La vivienda es uno de los grandes problemas de este país. El Gobierno aprobó una Ley que sin embargo ha servido para agravar el problema. No ha solucionado la falta de suelo y ha expulsado del mercado del alquiler miles de viviendas por la falta de seguridad jurídica, el miedo a la "inquiocupación" y la escasa rentabilidad obtenida al haber limitado la subida. Todo un récord para una norma que se suponía iba a beneficiar a los ciudadanos, especialmente a los jóvenes.

La realidad, según últimas informaciones publicadas, es que en siete capitales de provincia las familias tienen que dedicar de media más del 40% de sus ingresos, cuando las recomendaciones hablan de un 30%. Además, según un informe de Atlas Insight Assets Management los hogares de Palma de Mallorca, Barcelona, Pamplona, San Sebastián, València, Málaga y Madrid superan con creces el esfuerzo recomendado y la media que señalábamos antes. De hecho, los hogares citados dedican el 45%, salvo en Palma donde ese porcentaje se eleva al 46%. Y es que los precios no paran de subir. De hecho, en 18 capitales han subido más del 10% en un año. Otra realidad que se está viviendo en España, según un estudio de "Donpiso", es muy clarificador. Mientras que los retrasos de los inquilinos en el pago de su renta afectan al 5% de los arrendatarios, si hablamos del pago de la hipoteca únicamente se retrasa el 2% de los hipotecados.

La pregunta después de estos datos, que son fracasos evidentes de la Ley de Vivienda, es para cuando el Gobierno va a analizar lo que está pasando realmente con la vivienda y qué cosas es necesario cambiar para que se amplíe el mercado ya existente y se facilite la construcción de nuevas casas, bien desde lo público o mediante la colaboración público-privada. Como dijo hace unas semanas el Banco de España, mínimo se necesitarían de forma urgente unas 600.000 viviendas, ya que se forman más hogares que casas hay disponibles. Se trata de hablar con los que saben, escuchar y actuar.