El aumento del personal de la administración riojana ha traído aparejado un incremento proporcional de los liberados sindicales, que rozan el centenar en un sistema complejo de representación, que se articula conforme a una bolsa de horas, que cada organización sindical reparte en función de sus prioridades. Esta distribución, no obstante, obedece a los resultados de las elecciones sindicales, que en la última convocatoria, en 2023, ganó CSIF, con el triunfo de UGTentre el personal laboral.

En total, las nueve organizaciones sindicales de la administración general, justicia, educación y Seris, mantienen alrededor de  un centena de representantes, que se han de repartir un global de 11.760 horas, lo que se concreta en una cifra de liberados que varía según las decisiones sindicales y de las que pueden gozar personal de todos los niveles, desde los altos puestos hasta los de menor cualificación. 

Es esta diversidad la que dificulta el cálculo del coste de los liberados, según señala el director general de Función Pública, Ángel Sáinz Yangüela, que recuerda que el personal temporal también computa para obtener representación sindical.

El número ha evolucionado desde los 79 de 2012 a los alrededor del centenar actuales,  con bajadas entre 2012 y 2013, y de este ejercicio al siguiente, y de nuevo entre 2017 y 2018, año desde el que el crecimiento ha sido continuo, en particular entre 2023 y 2024, obedeciendo también al engorde de la plantilla, particularmente en sanidad y educación.

Contención. El director general explica que se produjeron una serie de «ajustes», que obedecieron a la compleja situación económica y que, de la misma manera que  afectó a los salarios de los trabajadores -se suprimió una paga extra-, tuvo también repercusión en la representación sindical, aunque siempre manteniendo los mínimos que establece la ley, que pueden ser mejorados. «Se pidió contención a  los sindicatos, que lo entendieron perfectamente», señala Sáinz Yangüela, que justifica el incremento del personal al servicio de la comunidad autónoma en el hecho de que prestan servicios públicos,  cuya calidad, asegura, es la apuesta decidida de este Gobierno.

El responsable de la gestión de la función pública de la Administración regional recuerda las peculiaridades de la elección de la representación sindical, algunos de los cuales derivan de la ley orgánica de libertad sindical, a  los que se reconocen 40 horas al mes para desarrollar su labor; mientras son 35 en el caso de justicia.

Sin perjuicio de ello, Sáinz Yangüela agradece la labor de las organizaciones sindicales y destaca que las relaciones transcurren en buenos términos. «Hemos establecido una línea de trabajo, en la que estamos todos implicados, obviamente cada uno defendiendo sus opiniones y puntos de vista, pero siempre intentando llegar a acuerdos», destaca.