Esta vez sí. Dos décadas después de su primer intento, los propietarios del edificio ubicado en el número 21 de la calle Gran Vía de Logroño han logrado el ansiado visto bueno  municipal para acometer el derribo del inmueble, ubicado en la confluencia con República Argentina.

Fue el 13 de febrero -tenía de plazo hasta el 18- cuando la unidad municipal responsable emitió el informe técnico que abre la puerta a la demolición, aunque condicionada a que la propiedad deposite en un plazo de diez días la fianza correspondiente para ello. Superado este trámite, el Consistorio logroñés expedirá el permiso de derribo para que el que sus promotores dispondrán de cuatro meses, que serán, en cualquier caso, prorrogables.

No parece que vaya a ser necesario la extensión del plazo, una vez que la propiedad del inmueble, conformada por 15 personas o sociedades, antiguos dueños o sus herederos, ya habían presentado el proyecto para el derribo después de que, de acuerdo con su información, el propio Consistorio les había marcado el 18 de noviembre para arrancar el hundimiento de un edificio con solera.

Según explicaron hace unas semanas, esperaban la licencia para asumir cuanto antes una intervención que se antoja complicada por la antigüedad del edificio y por su ubicación en uno de las áreas más céntricas de Logroño. Su intención era encargar la demolición a la empresa que valoren como más profesional para lo que estiman un gasto de unos 350.000 euros.

La previsión inicial es que dicha demolición se prolongará durante tres meses y la propiedad confía en que no se produzcan daños para los edificios vecinos, el  número 19 de Gran Vía y el 1 de República Argentina.

En el proyecto de derribo que han presentado al Ayuntamiento ya se recoge que «hay que ir apuntalando todos los pisos» para ejecutar el derribo, cuyo proyecto tienen redactado desde 2014 -año en el que el Ayuntamiento ya les reconoció por primera vez ruina económica-, y que han actualizado conforme a las exigencias actuales.

La resolución de Alcaldía del 30 de junio de 2023, donde se les reconoció de nuevo el estado de ruina, ya advierte a la propiedad de que hasta la demolición del inmueble deberá velar por la seguridad del mismo «adoptando cuantas medidas complementarias sean necesarias» para garantizar las debidas condiciones de seguridad interior y disponer de los medios de protección oportunos para evitar riesgos a la vía pública y a terceros.

Atractivo.  Se originará antes de fin de año, si se cumplen los tiempos más cortos, y según señalan expertos inmobiliario, un solar en una ubicación muy atractiva en el centro de Logroño, en el que la propiedad, actuando como promotor, desea levantar un edificio de ocho alturas en vez de las cinco actuales.

Según esgrimen, es lo que contempla el Plan General Municipal para las edificaciones de Gran Vía, un número de plantas que consideran necesario para hacer viable la construcción del inmueble, que se levantaría sobre una parcela que, según la información catastral, tiene una superficie de 412 metros cuadrados.

 Para ello, los antiguos vecinos esperan negociar con el Ayuntamiento  una modificación puntual que les permita construir ocho alturas, un aspecto que, de momento, el Ayuntamiento no entra a valorar a la espera del derribo y posterior proyecto constructivo.

20 años depués.  Veinte años. Como si el título de un clásico de Alejandro Dumas se tratara, van a pasar, en el mejor de los casos, dos décadas antes del derribo del edificio de Gran Vía 21, un deseo de la propiedad por el que ha peleado en las instituciones y en los tribunales y que provocó no pocas fricciones entre los dueños de pisos y locales.

Han pasado cinco alcaldes, Julio Revuelta, Tomás Santos, Cuca Gamarra, Pablo Hermoso de Mendoza y Conrado Escobar, desde la primera vez que los propietarios de la casa rosa del centro de Logroño requirieron al Ayuntamiento la declaración de ruina  Era 2005 cuando presentan por primera vez la solicitud de ruina y es también la primera vez que reciben la negativa de los tribunales sobre la base de que «el edificio ha estado sumido en la incuria durante años, dado que en los 76 del mismo, sólo se constata una única intervención en 1989 a los efectos de rehabilitación superficial y pintado de la fachada». Proyectado por Quintín Bello, construido entre 1928 y 1929 y reformado según diseño de Fermín Álamo en 1933 y 1935, 

en 2014, el Ayuntamiento lo declara en ruina económica, decisión a la que los propietarios de los bajos presentan alegaciones, que son desestimadas. 

Ante esta negativa acuden al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, que confirma la declaración de ruina en el año 2017. Los dueños de los locales persisten en su negativa a que el edificio fuera derribado y recurren ante el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR), que en octubre de ese mismo año anula la sentencia del tribunal inferior, lo que provoca que la propiedad de las viviendas presente un recurso de casación ante el Supremo.

Por fin. En septiembre de 2022 elevan de nuevo al Ayuntamiento la petición de declaración de ruina, que les vuelve a reconocer tras un minucioso informe municipal -tras sendos dictámenes periciales redactados por el arquitecto José Garrido Manso- en el que estima que el edificio presenta un agotamiento de los elementos estructurales fundamentales en lo relativo a los muros de carga [...], que han provocado «grietas y lesiones de relevancia» tanto en dichos muros como en el tabique que los acomete.

Señalan que el  valor entonces de construcción de un inmueble -a fecha de 24 de mayo de 2023- se elevaba a 2,4 millones. Por otro lado, el coste de las obras de rehabilitación necesarias asciende a algo más de dos millones, lo que supone el 85,71% del valor de la construcción, muy por encima del 50% en  el  que  se  establece el límite máximo de conservación. 

Por tanto, se recoge en el informe, al superar dicho porcentaje «se cumple el supuesto para la declaración de ruina económica».