El fiscal pide 2 años de cárcel a un promotor inmobiliario como presunto autor de un delito de falsedad y estafa procesal, tras falsificar documentos para acreditar el pago de indemnizaciones a los compradores de unas viviendas que no pudo construir en Ezcaray por la denegación de licencias municipales.

La Audiencia Provincial de La Rioja celebrará el próximo miércoles, 2 de abril, el juicio por estos hechos, en los que también está encausado un arquitecto por falsificar un informe pericial, a quien el fiscal pide 20 meses de cárcel y una multa de 2.160 euros como presunto autor de un delito de falso testimonio, informa Efe.

Según detalla el fiscal en su escrito de acusación, en 2010, el promotor inmobiliario interpuso un recurso contencioso administrativo en reclamación por responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento de Ezcaray.

El procesado hacía responsable a este Consistorio riojano de la denegación de autorización y de licencias de obras para la construcción de tres proyectos, para edificar edificios de 18 y 24 viviendas y un hotel, por lo que reclamaba 34,84 millones de euros por daño emergente y lucro cesante.

En esa cantidad se incluía la devolución de ingresos efectuados por compradores de las futuras viviendas, así como indemnizaciones a las que había tenido que hacer frente por no poder construir.

En 2014 subsanó la demanda a requerimiento del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Uno de Logroño y aportó en nombre de la mercantil promotora documentos de los que alegaba ser justificantes del desembolso de cantidades derivados de la resolución de contratos de compraventa de viviendas en la Residencial Santa Bárbara II, así como pagos de indemnizaciones por la no construcción de las viviendas.

El fiscal argumenta que el acusado aportó estos documentos "a sabiendas de la falsedad de los mismos", ya que los compradores a los que se hacía referencia habían participado en la elaboración del documento, ni habían recibido indemnizaciones que se hacían constar.

También aportó al procedimiento un informe pericial elaborado por un arquitecto, quien "no comprobó las partidas, facturas o realidad de las mismas", pero cifró el lucro cesante en 34,84 millones.