E l Ministerio que dirigirá Luis Planas durante los próximos cuatro años ha iniciado la cuenta atrás para definir los objetivos de la próxima legislatura. Las primeras impresiones, a pesar de la existencia de algunas nuevas iniciativas, hacen pensar en una política de continuidad. Desde Atocha, a falta de cerrar el nuevo organigrama del departamento con la puesta en marcha de la Secretaría de Estado de Agricultura y Alimentación, se han fijado las grandes líneas que se pondrán sobre la mesa con las organizaciones agrarias y las comunidades autónomas en las próximas semanas; líneas que deberían dar lugar a ciertos compromisos.
Desde la Administración solo se ha hecho un enunciado de objetivos generales que se concretan en una Estrategia Nacional de Alimentación junto al desarrollo de una Ley de la Explotación Familiar, el impulso a la agricultura ecológica y a la regenerativa -que supone un paso más adelante para el sostenimiento de los suelos-, la modernización de los regadíos, la descarbonización del campo, la digitalización, la innovación o el relevo generacional. Todo ello con la mirada puesta en la sostenibilidad y la rentabilidad de la actividad agraria, dos conceptos que en los últimos ejercicios están apuntando en dirección negativa.
En los últimos cinco años, las rentas del sector agrario ha experimentado un casi permanente deterioro en moneda real, salvo un ligero respiro al alza en 2021, que en 2022 se concretó en un descenso de la renta del 5,5% en moneda corriente como consecuencia, fundamentalmente, de los incrementos de los costes de producción, más allá de haber registrado una cifra récord en el valor de las producciones, con casi 64.000 millones de euros. Y todo ello a pesar de las diferentes ayudas articuladas por la administración para compensar los problemas derivados de la sequía o por la crisis de Ucrania, sobre todo para los subsectores ganaderos con 636 millones de euros, más otros 240 millones por la subida de los precios del gasóleo y 300 adicionales para compensar los precios de los fertilizantes, además de apoyos vía créditos subvencionados y un incremento de 41 millones en los fondos para subvencionar las primas en los seguros agrarios para lograr que la subvención pueda llegar en el mayor de los casos hasta el 70% del precio de las primas. Los costes de producción que en los últimos años se situaban en una media del 46% ya han superado en 2022 el 50%.
Pedro Barato, presidente de ASAJA, señala la necesidad urgente de poner en marcha un plan de choque económico para hacer frente a los problemas que están padeciendo sectores estratégicos como los cereales -por las bajas cosechas y los precios en caída libre-, la ganadería extensiva -por los mayores costes por la falta de pastos- o el vino, con un mercado a la baja en los tintos. A la situación de las producciones y de los mercados se añade la necesidad de un debate sobre el seguro agrario, en el que se han disparado las indemnizaciones en este ejercicio y cuya salida no debe pasar solamente por el incremento de las primas. Desde ASAJA se reclama una aplicación adecuada de la Ley de la Cadena, el seguimiento de la evolución de los costes de producción, el uso del agua o la posibilidad de disponer de fondos comunitarios para aspectos como la descarbonización del campo, igual que reciben fondos para ello otros sectores de la actividad económica. Para avanzar en esos objetivos ASAJA, como también lo hacen otras organizaciones agrarias, reclama un diálogo útil con la Administración y no solo un muro donde rebotan las demandas.
UPA se felicita por la iniciativa de sacar adelante una Ley para la Explotación Familiar así como por el impulso de los regadíos, medidas ambas que estaba reclamando el sector desde hace mucho tiempo. España contó ya con una Ley de la Explotación Familiar en 1981 en el marco de un amplio plan legislativo impulsado por Jaime Lamo tras los Pactos de La Moncloa en el curso de la transición. La Ley quedó derogada en 1985 con la entrada en vigor de la Ley de Modernización de la Explotaciones Agrarias, en la que se incluyeron las competencias de la norma predecesora.
Más diálogo.
Pero, en paralelo a estas consideraciones, desde UPA se pide que el ministro se reúna y escuche más y que tenga más en cuenta a los agricultores y ganaderos. Su secretario general, Lorenzo Ramos, reclama un mayor seguimiento y control de los costes de producción y la aplicación de la Ley de la Cadena para que agricultores y ganaderos puedan responder desde la rentabilidad de la actividad al reto de alimentar en volumen y calidad a una población en aumento permanente en un contexto de cambio climático al que se añade una situación de incertidumbre mundial. En esta línea, se aboga por un Ministerio fuerte y relevante, tanto ante las autoridades comunitarias como en la propia Administración española, donde se reclama una reformulación de sus relaciones con los departamentos de Consumo (ahora incluido en el de Derechos Sociales) y de Transición Ecológica para evitar las tensiones que años atrás han generado en el sector agrario español como sufridor de sus respectivas políticas de calidad y seguridad alimentaria, medio ambiente o en el caso de la gestión del lobo.
Desde COAG se pide al ministro un debate sobre el modelo de agricultura y ganadería que necesita un sector agrario dominado por la explotación familiar, tanto desde una perspectiva social como económica. La organización agraria reclama unos precios justos que den lugar a una renta digna para lo que se considera indispensable el reequilibrio en la cadena de valor. También solicita que Bruselas dé preferencia a las producciones comunitarias frente a las importaciones, que son más baratas pero no garantizan la sanidad ni la soberanía alimentaria, así como tampoco cumplen los requisitos de protección de suelos, respeto al medio ambiente y derechos sociales que se exigen en la Unión Europea.
Pero, además de ello, COAG va más lejos y advierte sobre los riesgos que suponen para la actividad, y muy especialmente para los pequeños y medianos agricultores -mayoritarios en el campo-, el aterrizaje masivo de grandes oligopolios con compras masivas de tierras, las políticas de las integradoras que convierten al profesional en un simple asalariado, el control de los mercados y el desembarco de grandes fondos de inversión que amenazan con la ruina y la expulsión de muchos de los 350.000 agricultores familiares profesionales que además mantienen el territorio.
Desde Unión de Uniones se reclama al ministro un cambio de rumbo con una mayor capacidad de iniciativa ante cuestiones coyunturales como la enfermedad epizoótica hemorrágica (se ha actuado muy tarde, sin dar la respuesta rápida que demandaban los ganaderos), así como ante problemas como la sequía y los elevados costes de producción. Esta organización agraria reclama también una posición más firme del departamento frente a las políticas planteadas por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera. Aboga por una política de recuperación del seguro agrario como un instrumento de rentas, así como, una reconducción de los objetivos de la PAC y de sus mecanismos para mejorar la competitividad de los sectores.
Entiende la organización que tampoco se han resuelto en la anterior legislatura cuestiones en materia de Seguridad Social, laboral o fiscal que afectan a las empresas de agricultores y ganaderos, un aspecto en el que se han decidido importantes reformas sin consultar a los afectados. Finalmente, Unión de Uniones hace hincapié en la necesidad de clarificar la representatividad agraria y sigue reclamando una repuesta al reconocimiento de su representatividad tras la escisión de sus organizaciones de COAG, lo que significaría tener un puesto en las mesas junto a las demás siglas.