«El cacheo a mujeres no parece ajustarse al criterio legal de excepcionalidad y proporcionalidad establecidos en la normativa». Esta es una de las conclusiones de la Memoria 2022 del Defensor del Pueblo que, además de ser la fuente que recoge las quejas de los ciudadanos y transmitirlas a las instituciones para su resolución, tiene adjudicada la función de Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), que abarca diferentes actuaciones, principalmente  las visitas aleatorias centros de privación de libertad con el fin de emitir recomendaciones, sugerencias y resoluciones para intervenir en aquellos casos en los que se haya detectado una vulneración de la normativa.

Desde 2018 tiene, además, en marcha un programa de prevención de la discriminación por género en los lugares de privación de libertad que tiene como objetivo analizar en qué medida el trato que reciben  niñas, mujeres y el colectivo LGTBI  responde a sus necesidades diferenciales, una iniciativa en la que el Defensor examinó el año pasado la Jefatura Superior de la Policía de la Rioja, además de la de Comisaría Provincial de Burgos, también de la Policía Nacional.

 Dos técnicos del MNP y una  psicóloga externa giraron una visita el 27 y 28 de septiembre, que deparó un informe tras las entrevistas con detenidos y personal de comisaría, que concluye con distintas observaciones y recomendaciones, que afectan a aspectos como los cacheos, la higiene, la pernocta de menores en los calabazos y algunas específicas sobre el trato a personas transexuales.

Así pues, en el caso de los cacheos recuerda que debe practicarse «cuando existan indicios racionales para suponer que puede conducir al hallazgo de instrumentos, efectos u otros objetos relevantes para el ejercicio de las funciones de indagación y prevención y conforme al criterio de proporcionalidad», una vez que se identificaron casos en los que no parece ajustarse a estos criterios.

El informe analiza otros aspectos y resalta la estancia en calabozos engrilletada de una mujer desde las 06.45 horas hasta las 16.15 horas del día 14 de septiembre de 2022, como medida de seguridad al negarse a la retirada de diversos piercings metálicos. Al respecto, señala que la normativa de la propia comisaría recoge que,  para evitar autolesiones, se ha de realizar una ronda cada media hora, una información que se ha solicitado para comprobar su cumplimiento.

 Especial atención dedica también al «alto porcentaje de pernocta de las menores», y singulariza esta circunstancia en una chica de 16 años, detenida por maltrato en el ámbito familiar, y que permaneció 31 horas en calabozo, dos noches, de 01.58 horas del día 27 de marzo de 2022 a las 09.30 horas del 28 de marzo de 2022, al menos. 

Tras la detención, «violenta», recibe medicación y consta en el atestado que los padres refieren que presenta desde los 8 años problemas de salud mental, y se incorporan al atestado más de veinte informes con diagnóstico de depresión, trastorno emocional, probable trastorno bipolar e intentos autolesivos, desde los 8 años hasta la actualidad y figura en observaciones que la madre refiere que ha tenido intentos autolíticos previos.

«Resulta inapropiado para la salud física y mental de la menor y es contrario a su interés superior tan prolongada permanencia en calabozos, especialmente a la vista de su historia psiquiátrica», apunta el informe del Defensor,  que informa de que los agentes que prestan servicio de custodia de calabozo son hombres a la fecha de la visita.

Entre otros aspectos que afectan al bienestar de las mujeres y las menores, señala también que la ducha del baño no funciona, no dispone de toalla ni de jabón;y la ausencia de agentes durante la noche en la zona de los calabozos y carecer de llamador sonoro «imposibilita la atención rápida y necesaria en situaciones de salud».

Resalta que se comprueba la retirada del sujetador a varias de las detenidas, una falta que «afecta a la estabilidad de la mujer especialmente a la hora de realizar actuaciones del procedimiento como son las declaraciones en comisaría y judicial». Se ha solicitado información respecto de las normas de actuación dictadas por la Secretaría de Estado de Seguridad.

Transexuales. Mención aparte merecen las personas trans que fueron cacheadas, aunque no fue posible identificar el sexo del personal que lo realizó, pues en la cadena de custodia solo figura el número, «a diferencia de otros cacheos, en los que sí hace constar el sexo de la persona» que los realiza. Añade que tampoco se ha podido constatar que se les haya ofrecido  la posibilidad de escoger en las dependencias policiales si prefieren ser cacheadas por agentes varones o mujeres.

Entre otras recomendaciones, se incluye que se recoja el procedimiento de actuación policial de detención y custodia en caso de gestación, lactancia, e hijos e hijas a cargo de corta edad, atendiendo al interés superior del menor. Además, y al igual que en la Jefatura de Burgos,  aconseja que  se establezca una regulación en virtud de la cual haber sufrido violencia de género sea una circunstancia a valorar a la hora de decidir la pernocta en calabozo, estableciendo una atención concordante que evite cualquier revictimización o reactivación de vivencias traumáticas durante la estancia en calabozos.

Bajan las quejas. Los riojanos se mostraron el año pasado más satisfechos con el comportamiento de las administraciones según se desprende de la Memoria del Defensor del Pueblo, que recopila las quejas presentadas por los vecinos de esta comunidad. Esta tendencia de descenso es contraria a la que ha caracterizado el conjunto del país y, así pues, la institución que dirige Ángel Gabilondo tramitó 132 quejas en 2022 procedentes de La Rioja de las 30.481 que se elevaron en todo el país, lo que supone un 0,43%,  cifra que implica un ligero descenso respecto a 2021, cuando los riojanos presentaron 160, una bajada que no se ha repetido en el resto del país.

No obstante, estas cifras en La Rioja siguen una línea iniciada el primer año de la pandemia, cuando las reclamaciones superaron las 100, -fueron 159 ese año-, frente a las 87 de 2019 y las 93 del año anterior.

Entre los expedientes que registró figuran asuntos relacionados con empleo,  administración de Justicia y centros penitenciarios, asuntos de interior y sanidad, educación o urbanismo y vivienda, entre las que figuraba la denuncia del PP sobre las actuaciones del programa Logroño Calles Abiertas, que fue archivada.