El fiscal pide seis años y medio de prisión para cada uno de los nueve acusados de un delito de falsedad y estafa al crear empresas ficticias en las que contrataron a inmigrantes con contratos falsos y generaron una importante deuda con la Seguridad Social.

La Audiencia Provincial de Logroño juzgará desde el próximo 10 de febrero a estos acusados, siete hombres y dos mujeres, cinco de ellos de nacionalidad paquistaní y uno de los cuales tiene antecedentes por estafa.

Los hechos que se les imputan se remontan a 2011, cuando fueron dadas de alta la mayor parte de las empresas que regentaban los acusados.

Según recoge el fiscal en su escrito de acusación estos acusados crearon once empresas entre 2011 y 2012, en sectores como la jardinería o las reformas, todas ellas consideradas por la Inspección de Trabajo como ficticias.

Porque en todos los casos carecieron de actividad legal y fueron constituidas, sostiene la acusación, para dar cobertura a contratos de trabajo, certificados de empresa y nóminas de ciudadanos extranjeros que carecían de ocupación y que pagaban por esos documentos a los acusados.

Esos papeles eran luego usados para justificar los requisitos con los que recibir prestaciones por desempleo o permisos de residencia.

Los trabajadores no llegaron a realizar actividad alguna en esas empresas, que tampoco cotizaron a la Seguridad Social, detalla.

Dos de los acusados regentaban locutorios telefónicos en Logroño, a otros cinco hombres se les identifica como quienes fundaron diferentes empresas y realizaron trámites y a las dos mujeres se les acusa de haber realizado documentos falsos, como certificados de empresa y nóminas.

El fiscal explica que los trabajadores dados de alta y por los que no se cotizó en todas las empresas creadas supusieron una deuda generara con la Seguridad Social superior a los 1,2 millones de euros.

Estos hechos son para la acusación un delito de continuado de falsedad, otro de estafa y un tercero de pertenencia a grupo criminal.

Por ello pide para cada uno de los acusados una pena de cinco años y medio de cárcel, con uno más por la pertenencia a grupo criminal; además reclama una multa para cada uno de 4.380 euros y que abonen las cantidades defraudadas.