La 28 Conferencia del Clima de Dubai supone una esperanzadora transformación en la perspectiva sobre la lucha contra el cambio climático y, con ella, en la plausibilidad de lograr los objetivos definidos. Al fin, se desplaza el centro del problema desde la emisión de gases con efectos invernadero – lo que llevaba a excentricidades tales como culpar a las flatulencias de la ganadería del problema – hacia la quema de combustibles fósiles, verdaderos causantes de forma intensiva de estos gases. Este giro en el planteamiento, que ya se había intentado sin éxito en ocasiones anteriores, da cuenta de la gravedad del momento por cuanto los países productores están dispuestos a renunciar a beneficios inmediatos para evitar perjuicios mucho mayores en el futuro. Pero, lo más importante, envía un mensaje a los ámbitos políticos, financieros, inversores y empresariales – que han tenido un papel fundamental en las estrategias de dilación del pasado- de que se inicia un alejamiento irreversible de estas fuentes de energía que, en un horizonte más o menos cercano, dejarán de ser rentables. 

 El acuerdo ha sido posible con un esfuerzo de ingeniería léxica, una buena dosis de voluntariedad de los estados y, fundamentalmente, marcando objetivos en la reducción de emisiones (43%en 2030; 60%, en 2035 y el cero neto en 2050) pero permitiendo que cada país elabore su propia hoja de ruta para alcanzarlos, sin imponer un camino concreto. Por lo tanto, quedará en manos de los diferentes Ejecutivos, que deberán aprobar sus planes concretos en 2025, el éxito o el fracaso de la cumbre. En definitiva, se explicita una frágil confianza en que gobernantes que hasta el momento no han mostrado responsabilidad ambiental alguna, a partir de ahora la interioricen.

Sin embargo, en el caso español, los principales recelos derivan del otro lugar del péndulo, es decir, del filtro ideológico, disfrazado de celo ambiental, con que el Gobierno y la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, gestionan este asunto. En un momento de rápida transición no tiene sentido excluir ninguna de las medidas y de las fuentes energéticas – como la nuclear- que pueden ayudar a que el proceso sea más justo. No es necesario, como ha ocurrido en el pasado, demostrar los esfuerzos del país en la lucha contra el cambio climático sacrificando sectores y comarcas enteras que han quedado sin alternativa económica, como ocurrió con el cierre precipitado de las minas. Por el contrario, es imprescindible para que la ciudadanía haga suyo este reto, que el proceso se desarrolle de una manera ordenada y justa (de verdad no sólo con eslóganes publicitarios), sin dejar a nadie atrás y sin cargar el peso y el coste sobre la espalda de colectivos con una alternativa imposible a estos combustibles, como el agrario. Sólo así podrán encontrar la complicidad de quienes ya se sienten excluidos de los grandes debates del siglo XXI.