Con Burdeos como ejemplo, que ha recibido solicitudes para el arranque de 8.000 hectáreas, que se deben sustituir por otros cultivos o convertir en terreno de bosques o espacios naturales, Bodegas Familiares de Rioja propone eliminar de manera voluntaria el 10% de las viñas de la Denominación Calificada (DOCa) Rioja. Este arranque sería financiado a razón de 10.000 euros por hectáreas -han sido de 6.000 en la región francesa- que supondrían un coste global de 67 millones de euros, que aportarían un «tripartito» conformado tanto por las administraciones, el Ministerio, de Agricultura y las tres comunidades autónomas de la Denominación -La Rioja, País Vasco y Navarra-, y el propio sector a través del Consejo Regulador, a quienes ya han remitido su propuesta.
Esta medida, aprobada por unanimidad en la asamblea de la asociación, se justificaría por la crisis que atraviesa el sector «ante unas perspectivas de consumo mundial a la baja» y con un modelo productivo «que no garantiza la rentabilidad a sus viticultores desde hace ya cinco campañas».
La asociación, que abandonó el año pasado el Consejo Regulador de la Denominación, entiende que la actual crisis esta condicionada por factores coyunturales, pero también estructurales «que hacen necesaria la revisión en profundidad de un modelo que ha apostado más por la producción de uva barata que de vinos de calidad».
Así lo contaron ayer su presidente, Eduardo Hernáiz, y su vicepresidente, Juan Carlos Sancha, que plantean que este arranque se aplique a viñedo plantado en suelos «de escasa o nula aptitud» vitícola y en el que se deben salvaguardar las cepas «que son el sostén de la calidad del Rioja», plantadas en terrenos óptimos y viñas viejas. Por ello, debe ser un arranque controlado y limitado a cepas de menos de 40 años, periodo en el que se han incorporado 27.891 hectáreas al conjunto de Rioja,
El objetivo de esta supresión es proteger los viñedos de mayor calidad y eliminar los de escaso «interés vitícola» ubicados en suelos de nula aptitud, una calificación que se delimitaría, según señalan, por su vigor, agua útil o por una comisión técnica que lo valore tras una visita de campo.
«Sobra viñedo en Rioja;el sector ha sido un poco bestia a la hora de realizar sus planificaciones y se ha plantado mucho viñedo en zonas no adecuadas para tenerlo», señaló Hernáiz, que apuntó que son zonas «donde nunca se tuvo que haber plantado» porque no son capaces de producir con la calidad que exige el mercado.
Ocho años. Otra de las condiciones que propone Bodegas Familiares para el arranque es que sea, además de selectivo, temporal, y se introduce la prohibición de volver a plantar viña entre cinco y ocho años, periodo que puede alargarse y que, una vez superado, permitiría volver a hincar, pero en parcelas diferentes al suelo en el que estaba el viñedo «y cuya mala aptitud ha quedado acreditada».
Esta circunstancia genera un problema, habida cuenta de que los derechos de plantación tienen vigencia de cinco años, lo que obligaría a la Unión Europa a un cambio de la normativa. «Tenemos el problema, único en el mundo, y es que los permisos de plantación, pese a ser un derecho administrativo, siguen teniendo un valor en el mercado negro», considera Sancha, que piensa que «hay que vender menos, pero con más calidad».
Sin arrepentimiento. «Nunca nos vamos a arrepentir de haber arrancado ese viñedo malo entre comillas, ese viñedo que no tiene actitud vitícola de calidad, porque eso va a servir para mejorar la imagen y la calidad de los viñedos de Rioja para el futuro». Con esta contundencia se manifestaba ayer el vicepresidente de Bodegas Familiares, Juan Carlos Sancha, convencido de la bondad de una medida cuya complejidad reconoce, pues implica tomar un camino que nunca se ha recorrido en Rioja.
Los responsables de Bodegas Familiares entiende las «reticencias» que genera su propuesta que ha de compaginarse con otras, como las que se pusieron en marcha la pasada campaña, la vendimia en verde, una respuesta «valiente» y «drástica», una solución que nunca se había tomado en la historia de Rioja, y la destilación, ambas consideradas positivas y financiadas con dinero público, medidas que se complementarían con descenso de los rendimientos.
«Somos partidarios de que estas ayudas públicas coyunturales se mantengan, pero también de que el Consejo Regulador aporte de sus presupuestos para cofinanciar los arranques», señaló Eduardo Hernáiz, presidente de Bodegas Familiares, que abandonó el Consejo Regulador el pasado septiembre. Para Sancha, hay dos manera de afrontar la salida de esta crisis, «una postura que es lanzarme a vender más, lo que condena a precios de uva baratos y a vender botellas con precios ínfimos en el mercado; o vender menos y con más calidad, y para eso hay que reducir las hectáreas».
Reconoce, eso sí, que es una solución muy difícil de asumir por parte de los viticultores. «Parece que nunca debemos pensar en arrancar viñedo porque es arrancar nuestro patrimonio vitícola, pero debemos decidir entre mantener nuestro patrimonio vitícola y mantener nuestro patrimonio humano», razonó Sancha.