Las enfermeras de España y de La Rioja se están movilizando para conseguir una clasificación profesional justa y de esta manera, cobrar más dinero y acceder a puestos de mayor responsabilidad.
No es extraño que en las últimas semanas haya llegado a los teléfonos de muchos ciudadanos una petición de firma en la plataforma change.org para lograr este objetivo. El límite que se han marcado son 35.000 firmas y están muy cerca de conseguirlo, ya que llevan más de 30.000.
Una reivindicación que llevan pidiendo desde hace 17 años afecta a todas las enfermeras de España. En La Rioja, la cifra asciende hasta las 2.200. La secretaria general autonómica de SATSE La Rioja, Patricia Mogena Obispo, explica que dicha reivindicación está basada en el articulo 76 del Estatuto básico del empleado publico, en el que se establece una división del grupo A en dos subgrupos, A1 y A2, dependiendo de la antigua diferenciación que había entre titulaciones universitarias de licenciatura y diplomatura.
El fallo, apunta, es que enfermería ha pasado a ser un grado con 240 créditos en las diferentes universidades pero «todavía estamos en el subgrupo del A2, cuando deberíamos estar en el A1». Esta situación repercute negativamente en el desarrollo profesional de las enfermeras porque «no pueden acceder a puestos relacionados con la gestión, la dirección de alto nivel, grupos de investigación, de docencia o capacitaciones específicas».
Otro problema está relacionado con la retribución económica, ya que «la diferencia salarial puede ser de 200 o 300 euros aproximadamente». Mogena denuncia que el ministerio de Sanidad se excusa alegando que no hay dinero para las enfermeras pero «si que se ha propuesto otra reclasificación con un incremento de la retribución para otros colectivos profesionales, como son los auxiliares de enfermería y los técnicos».
La principal denuncia de estas enfermeras es que les han propuesto una reclasificación a coste cero, lo que significa «más competencias sin reconocimiento retributivo». «Es injusto y se están cargando la dignidad de nuestra profesión», lamenta Mogena.
Negociación. La negociación del estatuto marco, que es la norma que enmarca al personal, se lleva abordando con los sindicatos desde el año 2021 pero «la última reunión fue en junio», indica Mogena.
El problema que advierte SATSE es que esta negociación se está haciendo con el desconocimiento de las comunidades autónomas desde mediados de 2023.
Este sindicato sabe que las comunidades no tienen potestad para hacer ninguno de estos cambios pero «son las que van a pagar la cantidad económica que se acuerde en las negociaciones», concluye.