La nueva subida del salario mínimo interprofesional (SMI), aprobada el martes por el Gobierno de España y oficializada ayer con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha agudizado las tensiones latentes en el seno del Ejecutivo y ha exacerbado la confrontación entre la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su homóloga, de Hacienda. La voluntad de la también vicepresidenta María Jesús Montero de que los preceptores del nuevo incremento -de 50 euros mensuales y 700 euros anuales más de nómina hasta los 1.184 euros mensuales en 14 pagas-, hagan frente al pago del impuesto de la renta ha contribuido a agravar las tiranteces entre las dos alas del gabinete de Pedro Sánchez.
Pero lo cierto es que será la primera vez desde 1963, cuando se estableció por primera vez en nuestro país el salario mínimo interprofesional, que sus perceptores tendrán que tributar por ello, de tal manera que la subida de 700 euros se verá reducida en 300 euros, por lo que en la práctica la subida supondrá 400 euros anuales.
Ahora bien, no serán todos los contribuyentes del SMI los que deberán hacer cuentas con Hacienda. Conforme a la información de la Delegación del Gobierno, 2,4 millones de españoles se beneficiarán de la subida del SMI, de los que 11.900 son riojanos, el 9,3% de los asalariados de esta región. De ellos, de acuerdo a las estimaciones de Ghesta, el sindicato de técnicas de Hacienda, serán alrededor del 20% los que tendrán que pagar el impuesto de la renta por lo que, con cifras aproximadas, serán alrededor de medio millón de españoles, y unos 2.400 son riojanos, como solteros sin hijos que no tienen otras desgravaciones que ya existen para las rentas más bajas. Hacienda justifica su medida y ofrece varios ejemplos, como un contribuyente con pareja, con un hijo menor de tres años, que no sufrirá ninguna retención en el IRPF, mientras que un trabajador con este sueldo pagaba 839 euros bajo el Gobierno del PP;o una trabajadora casada con dos hijos de 5 y 7 años que gana 20.000 € anuales pagará 1.342 euros, cuando en 2018 eran 1.852. Con la nueva subida, el SMI se ha incrementado en un 61% desde 2018, esto, es ha crecido de 10.302 euros a 16.576 euros brutos.
Posición sindical. UGT «lamenta» que no se haya mantenido la exención del IRPF para las personas que perciben el SMI, ciudadanos «que representan a las capas más vulnerables de la sociedad».
Afirma, sin perjuicio de ello, defiende una política fiscal «progresiva y justa» que garantice la contribución de todos a la hacienda pública según sus posibilidades. Insiste en la progresividad del impuesto y considera que la cantidad exenta de tributación debe actualizarse acompasada al SMI, hasta alcanzar las cuantías medias europeas. En todo caso, entiende que se debe contemplar que esta exención se mantenga hasta que el salario mínimo, definitivamente, alcance al menos el 60% del salario medio de nuestro país.
Por su parte, Jorge Ruano, secretario general de CCOO, muestra su satisfacción por la subida durante los últimos años del SMI, que considera ha resultado una medida «efectiva» para reducir la brecha salarial sin afectar al empleo. Este «gran acuerdo» se ha visto empañado por una polémica que califica como «absurda» y «muy mal gestionada» porque constata que la tributación afectará a una pequeña parte de los perceptores. Señala que debe garantizarse que el salario mínimo alcance al menos el 60% del sueldo medio, y rechaza que se «alimente el discurso anti impuestos», que deben ser progresivos. «Quien no llega a unas cantidades no debe pagar, pero sí a medida que van subiendo para sostener el sistema del bienestar», asegura.