El anterior decreto de convivencia en centros educativos eliminó las expulsiones, aunque para los profesores no fue lo único que suprimió «quitó autoridad al docente, dándosela al alumnado» expresó Fernando Fuertes, representante de docentes en el sindicato CSIF y profesor de educación secundaria.
Las expulsiones han sido durante años uno de los grandes miedos para los alumnos, ¿Quién no ha temido alguna vez ser expulsado por liarla en el colegio? Algunos las consideran una medida drástica y desproporcionada, otros, en cambio, opinan que ejercían cierta labor de contención sobre el alumnado. «Está todo relacionado» opinó Fuertes en sus declaraciones a El Día de La Rioja, «si ni tanto el docente como el centro tienen medidas para afrontar conductas problemáticas o indeseadas el alumno se ve impune».
Fuertes es también profesor de educación secundaria y afirma haber presenciado en sus clases situaciones que serían consecuencia de la supresión de esta medida disciplinaria, «se produjeron faltas graves», refiriéndose concretamente a «faltas de disciplina como faltas de respeto verbales, e incluso físicas» ante lo cual «el centro no podía hacer nada».
Las faltas entre alumnos también «se han acrecentado» tras la eliminación de las expulsiones, o eso ha observado Fuertes en su aula. Asimismo, señala que aunque estas situaciones «siempre han existido, existen y existirán», la influencia de las redes sociales también estaría jugando un papel relevante y de peso en este sentido.
No obstante, en el entorno educativo hay «diferentes perspectivas», así lo expresa Esteban García, secretario técnico de la Federación de AMPAS de Centros Públicos de la Rioja (FAPA Rioja). Quizá sea esa la razón de que presente una opinión que difiere en parte de la del profesorado, «creemos que era un buen decreto» aunque apunta «quizá salió muy rápido y no dio tiempo a que profesores y equipos directivos se organizasen».
En cuanto al incremento de conductas disruptivas y faltas disciplinarias por parte del alumnado, esta federación de padres niega la existencia de dicha problemática «Nosotros no hemos tenido ninguna queja, ni de las familias ni del profesorado», apuntando que la posible existencia de dichas situaciones se habría dado en casos «muy concretos» que «han podido ocurrir, pero no nos han llegado».
Nuevo decreto
El Gobierno de La Rioja trabaja ahora en una nueva formulación del decreto de convivencia en centros educativos, en el que la modificación principal consiste en la recuperación de las expulsiones. El objetivo, de acuerdo con las declaraciones del director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín, a este periódico es «dar la vuelta a la situación y eliminar la sensación de impunidad que sentían los alumnos, e incluso las familias».
Según opina Martín, el anterior decreto provocó «muchos problemas de convivencia» que estarían desencadenados por una idea generalizada entre el alumnado de «da igual lo que hagamos porque aquí vamos a seguir».
Uno de los puntos clave de dicho decreto era el objetivo de reinserción y reorientación de los alumnos con comportamientos problemáticos. Según el secretario técnico de FAPA, era este precisamente el punto fuerte de dicho decreto «se intenta con ello que los menores no sean expulsados y se queden en una sala donde se puedan reconducir», algo que consideran fundamental ya que, opina, «en muchas ocasiones las problemáticas no vienen por ellos mismos, pueden estar influenciados y afectados por el entorno familiar o social», afirmando que en estas situaciones las expulsiones «no mejoran nada» y que, en muchos casos, incluso «a veces son los propios alumnos los que buscan ser expulsados». Por su parte el director general ante este aspecto opina que «hay alumnos reincidentes», ante los cuales el anterior decreto «no permitía tomar las medidas adecuadas», repercutiendo, dice, en el profesor como figura de autoridad «menoscabó la autoridad del profesorado».
Mientras el secretario técnico de FAPA Rioja considera que en el decreto «hay cosas positivas» y que de cara al nuevo «no hay que empezar desde cero», recalcando que lo importante sería modificar cuestiones sobre la base existente y no crear otro nuevo. En este sentido, expresa «si cada vez que cambia un ciclo político cambia todo no avanzamos» y señala que hacer el anterior «costó meses».
Expulsiones, ¿Sí o no?
«Las expulsiones pueden ser una medida que ayude en determinados casos» expresa el representante del sindicato CSIF y profesor, Fernando Fuertes, «el docente en el aula tiene que ser la autoridad y no que el alumno pueda poner en entredicho al profesor» para lo cual dice ser necesario que «el docente disponga de una serie de herramientas» aunque, apunta, «la expulsión no tiene que ser una medida aplicada como norma general, si no en casos particulares".
Por su parte, desde la federación de padres y madres aceptan la recuperación de esta medida disciplinaria en las aulas siempre que sea utilizada «lo mínimo posible».
Padres y madres ven clave en la prevención y solución adecuada de problemáticas escolares el estudio de cada caso particular del alumno y, en última instancia, aplicar la expulsión. «Si realmente creen que no hay otra opción, nosotros no podemos decir que no si el profesorado lo considera, pero no pueden utilizarlo a la ligera». Por ello, aunque confían en que el personal docente «actúa con prudencia», recalcan la necesidad de tener precaución a la hora de aplicar esta medida en los centros escolares, y advierten de no pasar por alto el hecho de que se trata de «situaciones complicadas, no se solucionan solo con la expulsión, también hay que trabajar el entorno familiar y el entorno social para poder identificar de dónde viene la problemática y darle una solución adecuada».
Cambios urgentes en centros escolares
El nuevo decreto de convivencia en centros educativos pretende modificar de manera urgente dos de los aspectos recogidos en el anterior, según ha informado el director general de Innovación y Ordenación Educativa, Fabián Martín. De esta manera, se modifican los procedimientos de corrección del Artículo 17, en el que se clarifica los casos en los que se puede expulsar un alumno de acuerdo con el artículo 124.2 de la LOMLOE: «Aquellas conductas que atenten contra la dignidad personal de otros miembros de la comunidad educativa, que tengan como origen o consecuencia una discriminación o acoso basado en el género, orientación o identidad sexual, o un origen racial, étnico, religioso, de creencias o de discapacidad, o que se realicen contra el alumnado más vulnerable por sus características personales, sociales o educativas tendrán la calificación de falta muy grave y llevarán asociada como medida correctora la expulsión, temporal o definitiva, del centro».
Se modifica también la aplicación de las medidas reeducativas según el Artículo 34, que da la posibilidad a los docentes de incluir las actividades extraescolares como medidas reeducativas. Así como también se ratifica la autonomía de los centros educativos para considerar la participación o no del alumnado en ciertas actividades, de acuerdo con el punto 5 de ese mismo artículo (124.5).
De cara al próximo curso
Este nuevo decreto pretende recoger las herramientas «que se apartaron de la actual normativa» informa Martín, y expresa «No queremos que sea un decreto que salga solo del Gobierno, si no que salga de los centros y partes implicadas para ver qué necesidades hay y qué aportaciones pueden hacer al nuevo decreto», para lo cual, según ha informado a este periódico, contarán con representaciones de educación infantil, primaria, orientación, y demás sectores implicados en la convivencia escolar.
El objetivo, dice, es «hacer hincapié en la participación de las familias», y que funcione como una «solución pacífica de los comportamientos disruptivos» y apunta que, aunque no significa que «a cualquier falta haya que sacar una tarjeta roja», se sepa que la posibilidad de hacerlo «está ahí».