La anulación por sentencia judicial del primer examen de la oposición a operarios municipales de Logroño ha provocado un monumental lío jurídico cuyo desenlace es difícil de predecir. De momento, las únicas certezas son que el examen tipo test, primera de las tres pruebas de que constaba la oposición, deberá repetirse, al haberse realizado con un tribunal calificador no paritario que incumplió la Ley de Igualdad, y también que el perjuicio para los 98 aspirantes que lo aprobaron se traducirá en decenas de acciones en los tribunales al sentirse agraviados.
«A día de hoy estamos aprobados, porque nadie nos ha dicho que estemos suspendidos, pero hay una sentencia que dicta que tenemos que repetir el examen. Hemos pagado academias, perdido vacaciones y desatendido a nuestras familias, y hay gente que ha renunciado a ascensos y a otras cosas», explica uno de los 98 opositores que superaron el examen ahora anulado, y que está dispuesto, como decenas de aspirantes en su misma situación, a emprender acciones legales por lo que consideran una mala actuación del Ayuntamiento de Logroño, que ha dejado su futuro laboral en el aire.
Como explica, el malestar se dirige sobre todo hacia el Consistorio logroñés, al que culpan de no haber anulado el examen antes de que se celebrase, cuando ya había sido advertido por el sindicato CSIF de que el tribunal calificador no cumplía la normativa en materia de igualdad al estar compuesto por un presidente y cuatro vocales, todos hombres, y una sola mujer en calidad de secretaria, con voz pero sin voto.
No solo no se desconvocó la prueba, sino que las 320 personas que se presentaron al examen como aspirantes a alguna de las 14 plazas de operario que iba a cubrir el Ayuntamiento no fueron notificadas de esas advertencias de ilegalidad ni a posteriori de la suspensión de la prueba realizada el 4 de mayo, anulada por una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno, ya que solo se publicó en el Boletín Oficial.
Ese hecho también ha suscitado malestar entre los opositores, sobre todo los 98 que superaron la prueba, ya que al no presentarse en plazo en su momento como perjudicados en el proceso -iniciado a raíz de una demanda de CSIF-, tienen ahora menos posibilidades legales de recurrir la sentencia o emprender algún tipo de acción legal. Por esa razón, a la espera de que la sentencia sea firme, lo que harán al menos 77 de los 98 aspirantes aprobados es tratar de personarse para ser considerados como perjudicados por no haber sido avisados a tiempo por el Ayuntamiento y poder de este modo recurrir.
«Las posibilidades de que prosperase una apelación a la sentencia son pocas y de que sea rápido, ninguna», explica este opositor, que forma parte de un grupo de wasap creado por los afectados, en los que están 68 de los 98.
Sin embargo, los abogados están analizando la jurisprudencia ya que se han dado casos en los que ha habido que repetir exámenes y si dio la opción a los que habían aprobado de elegir la mejor de las dos notas obtenidas.
También confían en que los tribunales sean receptivos al hecho de que los opositores actuaron de buena fe y que la composición del tribunal, que es lo que ha motivo la anulación de la prueba, no ha tenido demasiada repercusión a la hora de hacer las calificaciones, dado que era de tipo test.
Mujeres para el tribunal. Los perjudicados cuestionan el argumento del Ayuntamiento de que no pudo formar un tribunal paritario al no haber apenas mujeres operarios, y aseguran que el policía local y el técnico de administración general que formaban parte del tribunal podrían haberse sido mujeres, dado que de esas categorías laborales sí hay abundante presencia femenina en el Consistorio.
Al menos mil euros en cursos y muchas oportunidades perdidas
Si lograr que se les guarde el aprobado que consiguieron en el primer examen de la oposición de operarios parece una aspiración difícil de conseguir, los opositores aprobados que ahora deberán repetir la prueba sí creen posible obtener algún tipo de indemnización por el perjuicio ocasionado. Como explica uno de ellos, aunque lo que más se valora es el tiempo perdido, calcula que a 70 u 80 euros al mes de los cursos en academias o sindicatos, además de fotocopias y otros gastos, como poco cada opositor habrá gastado no menos de mil euros en un año. En la casuística de estos opositores cuyo aprobado está ahora en el aire hay un poco de todo. Desde interinos que aspiraba a consolidar la plaza, que son a quienes menos afecta la suspensión, a quienes tienen otros trabajos y que han tenido que cumplir sus 8 horas diarias y al mismo tiempo estudiar durante dos o tres años, e incluso en algunos casos renunciar a ascensos, a permisos de paternidad y hasta a operaciones médicas programadas. Hay un tercer grupo de personas que no tienen empleo o que sí lo tienen pero solicitaron reducción de jornada, precisamente para preparar las oposiciones.