La Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño aprobará el próximo mes de junio su propio protocolo 

 de buenas prácticas que englobará la lucha contra los casos abusos sexuales como los que se han dado en el pasado en el seno de la Iglesia. De hecho, miembros de la Diócesis, a través, a través de la provincia eclesiástica de Pamplona, que aglutina a la propia capital Navarra, Tudela, Calahorra y La Calzada-Logroño y San Sebastián, se forman actualmente en Comillas  con el objetivo de «crear aquí un nuevo equipo de atención a la víctima de abusos» que trabajará a través de una oficina específica, tal y como detallan desde el obispado riojano.

Una vez finalice el periodo de formación, «se presentarán tanto la oficina como el protocolo» diseñado de forma específica para la Diócesis riojana. Según las primeras previsiones, todo podría estar preparado para el próximo mes de junio. 

Además, este equipo ya formado, «realizará una formación dirigida a los agentes de pastoral que trabajan con menores, es decir, catequistas, sacerdotes, personal de Cáritas y profesores de Religión», señalan desde el Obispado. 

Así las cosas, el protocolo integrará medidas a imagen y semejanza de otros ya aplicados en alguna diócesis española. Entre otras medidas a tener en cuenta, las puertas de las sacristías, despachos y aulas de catequesis deberán permanecer abiertas cuando en su interior se encuentre algún menor de edad o adulto vulnerable. Asimismo, ni menores ni adultos vulnerables podrán entrar en la casa parroquial o el domicilio particular de un clérigo o laico si no acude acompañado de un adulto. Son algunos ejemplos integrados en protocolos que han visto ya la luz en otras regiones españolas y que, previsiblemente, se incluirán en el código que ponga en marcha la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño.

Sin signos de afecto. En la actualidad, y a la espera del nuevo documento que marcará los criterios en este sentido, la Diócesis se rige por el código vigente de la Conferencia Episcopal Española, que limita las muestras físicas de afecto hacia menores que «han de ser comedidas y respetuosas y nunca parecer desproporcionadas». Matiza además en esta misma línea, el derecho del menor de edad «de rechazar activamente las muestras de afecta aunque éstas sean bieintencionadas» y al igual que los códigos específicos, recomienda «evitar estar a solas con menores y en cualquier, si se diera el caso «con la puertas abiertas y facilitando la escucha y la visión a otros». Siempre, reitera el código, permanecerán «las puertas abiertas mientras en el interior haya un menor».

El código de la Conferencia Episcopal, se refiere también a la necesidad concreta de «examinar a un menor enfermo o herido». En este caso, impone la necesidad de realizarlo en presencia de otro adulto.  Ahora bien, «en el caso inusual» de  que haya «un contacto físico relevante por causas sanitarias, se informará inmediatamente a los padres» y quedan prohibidos «los castigos, juegos o bromas que puedan  tener una connotación sexual evitando cualquier conducta que implique contacto físico íntimo, besarse o desnudarse».

De la misma forma, será obligatorio solicitar el permiso paterno/materno siempre que se vayan a realizar convivencias, excursiones o salidas fuera de casa del menor garantizando de la misma forma un número suficiente de acompañantes «y se distribuirán las habitaciones por sexos». En ningún caso, los adultos compartirán los habitáculos destinados a dormir con los menores de edad. También recomienda la Conferencia Episcopal cursar invitaciones a los propios padres «incluso con una presencia activa» en las salidas con menores. 

Lo que se aprobará en la Comunidad

El protocolo que alumbrará la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logroño no será, desde luego, el primero que se apruebe entre las diócesis españolas. La Diócesis de Cartagena ha presentado este mismo d marzo un documento similar al que verá la luz en el ámbito de la Comunidad autónoma de La Rioja. Los criterios aprobados para la Región de Murcia son de obligado cumplimiento «para todos» los que forman parte de la actividad eclesiástica en el ámbito de sus limitaciones geográficas y autonómicas.

En concreto, el protocolo al que se ha dado luz verde en la Diócesis de Cartagena, se estructura en tres grandes dimensiones como son la prevención, la actuación así como la reparación de los abusos sexuales.

Se trata de un documento que arranca en base al decreto de promulgación del mismo por parte del obispo y llega con cuatro tareas básicas: la acogida y escucha de las víctimas; la prevención del abuso sexual; la respuesta ante la sospecha o revelación de un abuso sexual así como y la ayuda y reparación a las víctimas.

El documento establece los comportamientos que son objeto de sanción eclesial, al margen de las actuaciones previstas en la legislación nacional y europea en este sentido. De esta forma, ningún, sintetiza el protocolo, puede disponer de llave para acceder a las dependencias eclesiásticas. Prohibe también la realización, en el tiempo de ocio, actividades no programadas por la parroquia o la Diócesis con menores o adultos vulnerables.

Por otro lado, los religiosos o miembros de la actividad pastoral tienen prohibido dejar o prestar su teléfono móvil o tableta a los menores. Tampoco tendrán permitido facilitarles su número de teléfono ni correos electrónicos de carácter personal ni perfiles d e redes sociales. De hecho, impone la obligatoriedad de que cualquier contacto de tipo telemático se realice a través de los progenitores o tutores y no diirectamente con el menor. 

El documento de la Diócesis de Cartagena establece también la obligación del personal eclesiástico «a partir de ahora de presentar el certificado negativo de delitos sexuales y documentar una declaración jurada de conocer las normas de la Diócesis y las leyes del Estado español» establecidas para la protección de los menores de edad.