La Comunidad Autónoma de La Rioja cuenta con 218 menores con medida de guarda, 24 más que en el último año. De ellos, el 48 por ciento (105 en términos absolutos) vive con familias riojanas, tal y como ha informado el portavoz del Gobierno riojano, Alfonso Domínguez.

La Consejería de Políticas Sociales ha dado cuenta al Consejo de Gobierno de la memoria de actividad del Consejo Riojano de Servicios Sociales correspondiente a 2023, en la que se incluye el informe anual sobre las actuaciones para la promoción y defensa de los derechos del menor.

Según este informe, que ha trasladado después en rueda de prensa Domínguez, y que también será remitido al Parlamento regional, la Comunidad Autónoma cuenta con 218 menores con medida de guarda, 24 más que en el último año.

De ellos, el 48 por ciento (105 en términos absolutos) vive con familias riojanas gracias al acogimiento familiar, sistema que facilita la integración de niñas, niños y adolescentes en un núcleo de convivencia estable y adecuado.

El 52 por ciento restante (113 menores) se encuentra en centros de acogida residencial en los que reciben la atención, educación y formación integrales y específicas para atender sus necesidades.

El consejero ha explicado cómo, en virtud de la Ley de Protección de Menores de La Rioja, toda persona o autoridad que detecte una situación de riesgo o posible desamparo de un menor, le prestará el auxilio inmediato que precise y comunicará sin dilación los hechos a la Consejería competente en materia de servicios sociales.

La Consejería comunicará de inmediato las denuncias recibidas a los servicios sociales de Primer Nivel correspondientes al municipio de residencia del menor para que, en el plazo más breve posible, indaguen los hechos denunciados y comuniquen si existen o no razones para iniciar un procedimiento administrativo de protección.

Una vez iniciado este procedimiento, los casos se estudian uno a uno de forma pormenorizada, se recopila toda la información posible en relación al entorno sociofamiliar y se disponen las condiciones menos perturbadoras para el menor respetando todos sus derechos y siempre con la meta de adoptar, si fuese necesario, medidas de protección para proporcionarles la asistencia moral y material que necesitan.

Con datos al cierre de 2023, el número de menores con medidas de guarda en La Rioja llega a 218, frente a los 194 de 2022. La finalidad es promover el desarrollo integral de las personas menores, garantizar sus derechos, proporcionarles la asistencia moral o material de la que carezcan en su medio familiar, total o parcialmente, y, en su caso, procurar su reeducación y reintegración social a través del acogimiento residencial y familiar.

De ellos, 113 (51 niños y 62 niñas), once más que en 2022, están en acogimiento residencial en la red pública de alojamientos, conformada por una residencia infantil (0-6 años) y doce pisos (6-18 años). A ellos se suman otros 98 menores (47 niños y 51 niñas) en acogimiento familiar, de los que 54 conviven con otros familiares y 44 lo hacen con familias ajenas.

PRIORIDAD AL ACOGIMIENTO FAMILIAR

En la normativa vigente se da prioridad al acogimiento familiar frente al acogimiento residencial, al ser la familia el lugar idóneo para que las personas menores de edad crezcan y se desarrollen en su integridad, con la atención, el cariño y la protección que precisan.

Además de las actuaciones en materia de protección, a las que el Gobierno de La Rioja destinó 1.174.519,55 euros el año pasado, el informe que ha analizado el Consejo de Gobierno también detalla las acciones desarrolladas en materia de promoción y defensa de los derechos del menor.

En dicho estudio constan las acciones de sensibilización, teléfono del menor, programa de detección, notificación y registro de casos de maltrato infantil, servicio de orientación y mediación familiar, programa de atención integral a menores expuestos a violencia de género, programa de atención integral a madres jóvenes y jóvenes gestantes, entre otros aspectos.

Durante 2023 no se recibieron comunicaciones de posibles posible amenazas o vulneraciones de los derechos de los menores. No obstante, se resolvieron cincuenta consultas (cuarenta por vía telefónica y diez por correo electrónico), relativas a posibles vulneraciones o peticiones de información de diferentes temáticas en relación a menores, familia o programas vinculados a los mismos.

Respecto al protocolo de acción frente al abuso sexual infantil, se recibieron 29 notificaciones: trece en el ámbito educativo, trece en el de servicios sociales y tres en el sanitario.

Por su parte, el programa de atención integral a menores expuestos a violencia de género (APOYAME) asistió a 76 menores el año pasado, afianzándose la implementación del programa de 0 a 6 años, que atendió a 26 menores y a sus madres.

El Teléfono del menor (116 111) recibió 9.290 llamadas: 9.185 de orientación general (información sobre algún tema o asunto, contención emocional, resolución de dudas) y 105 de orientación especial (valoración psicológica y en su caso, si procede, derivación al equipo multidisciplinar psicológico, social y jurídico).

Asimismo, 590 personas fueron intervenidas por el Servicio de Orientación y de Mediación Familiar. En cuanto a menores, 30 fueron atendidos directamente y 512 beneficiados con motivo de la intervención realizada en su núcleo familiar a través de sus progenitores principalmente.

Por último, 49 mujeres adultas y 57 niñas, niños y adolescentes participaron en el programa de atención integral a madres jóvenes y jóvenes gestantes.

HASTA 3,6 MILLONES PARA 69 PLAZAS RESIDENCIALES

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha autorizado la inversión de 3,6 millones de euros para 69 plazas residenciales de menores sujetos a medidas de protección cuya guarda ejerce la Comunidad Autónoma.

Por un lado, el Ejecutivo regional prorroga hasta agosto de 2025 el contrato con la Fundación Diagrama para 55 plazas valoradas en 2.531.550 euros. Esta ampliación se realizará en dos lotes: el primero, para 32 plazas, por 1.448.480 euros; y el segundo, para 23 plazas, por 1.083.070 euros.

Por otra parte, el Gobierno licitará el servicio de reserva y ocupación de 14 plazas en dos inmuebles de su propiedad por un importe de 1.117.818 euros. La previsión es que el contrato se inicie el próximo 30 de noviembre, con una duración de doce meses, prorrogable cuatro años más.