Segunda e intensa jornada en la Audiencia Provincial en el marco del juicio contra los dos únicos acusados del crimen de Guillermo Castillo en mayo de 2023. Coleaba de la sesión del lunes la declaración de C.S.R., el detenido de origen portugués, quien tras reanudarse el juicio con tribunal de jurado, no escatimó en mostrar su descontento con alguna de las cuestiones formuladas fundamentalmente por el letrado Marcos García Montes. En algún momento del interrogatorio, el arrestado espetó, en un tono no demasiado propio, frases como «lo mismo que usted no estuvo allí» o «vamos a centrarnos» dirigidas todas ellas al mediático abogado que, haciendo gala de experiencia, no titubeó en poner de manifiesto quién pregunta y quién responde.
El primer agente de Policía Judicial de la Guardia Civil y, a la postre, secretario de las actuaciones que se desarrollaron tras hallar el cuerpo sin vida del hostelero riojano, dejó claro que la investigación determina que «fueron dos» los que ejecutaron la brutal y mortal paliza a Castillo. Una afirmación basada en un amplio abanico de indicios y pruebas que confluyen hacia los dos sospechosos que estos días se sientan en el banquillo de los acusados. Descarta así el agente la participación de más personas basando su argumentación en la geolocalización de los móviles a través de los repetidores, el análisis de cómo quedó la vivienda del finado tras los fatídicos hechos y el registro de las diferentes llamados que se produjeron durante el día de autos.
Según el agente, el hostelero riojano fue agredido nada más abrir la puerta, momento en el que cayó al suelo dejando varios charcos de sangre. Una vez en el piso, le colocaron unas esposa y con los brazos por encima de la cabeza, le arrastraron hasta el aseo. «Uno lo arrastraba y otro le golpeaba», afirmó sin opción a dudas el investigador.
Las imágenes expuestas durante la sesión de ayer evidencian la brutal y despropocionada paliza que sufrió Guillermo Castillo. Quedó agonizando y encerrado hasta morir «sin ninguna opción de defensa ni de pedir auxilio» ya que los acusados, siempre en base a la versión del agente, quedó encerrado y depositaron «las llaves en una mesita de la segunda planta».
El investigador tampoco arroja dudas sobre la premeditación del asesinato. En el transcurso del exhaustivo interrogatorio de la fiscal, aportó determinados detalles que corroboran su afirmación tales como acudir a Cuzcurrita provistos de «guantes e iban preparados», señaló. Por otro lado, la tecnología de reconstrucción de los hechos narrada por el acusado portugués, confirma, a su juicio, que «también participó en los hechos» y no se dedicó únicamente a registrar la casa en busca de dinero como él mismo declaró.
¿Más implicados? Ninguna de las acusaciones cuestiona la participación de los dos detenidos ni de la investigación que en este sentido ha practicado el Instituto Armado. Sin embargo, sí se pusieron de manifiesto serias dudas sobre que fueran los dos acusados los únicos implicados en los hechos que se sucedieron en aquella fatídica noche.
Ahora bien, dos meses después del crimen de Cuzcurrita, un testigo contactó con la Guardia Civil y trasladó unos hechos «totalmente compatibles» que le había contado alguien y dirigió a los agentes hacia una de las líneas de investigación que manejaban hasta ese momento. Pues bien, ese testigo protegido, que estaba llamado a declarar el procedimiento legal que sigue la Audiencia, permanece actualmente en paradero desconocido.
Por otro lado, las diferentes llamadas de diferente duración que mantuvieron los acusados con C.G., el traficante de Lardero de cuya casa partieron hacia Cuzcurrita y a la que regresaron tras, presuntamente, cometer los hechos que se juzgan, lleva a sospechar a la acusación particular de García Montes, y a la propia hija del hostelero, de la participación de más personas. Incluso ha sobrevaloro ya en varios momentos del juicio el nombre de un familiar de C.G. al que adjudican las amenazas dirigidas hacia la pareja de uno de los arrestados para que éstos no aportaran más nombres.
Un complejo entramado de hechos y llamadas a las que se suma el Whatsapp de «un tal Lucas». Yolanda Castillo informó a la sala en su declaración de que interpuso hace veinte días una denuncia tras recibir un mensaje de un intermediario (Lucas) al que pagaron cien euros por amedrentar a la hija del finada para que no «declararse en contra de una persona». Yolanda titubeó y no aportó el apellido completo del autor de la amenaza pero, al menos en parte, coincide con el del familiar del traficante de Lardero.
También consta en contra de los acusados el hecho de que Yolanda Castillo se desplazara a Pradillo para hablar con la pareja de uno de los arrestados quien le aseguró, como testificó la hija del hostelero que habían matado a un señor de Cuzcurrita.