El Gobierno de Gonzalo Capellán mantiene su tradicional cautela en asuntos que rebasan sus competencias directas, «la política nacional tiene sus actores», y se desmarcó ayer de la decisión de los presidentes de Madrid y de la Comunidad Valenciana y, de momento, evita confirmar si se sumará a otras comunidades populares en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Antes pedirá al Consejo Consultivo un dictamen sobre la posibilidad de recurrir una norma aprobada ayer por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados con un ajustado resultado.

En concreto, los 177 votos a favor, PSOE, Sumar, PNV, Junts, ERC, Podemos y EH Bildu, además del exsocialista José Luis Ábalos, frente a los 172 en contra de PP, Vox, CC y Unión del Pueblo Navarro fueron suficientes para sacar adelante un texto legal que borra todos los delitos y responsabilidades administrativas y contables vinculados al 'procés' y cometidos entre el 1 de noviembre de 2011 y el 13 de noviembre de 2023.

Antes incluso de producirse la votación, la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anunció en una emisora de radio que los dirigentes populares iban a mantener una estrategia consensuada en contra de la ley porque «no se puede admitir que haya comunidades autónomas y dirigentes que no sean sometidos a la ley por el daño que hace a España» y, por ello, «bajo la iniciativa de Núñez Feijóo», los barones regionales iban a «dar la batalla».

«Los presidentes autonómicos no podemos mirar para otro lado ante la corrupta Ley de Amnistía y 

por eso presentaremos recursos de inconstitucionalidad», se puede leer en el perfil de X de la presidenta madrileña, que recordó que han sido varias comunidades las que han anunciado el recurso en los últimos meses, como Andalucía, Aragón, Murcia, Cantabria, la Comunidad Valenciana,  que confirmó ayer mismo que seguirá los pasos de Madrid. Su presidente, Carlos Mazón, avanzó en una sesión de control en el Parlamento  que la Generalitat va a presentar un recurso de inconstitucionalidad «para defender la igualdad de los territorios y de las personas, así como la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía», un actuación  que Madrid piensa acometer «ya mismo».

No es el caso de La Rioja, que se distancia de la contundencia de estos dirigentes y elude manifestar un postura decidida respecto a una ley  que entrará en vigor en cuanto sea publicada por el Boletín Oficial del Estado (BOE). Será entonces cuando el equipo de Capellán encargue un dictamen sobre la «posibilidad» de establecer un recurso de inconstitucionalidad al Consejo Consultivo, cuya misión primordial es, precisamente, velar por la observancia de la Constitución, del Estatuto de Autonomía y del resto del ordenamiento jurídico.

La petición de este dictamen es, por otra parte, preceptiva, esto es obligatoria, según recoge el artículo 11 del Estatuto, que señala que   tienen esta característica los «recursos de inconstitucionalidad y conflictos de competencias que se planteen ante el Tribunal Constitucional, con carácter previo o posterior a la interposición de recurso». En este último caso, continúa el texto, el Gobierno acordará, en la misma sesión, interponer el recurso y formular la consulta.

La presidenta de la comunidad de Madrid aseguró que los populares llevan tiempo «hablándolo, trabajándolo, viéndolo» para hacerlo «en defensa de la igualdad de todos los españoles, por la seguridad jurídica y muy especialmente por nuestro Estado de derecho».

Su publicación en el BOE, en  un plazo estimado de 15 días, marcará la entrada en vigor de la ley y, desde ahí, los jueces y tribunales tendrán dos meses para aplicarla. Eso sí, ese plazo se detendrá si se eleva una cuestión a la justicia europea.