La desazón que atraviesa un indiscutible sector con notable peso económico -el 5,3% del VAB riojano y representa el 21,2% de la actividad vitivinícola en el conjunto nacional- y social ha hecho reaccionar con rapidez a sus responsables, que han contagiado su urgencia al Gobierno de La Rioja, que busca maneras de apoyo al vino de la Denominación y «en el marco de sus competencias», contribuir al equilibrio de la oferta y la demanda.Agricultura responde así a la petición expresa formulada el lunes por el pleno del Consejo Regulador, que ha solicitado a las tres administraciones de la Denominación -Rioja, País Vasco y Navarra- ayudas para proceder a la destilación (preferentemente) o descalificación de 30 millones de litros durante esta y la siguiente campaña para tratar de minorar unas existencias que alcanzan los 938 millones de litros, las más elevadas de la historia.

La Consejería, alguno de cuyos responsables asistieron a la sesión plenaria, «prospecta» con el Ministerio de Agricultura diversos mecanismos, con fondos europeos o estatales, para ayudar al sector, que ha calculado una prima de 60 céntimos por litro para descalificación y 80 para destilación, que es la opción  por la que apuesta mayoritariamente el sector.

Al respecto, el departamento que dirige Eva Hita analiza con el Ministerio las posibilidades  para abordar la destilación de crisis, que no contempla en este momento la normativa de la Unión Europea. Para contrarrestar esta ausencia, el Gobierno regional ha transmitido al Consejo Regulador  las vías normativas y de financiación exploradas para establecer ayudas destinadas a la destilación de crisis. 

Al respecto, plantea dos propuestas, que supone la  activación del articulado del Reglamento de la Unión Europea de la organización común de mercados de los productos agrarios. Esta normativa contempla que los estados podrán efectuar pagos a los productores de vino para la destilación voluntaria u obligatoria en casos justificados de crisis, pero establece una limitación:el importe no podrá ser superior al 15 % de los fondos totales disponibles para ese año, en este caso, para España.

El Ejecutivo regional ofrece otra alternativa, consecuencia de la decisión de la Unión Europea adoptado el 23 de marzo de 2022, que permite a los Estados miembros aprovechar la flexibilidad prevista en las normas sobre ayudas con el fin de sostener la economía en el contexto de la guerra de Rusia contra Ucrania

El Gobierno de La Rioja recuerda, además, que la cosecha en  verde consistirá en una compensación del 50 % de la suma de la pérdida de ingresos debida a su ejecución  en la parcela para la cual se solicita la ayuda y los costes directos de destrucción o eliminación de los racimos; el precio por kilo de uva eliminado se situaría de media en 53 céntimos.

La culpa, del Consejo. Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, considera que el acuerdo adoptado por la DOC Rioja para la reducción de rendimientos en los próximos dos años es «necesario y va en la buena dirección», y culpa al Consejo Regulador de la existencia de importantes excedentes. Advierte, no obstante, de que esta decisión «será insuficiente si no se reconsidera el futuro de la denominación», ya que está «sobredimensionada».

Por ello, ve «necesario e inaplazable», reorientar el futuro de la denominación hacia la generación de valor, descentralizar la gestión y la toma de decisiones, y apostar realmente por la calidad de los vinos y el reposicionamiento de la marca.  Resaltó que «no han sido  los pequeños viticultores ni las bodegas familiares de Rioja Alavesa las que han provocado esta situación», si no que «tiene su origen fundamentalmente, en un conjunto de decisiones equivocadas que ha adoptado durante los últimos años el Consejo Regulador».