El Gobierno vuelve a llevar al Congreso un proyecto de ley como un trágala a la oposición a la que no deja de ningunear y apartar de las principales decisiones que afectan al interés general. Esta vez es con la reforma de la Ley de Extranjería, cuyo proyecto ha sido negociado con Sumar y Coalición Canaria y sin contar con el PP, que gobierna en 11 de las 16 comunidades afectadas por el proyecto. Las modificaciones de la norma pretenden dotar al Ejecutivo central de la capacidad de distribuir arbitrariamente entre los distintos territorios a los menores inmigrantes llegados a España, dando carpetazo al sistema actual que requiere del acuerdo con las autonomías.
Cualquier norma que dote al Poder Ejecutivo de una capacidad arbitraria – y esta lo es porque la ley no fija criterios de distribución ni condiciones para llevarlo a cabo- es una invitación al abuso y al partidismo. En este caso, es aún más preocupante ya que al menos dos de los socios que sustentan la mayoría parlamentaria han pedido – y obtenido recientemente – dejar a Cataluña fuera del programa de distribución. En el último año hay ejemplos sobrados de dónde queda la igualdad ante demandas al Gobierno de este tipo.
En estos días previos, no ha dejado de sorprender la cerrazón del Gobierno a negociar con el PP sobre esta cuestión, lo que contrasta con la obsequiosidad con la que aborda procesos similares con los partidos nacionalistas y que lleva, por ejemplo, a acordar por mensajería en apenas unos minutos un proceso constitucional complejo como es la delegación de competencias de inmigración. El planteamiento del PP no puede ser más razonable: el compromiso de que todas las comunidades acojan inmigrantes, incluida Cataluña; la celebración de una Conferencia de Presidentes para abordar la cuestión, y la financiación por parte del Gobierno de los recursos de acogida que se tensionarán en todo el país. Que estas tres demandas sean imposibles dice mucho de dónde están ubicadas las verdaderas prioridades de un Gobierno que se dice de izquierdas y es especialmente sangrante comprobarlo solo un día después de acordar con la Generalitat la transferencia de 1.500 millones en concepto de supuesta deuda para los ferrocarriles de Cataluña.
Es evidente que no se puede dejar a Canarias sola en la gestión de este problema y debe ser el momento de que las comunidades sean ambiciosas en la acogida de estos menores, pero también lo es que, una vez más, el Gobierno prefiere hacer una política reactiva tratando de quitarse encima el problema parcheando los efectos de sus decisiones y no trabajar en la prevención y atajar las causas de la llegada de estos jóvenes.
Cuando ahora hace un año, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, delimitó en el Congreso su famoso muro para resguardarse durante la legislatura era consciente de que renunciaba con él a las políticas de Estado ya que, con los socios que eligió para este viaje, es imposible pensar en el interés general de España. He aquí las consecuencias.