Los presidentes autonómicos en sus mensajes navideños abordaron, sin excepción, la necesidad de reformar a financiación autonómica, en unos casos revestida de un ataque indisimulado a la financiación singular que el Gobierno pactó con ERC para hacer presidente de la Generalitat a Salvador Illa, y en todos para tratar de paliar una situación que resulta sumamente desfavorable para sus intereses porque responde a un modelo periclitado y que debía haber sido renovado hace diez años. Lo acompañaron, eso sí de una defensa cerrada de sus facultades autonómicas, que en lenguaje vulgar, tratándose de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular, significa que seguirán compaginando las bajadas de impuestos con la petición de más fondos estatales.
La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero tiene previsto convocar en el primer mes del año a la Comisión de Política Fiscal y Financiera en la que se reúnen los consejeros del ramo, donde es previsible que se produzca un nuevo desencuentro. Mientras que el Gobierno quiere hablar de la condonación de la deuda que mantienen con el Estado para cumplir el compromiso con los independentistas catalanes, las autonomías del PP se oponen al cambalache. ¿Todas? Todas no, aunque formalmente se encuentren en el mismo barco. Las más infracinanciadas y las más endeudadas no le harían ascos a esa posibilidad, pero siguen el libro de estilo de Génova que impone la unidad de criterio para no apoyar ninguna iniciativa que proceda de La Moncloa.
De seguir esta conducta es muy posible que la reunión de la CPFF tenga lo mismos resultados que la Conferencia de Presidentes celebrada en Santander de la que no se sacó ningún acuerdo, más allá de este encuentro y la demanda de un nuevo sistema de financiación autonómica que preserve la igualdad de todos los españoles en el trato fiscal y la solidaridad interterritorial, porque no aceptan que en este asunto prime la bilateralidad sobre la multilateralidad, que defendieron cuando fueron llamados a La Moncloa para hablar con Pedro Sánchez.
El Gobierno en el caso de la reforma de la financiación autonómica siempre juega con ventaja porque enfrente tiene a unas comunidades autónomas gobernadas por el PP que siguen sin presentar un modelo de financiación que sea asumido por todas ellas. En las múltiples reuniones que el presidente popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido con sus barones tampoco han consensuado un modelo común, porque tienen necesidades distintas relacionadas con sus circunstancias geográficas y poblacionales. Es lógico que soliciten más recursos para financiar los servicios sociales que dependen de las autonomías, pero tampoco está de más que presentaran una propuesta, algo que ni el Gobierno ni la oposición quieren hacer porque quien dé el primer paso caerá bajo el fuego graneado del adversario, a pesar de que este asunto es uno de los más proclives para rememorar la importancia del consenso entre los diferentes al que todo el mundo apela.
Sería deseable que Feijóo recordara la reunión que presidió hace tres años en Santiago de Compostela con los presidentes de ocho comunidades autónomas -cinco del PSOE, dos del PP y otra del PRC- cuando todos ellos demandaron al Gobierno socialista el diseño de un nuevo modelo de financiación autonómica que tuviera en cuenta sus necesidades dado que representaban a la España vaciada.