En una legislatura que ya se intuía complicada desde sus inicios, la presión de los socios del llamado bloque de investidura está poniendo a Pedro Sánchez cada vez más difícil mantener amarrada la mayoría parlamentaria que lo llevó a la Moncloa en 2023. Un escenario de continuos embistes que el arranque del curso político se ha encargado de colocar en primera línea, con la retirada esta semana de la senda de estabilidad que debía ser aprobada en el Congreso para allanar el camino a los Presupuestos Generales de 2025. 

El Ejecutivo no tiene garantizados los 178 apoyos con los que pretendía legislar hasta 2027 y eso deja en el aire proyectos clave en su hoja de ruta como son las Cuentas Públicas. Sánchez se ve obligado a luchar cada batalla, con el objetivo en mente de ganar la guerra y seguir gobernando, y su contrincante más agrio en el último año en esta contienda es, sin duda, Junts. 

Los de Carles Puigdemont, lejos de ofrecer su respaldo a la mayoría progresista, amenazan constantemente con tumbar cualquier iniciativa que se traiga entre manos el Ejecutivo central con tal de avanzar un paso más en sus inagotables exigencias independentistas. 

En este último caso del techo de gasto, anunciaron su rechazo con antelación, evitando con ello el sofoco al Gobierno de ver como decían no por segunda vez a su propuesta. Y todo pese a los intentos negociadores de Sánchez, que envió una delegación a Suiza para acercar posturas en un intento que resultó finalmente infructuoso. 

Junts no ve colmadas sus aspiraciones con lo que les ofrece y, de hecho, para seguir hablando fijó como punto de partida que las comunidades puedan disponer de un tercio del límite total del déficit. Así, si el Gobierno quiere su sí a la senda de estabilidad, quitaría unos 12.000 millones de euros en capacidad de gasto a la Administración General del Estado que pasaría a manos de las autonomías, según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).

Sin embargo, pese a las amenazas de los neoconvergentes de que «no darán sus siete votos a cambio de nada», en Moncloa persiste el mantra de que los Presupuestos se presentarán «en tiempo y forma», como repite sin cesar la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, enmarcando «en la normalidad del diálogo entre partidos» esta peligrosa falta de acuerdo.

Un discurso que viene respaldado por los planes de su propio jefe, que el pasado miércoles aseguró desde Nueva York que esperará hasta que se celebren los congresos de Junts y ERC para tratar de aprobar una nueva senda de estabilidad.

«No hacemos política sobre el vacío, nosotros, evidentemente tendremos, como se ha hecho en otras ocasiones, que esperar no al congreso, a los congresos de los socios parlamentarios que tenemos», apuntó en referencia a las dos formaciones, que celebran sus congresos este otoño (los de Puigdemont en octubre y los republicanos en noviembre).

En estas citas, que tendrán lugar a finales de esos meses, ambos partidos secesionistas renovarán sus direcciones y previsiblemente definirán cuál va a ser su hoja de ruta y su relación con el Gobierno Central a partir de ahora.

Mientras, tras la negativa de Junts  a respaldar el techo de gasto que planteaba el Gobierno, el PSOE anunció su disposición a negociar uno nuevo -a pesar de que venía defendiendo en las últimas semanas que no lo cambiarían-. Este gesto con el partido neoconvergente desató una reacción en cascada y, acto seguido, ERC se sumó también de motu propio al carro de las conversaciones. De hecho, advirtió que si la negociación se volvía a abrir, ellos también pondrían sobre la mesa sus propias peticiones.

En cualquier caso, Sánchez insiste que no va a renunciar a «hacer sus deberes», es decir a presentar a las Cortes un proyecto de Cuentas Generales para 2025. «Eso lo vamos a hacer, y queremos que sea desde el acuerdo y para eso creo que es importante contar con una senda que sea aceptada y validada por la mayoría parlamentaria», asegura.

Otros 'versos sueltos'

Además de los siete diputados de Junts, sin los cuales ya no alcanza la mayoría parlamentaria el bloque de investidura, el Gobierno también ha sufrido la inestabilidad en otros apoyos. Es el caso de sus socios de Unidas Podemos, que rompieron con Sumar al inicio de la legislatura. El pacto entre PP y PSOE para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) fue un punto de inflexión para los morados, por lo que sus cinco parlamentarios se autoincluyeron en la lista de aliados poco sólidos del Ejecutivo.

Pero no han sido los únicos que han dejado claro a Sánchez que sus respaldos no están asegurados. El PNV votó junto con los populares, Vox, UPN y Coalición Canaria en una iniciativa presentada por los de Alberto Núñez Feijóo en el Congreso para reconocer a Edmundo González como presidente electo. Y es que, aunque los jeltzales apuntaron que su intención no era dar ningún toque a Sánchez y defendieron que votaron a conciencia en esta iniciativa sobre Venezuela, el momento no podía ser menos idóneo para los socialistas.

Además, hay otro diputado con el que el Gobierno contaba al inicio de la legislatura y ya no: el exministro del PSOE José Luis Ábalos, que tras su marcha al grupo mixto por la imputación del que fuera su mano derecha, Koldo García, por la trama de corrupción que lleva su nombre, ha puesto en marcha su propio pulso en el Congreso contra Ferraz. La semana pasada se alejó de la posición socialista hasta en tres votaciones, lo que no condena al bloque de investidura, pero sí lo castiga en un momento de debilidad parlamentaria con un apoyo menos.