A pesar del escaso seguimiento de la huelga del transporte -extremo reconocido por los convocantes-, los cuatro sindicatos que representan a sus 3. 500 trabajadores, UGT, CCOO, CSIF y USO, han conseguido, al menos parcialmente, su objetivo, y las patronales del sector se sentarán a negociar un nuevo convenio a partir del próximo 19 de diciembre, de tal manera que han desconvocado el paro que se inició el pasado lunes, y que tenían previsto continuar a lo largo de la próxima semana.
Los sindicatos adoptaron esta decisión después de que en la mañana de ayer, y con la mediación de la Inspección de Trabajo, las patronales del sector, la Asociación de Transportistas y Logísticas de La Rioja (Atradis), la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM) y la Federación de Empresas de La Rioja (FER), en nombre de las empresas de paquetería, acordaran cómo certificar su representatividad en la mesa de negociación.
Este aspecto es crucial, ya que fue, precisamente, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) de anular el convenio del sector del 2016 al 2020, firmado entre sindicatos y Atradis después de que CETM lo denunciara porque entendía que no se ajustaba a lo legalmente establecido en materia de representación patronal, la chispa que encendió la llama de esta huelga.
Según el acuerdo alcanzado ayer entre Atradis (perteneciente a la FER) y CETM, las asociaciones empresariales deberán acreditar el próximo 11 de diciembre ante la Inspección de Trabajo el número de socios y trabajadores con los que cuentan, que han de certificar con un informe sobre las altas de la Seguridad Social.
Tras esta acreditación, será el 19 de diciembre cuando, de nuevo en la Inspección de Trabajo, se reúnan todas las partes y, con los certificados de representación de las patronales, se constituya la mesa. «Esto era clave para que todo se ajuste a la legalidad y no se repita la situación que hemos vivido», constataba la portavoz de los sindicatos, Nuria Vicente, que manifestaba que se encontraban «contentos» con un resultado que permite «destaponar» el conflicto.
No obstante, considera que los plazos son «demasiado largos» -al respecto recuerda que la sentencia del TSJR está fechada el 30 de junio-, un periodo que obedece a la petición de Atradis de contar con más tiempo para recopilar datos.
Relata que su intención era no dilatar el plazo más de dos semanas, pero valora que se va a negociar, «y eso es lo importante, era lo que pedíamos, y adelante».
Vicente reconoce que se abre una incógnita a la hora de abordar el nuevo convenio -es la primera vez que tomará parte un nuevo actor, CTEM-y apunta que se tratará de debatir sobre «una serie de propuestas, donde hay que quitar, ceder, luchar y ver hasta dónde llegamos».
La sindicalista, que culpa del escaso seguimiento de la huelga al «miedo» extendido entre los trabajadores, además de a la «desinformación» lanzada por la patronal, señala, respecto al próximo convenio, que desde el área sindical se peleará por conservar los principales acuerdos recogidos en el de 2016-2020 [el anulado por el TSJR], porque, lo contrario, supondría «dar un paso atrás».
«Nuestro objetivo es conservar los derechos y avances recogidos en ese convenio, y haremos hincapié en aspectos como los salarios», explica Nuria Vicente, que confiesa su decepción porque no se ha podido dar respuesta al «vacío legal» que deja la anulación del último convenio. Espera que las patronales «vigilen» a sus asociados para que las condiciones de los trabajadores no se retraigan a la de 2015, una necesidad que fue una de las principales razones de la huelga. «Se abre un nuevo escenario, que nunca había sucedido en La Rioja y estamos a la expectativa», señala Nuria Vicente.
1.700 trabajadores. El secretario general de CETM, Javier Cámara, destacó que los sindicatos «no han conseguido nada» y resaltó que su organización ya presentó los documentos requeridos para acreditar su representatividad en septiembre.No obstante, «ha accedido» a actualizar los datos a día de ayer y criticó la actitud de la otra patronal -Atradis-. «que puso pegas a la manera de acreditarse», aunque, dijo, «no le han quedado otro remedio que aceptar y presentar el 11 de diciembre los datos de su representatividad».
El secretario de CETM, que cuenta con un centenar de empresas asociadas -entre ellas Grupo Arnedo y Transáez- y unos 1.700 trabajadores-, apunta que no han esbozado los términos sobre los que se negociará el próximo convenio «a eso no hemos llegado», aunque se respetará que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo. «Pero es una negociación y se parte desde cero», resalta Cámara, que ha mantenido a lo largo de toda la semana que no existe un conflicto dente empresas y trabajadores.