejero de Hacienda, Alfonso Domínguez, participó el lunes como ponente en la jornada Economía y Competitividad Fiscal, junto a sus homólogos de otras comunidades autónomas -Madrid, Andalucía,  Extremadura y Cantabria-, foro en el  que insistió en uno de los principales objetivos del Gobierno esta legislatura, convertir a esta comunidad en la de menor presión fiscal del país, un horizonte que, asegura, esta comunidad está más cerca de alcanzar tras mejorar en dos puestos en este ejercicio, según el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal (IACF) 2024.

Elaborado por la Fundación para el Avance de la Libertad, sitúa a La Rioja como octavo territorio fiscalmente más competitivo de las 19 haciendas del país -16 comunidades autónomas y las tres provincias vascas-, frente al décimo del año pasado, conforme al análisis de 60 variables de los impuestos de la renta, patrimonio, sucesiones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, además de impuestos propios. Esta mejoría es consecuencia de la reforma de los impuestos de la renta y sucesiones;en concreto, ha reducido los tipos de gravamen para las rentas hasta 120.000 euros entre 0,5 puntos y 1 punto porcentual.

Según este índice, que traslada «una imagen fiel» de la política fiscal de los gobiernos autonómicos, La Rioja es la tercera en competitividad fiscal en los tramos y tipos de rentas bajas,  la sexta en medias y el quinto en medias altas, posiciones que pierde entre los contribuyentes con más ingresos. De hecho,  tiene, junto a otras nueve comunidades y las tres provincias vascas,  un tipo impositivo máximo más alto que Alemania (47,5%).  En sucesiones mejora la bonificación del 99% para los grupos I -descendientes menores de 21 años- y II -descendientes de 21 o más años, cónyuges, ascendientes y adoptantes-, eliminando el límite de 400.000 euros de base liquidable.

Remontada. Con estas medidas introducidas por el actual Ejecutivo , La Rioja asciende posiciones y, con una nota de 6,15, recupera puestos que había ido perdiendo durante la pasada legislatura. En concreto, el Índice recuerda que entre 2018 y 2023 La Rioja cayó 5 escalones en el ranking, que atribuye a distintas medidas fiscales introducidas bajo gestión del PSOE, una apreciación que comparte el consejero.

«Ya advertimos que las subidas de impuestos que se venían sucediendo iban a tener consecuencias contra la competitividad fiscal con respecto al resto de comunidades autónomas y, en particular, con  los territorios de nuestro entorno», señala Domínguez, que razona que esa pérdida de competitividad fiscal acarrea una pérdida de competitividad global porque las empresas tienen muy en cuenta aspectos de fiscalidad a la hora de acometer proyectos de inversión.

No obstante, y a pesar de esta mejora,  el Índice introduce una serie de recomendaciones para varios impuestos  que en algunos tributos, el Gobierno acometerá.

Según aconseja, se deben continuar las reformas  en el impuesto sobre la renta, reduciendo los tipos  de los tramos más elevados en 4 puntos, con un tipo máximo del 23% para alcanzar un máximo conjunto, estatal y autonómico, del 47,5%, parecido al de Alemania. También entiende que se deben deflactar todos los años de forma automática todos los tramos de IRPF y los mínimos personales y familiares según la inflación. Además de derogar el impuesto de patrimonio, que el Gobierno riojano ya contempla el proyecto presupuestario, invita a introducir mejoras en sucesiones y donaciones, que también Hacienda prevé para 2025.

Considera, igualmente, beneficioso  eliminar todos los impuestos propios o mantener sólo el canon de saneamiento, un  consejo al que no va a hacer caso el Gobierno riojano en 2024, que introducirá uno nuevo para las grandes infraestructuras de generación de energía eólica y fotovoltaica. Domínguez señala que es un gravamen que tiene un carácter «extrafiscal», esto es, no se aplicará a todos los ciudadanos, sino que su objetivo es «la protección del medio ambiente», por lo que «no afecta ni a la actividad económica ni en las familias»