PSOE y Unidas Podemos han acordado desbloquear la tramitación de la ley de bebés robados, tomada en consideración en el Parlamento en junio de 2020, con la que se quiere conocer la verdad sobre esos casos cometidos durante el franquismo y los primeros años de la democracia y reparar a sus víctimas.
La Mesa del Congreso ha acordado este martes concluir el plazo de presentación de enmiendas el 1 de marzo y continuar la tramitación de la proposición de ley impulsada por la sociedad civil, según ha explicado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien ha destacado la importancia de resarcir a las víctimas "de los gravísimos robos de bebes" que no solo se produjeron en la dictadura sino también en los 90.
La iniciativa fue registrada por la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (Ceaqua) en septiembre de 2018 y admitida a trámite, aunque decayó por la convocatoria de elecciones.
Tras el regreso al Congreso en febrero de 2020, el pleno del Congreso dio el primer paso para aprobarla en junio de ese año con el apoyo de todos los grupos excepto Vox y se abrió el plazo de enmiendas que se ha ido ampliando hasta 146 veces y el último concluye el 1 de marzo.
Echenique ha anunciado el acuerdo entre los socios de gobierno para desbloquear esta ley y avanzar hacia su aprobación y la consiguiente reparación a las víctimas.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 se comprometió a aprobarla antes de acabar la legislatura con las asociaciones de las familias de bebés robados, que se manifestaron hace unas semanas frente al Congreso donde presentaron más de 80.000 firmas pidiendo su desbloqueo.
La norma contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas, como la garantía de acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados o la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia.
También, la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que no vuelvan a ocurrir estos hechos.
La iniciativa plantea crear una Fiscalía especial, una unidad especial de investigación de la Policía Judicial y una comisión estatal por el derecho a la identidad, así como una base de ADN nacional cuyas pruebas serán gratuitas.