La Guardia Civil de La Rioja abrió diligencias por siete incidentes contra el personal sanitario durante 2024, entre los que figuraron un caso de atentado contra un funcionario público, cuatro por amenazas, uno por acoso y otro uno por alteración del orden en un centro médico.
La Guardia Civil ha facilitado estos datos este martes al detallar, en una nota, sobre los talleres que imparte al personal sanitario relativos a prevención de agresiones, en los que se enfatiza la tolerancia cero ante cualquier agresión física o verbal y se conciencia a este colectivo sobre la importancia de denunciar estos actos, informa Efe.
Los últimos talleres se han celebrado en los centros de salud de Haro, Nájera y Santo Domingo de la Calzada y contaron con la participación de médicos, enfermeros, celadores, administrativos y personal de seguridad privada, ha indicado la Guardia Civil en una nota.
El objetivo de estas sesiones es dar a conocer el Plan Integral de Protección a Profesionales de la Salud, implementado por la Guardia Civil y que establece las medidas policiales a seguir frente a las agresiones a profesionales de la salud, con el fin de garantizar su seguridad.
También se recuerda la existencia de la aplicación móvil 'Alertcops', que incluye un botón SOS, que, al activarlo, el personal sanitario puede enviar una alerta urgente al centro policial más cercano, junto con su ubicación y una grabación de 10 segundos de audio que recoge lo que ocurre en ese momento.
La Guardia Civil dispone de un interlocutor policial especializado para el personal sanitario y los trabajadores que prestan sus servicios en el Hospital de Calahorra y en los 12 centros de salud y 172 consultorios médicos de la región, excepto los de Logroño.
Esta figura tiene como objetivo ofrecer una atención personalizada y exclusiva a este colectivo al establecer un procedimiento específico para tratar y abordar las agresiones que puedan sufrir en el ejercicio de su labor.
Los profesionales del sistema sanitario en La Rioja, en el ejercicio de sus funciones, son considerados una figura de autoridad, lo que les otorga una mayor protección jurídica.
Por ello, ha señalado, las agresiones físicas contra ellos están castigadas con penas de prisión, según la gravedad de la lesión; mientras que las agresiones verbales que constituyan un delito de amenazas pueden ser sancionadas con multas.