Las mancomunidades de la Comunidad autónoma no salen bien paradas en el informe de fiscalización  del sector público local correspondiente al ejercicio 2022 y aprobado, publicado y remitido a las Cortes el pasado 25 de julio de 2024. Casi la mitad de las 37 asociaciones de municipios con actividad a fecha del presente ejercicio (16 en términos absolutos) no han rendido cuentas. Se trata de una situación  que en líneas generales se traslada a la totalidad de las entidades público del sector local de La Rioja, aunque según el informe, afecta en menor medida a los ayuntamientos. 

Dicho de otra forma, y en base al resumen general de Fiscalización correspondiente al ejercicio 2022, 47 entidades locales riojanas no han cumplido con la rendición de sus cuentas. Son, en total, 211 entre 174 ayuntamientos, 37 mancomunidades y 4 entidades de ámbito territorial inferior al municipio (Etim). De estas 37 asociaciones de entidades municipales, 16 no han remitido sus cuentas ni en plazo ni fuera de él teniendo en cuenta que la última actualización realizada por el Tribunal de Cuentas, se cerró el pasado 30 de junio. 

Por un lado, el extenso informe de cerca de 350 páginas, sitúa a tres mancomunidades riojanas sin actividad durante el ejercicio 2022: Entrena-Sojuela; Desarrollo Turístico La Rioja Rupestre; y Mancomunidad Turística de los Valles de Ocón, Jubera, Leza y Cidacos. Ahora bien, el contexto de ausencia de actividad no exime de la rendición de cuentas. De hecho, tanto Desarrollo Turístico La Rioja Rupestre como la mancomunidad de turismo de Ocón, Jubera, Leza y Cidacos figuran entre las 16 que no han cumplido con la rendición de cuentas a 30 de junio. Señala el órgano supremo de fiscalización, que en el caso de estas tres mancomunidades, al igual que otras 27 en el resto de comunidades autónomas, «no se registró actividad en los últimos tres años». Una situación para la que el propio Tribunal aconseja su extinción y «la solicitud de cancelación de su inscripción en el registro de entidades locales». Destaca igualmente que «las mancomunidades que se encontraban sin actividad en el ejercicio 2022 continuaban en la misma situación a fecha de elaboración del presente informe», es decir, ya en el ejercicio 2024. 

A estas tres mancomunidades riojanas se suman otras que también tienen pendiente la rendición de sus cuentas como la mancomunidad de Aguas de las Cinco Villas, las del Alto Iregua y el Alto Najerilla, Anguiano-Matute-Tobía, la mancomunidad de la Cuenca del Cidacos, Dinatur (Dinamización Turística de Arnedillo, Enciso y Munilla, Montes de Villavelayo, Canales de la Sierra y Mansilla de la Sierra o las del Oja-Tirón, entre otras.

El Tribunal de Cuentas pega un severo tirón de orejas a todas ellas. Y todo ello teniendo en cuenta que entre las que sí han cumplido con la entrega de justificación de cuentas, alguna mantiene pendiente alguno de los apartados de obligado cumplimiento en el seno de las entidades locales. 

Tendencia a la baja. El órgano supremo de fiscalización de cuentas, de hecho,  alerta ante la disminución de la entrega de documentación por parte de las entidades locales a lo largo de los últimos tres años. No solo de mancomunidades, sino también por parte de los ayuntamientos. El Tribunal presenta así un gráfico comparativo de la evolución en la rendición de cuentas desde el año 2020 cuando se alcanzó un 73% de cumplimiento. El porcentaje bajó hasta el 71% en 2021 y en un 69% el ejercicio 2022, todo ello a fecha 31 de diciembre de 2023. Es decir, las entidades locales mantienen una tendencia a la baja en sus niveles de cumplimiento con el Tribunal de Cuentas, ya sea en plazo o fuera de él. Es más, el análisis general que cierra el informe proyecta que los órganos de intervención «más incumplidores» se encuentran, por este orden, en Castilla La mancha, Castilla y León, La Rioja y Cantabria.

«Los ayuntamientos tendrían que tener una persona solo para el Tribunal»

En un contexto fiscalizador que el propio Tribunal de Cuentas valora a la baja, el panorama en el que se mueven muchos ayuntamientos, y en concreto, muchos secretarios municipales, inclina la balanza hacia «la incomodidad que implica la plataforma del propio Tribunal de Cuentas». El órgano fiscalizador exige subir el estado de las cuentas, todos los contratos por menores que sean así como los convenios. Si una mancomunidad, o un ayuntamiento, falla en alguno de ellos, el Tribunal marca la casilla de los reparos.

Un secretario municipal, que gestiona también mancomunidades, señala que en la gran mayoría de los casos los incumplimientos con el órgano fiscalizador responden a una cuestión de incomodidad. «Habría que tener a una persona contratada exclusivamente para cumplir con las obligaciones que marca el Tribunal de Cuentas.

Prefiere no mostrar su identidad por no poner en entredicho ni a sus consistorios ni a su mancomunidades cuando en «estos incumplimientos no existe nada ilegal». Se trata más bien de un problema de «dejadez». 

También alude a la existencia de mancomunidades que permanecen vivas pero sin actividad. «Son, sobre todo, asociaciones que se crearon para un fin concreto y una vez cumplido se dejan ahí». Pueden extinguirse o reactivarlas para otro fin pero esto último «ya condiciona a algo tan complicado como poner de acuerdo a los alcaldes, modificar los estatutos y evidentemente, dotarla de presupuestos». Es decir, se dejan «en el limbo» aunque el Tribunal de Cuentas exige remitir su liquidación anual.

Es el caso de muchas mancomunidades que se crearon en su día con un fin turístico. «Se recibe una subvención y una vez cumplido el objeto de la partido, la mancomunidad se deja viva pero inactiva». 

complicación. Otra de las cuestiones que lleva a las entidades locales a no cumplir con el órgano fiscalizador es «la complicación que presenta la plataforma del propio Tribunal de Cuentas». Insiste el secretario municipal en que «habría que tener a una persona dedicada en exclusiva».