Apunta una entrada del blog del Ministerio de Educación, fechado en octubre de 2023, que «ante el uso abusivo de los dispositivos tecnológicos, algunas organizaciones de infancia y de protección de usuarios de internet han reclamado un pacto de estado para proteger a los menores de los riesgos de internet y las redes sociales que, entre otras medidas, limite el uso de móviles y pantallas en la escuela». Sin que cerca de un año y medio después se haya alcanzado ningún acuerdo al respecto -aunque cierto es que en enero de 2024 el Consejo Escolar del Estado aprobó el veto de los móviles en primaria y su limitación en secundaria-, la Comunidad de Madrid ya ha anunciado su apagón total en escuelas y colegios, una medida que no comparten ni padres ni profesores riojanos.
Esteban García, secretario técnico de FAPA Rioja, señala que, antes de acometer alguna actuación, es necesario realizar un estudio específico que concrete los aspectos a abordar respecto a la exposición de los menores a las pantallas. «El hecho de pasar de usarlas continuamente a prohibirlas del todo es una muestra de que se van dando bandazos, que no son beneficiosos ni para el profesorado ni para los alumnos», señala el portavoz de la Federación de Ampas de los centros públicos La Rioja, que constata la necesidad de definir un criterio de actuación y, a partir de ahí, evaluar las medidas a adoptar.
García no valora la resolución que ha ratificado la comunidad de Madrid, y recuerda la campaña puesta en marcha por la organización que representa, Edúcate, edúcales, dirigida a informar a las familias sobre el uso responsable y consciente de los móviles en los menores «porque se está yendo de las manos». Ahora bien, aunque considera que no es la prohibición el camino, sí señala que es imprescindible controlar su empleo. «Tenemos que acordar los momentos en los que se pude trabajar, decisiones que deben escapar a motivaciones políticas», señala el secretario técnico de FAPA, que reitera que es crucial contar con un informe de expertos que determine cuándo y en qué materias es conveniente usarlos. García, que defiende una utilización combinada de método didáctico tradicional con dispositivos electrónicos, apunta que ya hay países donde se van revertiendo las tendencias, tras constatar la ineficacia del uso mayoritario del sistema digital en la enseñanza. «Es más fácil educar a los menores que prohibir», resume el representante de FAPA, que considera que han de ser padres, el centro escolar «e incluso el Gobierno» quienes controlen su uso en las aulas.
Ángel del Campo, presidente de Concapa, argumenta que la medida tomada por Madrid debe estar fundada en la experiencia académica en las aulas y recuerda que el uso de los dispositivos electrónicos es un debate «abierto» en el conjunto de la sociedad. Considera que las instituciones educativas tienen la «responsabilidad» en esta materia y a ellas corresponde adoptar estas decisiones. Recuerda que los centros disponen de su autonomía -dentro de los parámetros que permite la Consejería de Educación- sin que la autoridad regional entre a determinar el número de horas lectivas en las que pueden utilizarse las herramientas digitales.
Uso cabal. Gustavo Navas, presidente de ANPE, coincide en su rechazo al veto porque «no se puede pasar de promover algo a prohibirlo», y apuesta, igualmente, por la regulación «cabal» de las pantallas dentro de un uso habitual con fines adecuados. «No es algo a lo que se pueda dar la espalda porque hay que convivir con ellas, a la vez que enseñar al alumnado a hacer un buen uso», reflexiona Navas.
Reconoce que el alumnado adolece de una «alta» deficiencia en comprensión lectora y matemáticas, áreas que hay que reforzar, aunque carece de datos para afirmar que de esa deficiencia son responsables los dispositivos electrónicos, que resalta que están más restringidos en los centros de Primaria.
David Calvo, responsable de Educación de STAR, entiende que la utilización de nuevas tecnologías en las aulas riojanas es un asunto que habrá que abordar «más pronto que tarde». Contrapone sus beneficios innegables a unos efectos negativos que hay que sopesar a la hora implementarlas en clase y valorar si enriquecen la didáctica de papel y boli. «Hay comunidades que ya están trabajando en ello, y a nosotros también nos gustaría», afirma Calvo, que argumenta que es un asunto que genera preocupación al conjunto de la comunidad educativa.
Apunta que el Consejo Escolar ha elaborado un informe, a petición del Gobierno regional sobre el uso del móvil, y considera imprescindible que las medidas que se adopten se implanten de forma «organizada y homogénea» en todos los centros de la comunidad.
Razona que desde el punto de vista pedagógico, el uso de las nuevas tecnologías puede ser un primer enganche, pero «luego, como todo, depende del uso, del conocimiento que los docentes tengan del dispositivo o los cortafuegos» porque hay herramientas que «o controlamos su uso o pueden ser contraproducentes».
Apunta, además, que el nuevo decreto de convivencia debe contemplar también aspectos relacionados con las nuevas tecnologías.