España es un país que sufre desde hace décadas una tendencia irrefrenable hacia el envejecimiento de su población con unos índices de longevidad mayores cada año. Los diferentes gobiernos han visto muy necesario adoptar medidas para buscar soluciones eficientes para hacer sostenibles las pensiones a las que, por ejemplo, el pasado ejercicio se destinaron más de 171.165 millones de euros de los Presupuestos Generales del Estado para pagar las prestaciones de los más de 9,2 millones de beneficiarios, lo que representó el 11,5% del PIB.
El sistema de pensiones nacional es uno de los más generosos de los países desarrollados, según un Informe de la OCDE y, desde el pasado curso, cuenta, además, con una de las mayores tasas de revalorizaciones al aplicar el IPC en los incrementos anuales. De hecho, el sistema público garantiza casi el 80% del salario de los trabajadores cuando se jubilan, un nivel que casi duplica al del resto de la UE.
Tanto desde Bruselas como desde los principales organismos financieros nacionales e internacionales vienen recomendado a España alargar la edad de la jubilación todo lo que sea posible para hacer viable el sistema de la Seguridad Social.
Ante esta realidad, y con el fin de hacer sostenibles las nóminas de los pensionistas, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en julio de 2011 una de las reformas políticas más cuestionadas en la que impuso un aumento gradual de dos meses cada ejercicio hasta los 67 años a los que se llegará en 2027 para poder cobrar la paga íntegra.
En este sentido, una de las novedades para 2024 es que la edad legal se incrementa en dos meses más, hasta 66,6 años para los trabajadores con menos de 38 años cotizados y, además, se mantiene en 65 años la edad ordinaria para aquellos con más de 38 en activo.
El pasado 2023, la evolución de la edad real de retiro rompió la barrera psicológica tradicional de jubilarse a los 65 años y escaló hasta los 65,1 años, con datos disponibles hasta noviembre, es decir, 0,3 años más respecto a 2022.
Los expertos subrayan que uno de los elementos clave que está favoreciendo esta prolongación es la modalidad denominada de retiro demorado, que aumentó en el último ejercicio un 50% y ya supone el 8,2% de las altas, mientras que el retiro anticipado está descendiendo por las penalizaciones que está aplicando la Seguridad Social.
En esta línea, la jubilación anticipada cayó el pasado año un 22,5% mientras que antes de la implementación de la reforma era el 27,5%. Los datos constatan que la reforma está dando sus frutos al desincentivar el retiro adelantado, que supone cada año unos 1.200 millones de euros en concepto de las cotizaciones que los trabajadores dejan de pagar al retirarse prematuramente.
La política de penalizaciones en las jubilaciones anticipadas revela que, por ejemplo, en el caso de un trabajador con menos de 38,6 años cotizados que decide adelantar su retiro dos años verá mermada su prestación en un 21%.
Asimismo, el que fuera ministro de la Seguridad Social en la pasada legislatura, José Luis Escrivá, introdujo en enero de 2022 dos fórmulas combinables para premiar el atraso voluntario del retiro cumpliendo un mínimo de 15 años cotizados y 65 años de edad, mediante un porcentaje añadido del 4% por cada año adicional cotizado tras cumplir la edad ordinaria.
Complemento extra
Con esta medida, el Gobierno ofrece un cheque va desde los 4.700 a los 12.000 euros aproximadamente, con lo que, por ejemplo, una pensión de 25.000 euros con menos de 44 años cotizados, el suplemento extra le reporta 8.565 euros. La mejora de su base reguladora sería de 1.000 euros al año, es decir, al menos 20.000 euros en dos décadas, lo que hace que muchos trabajadores se decanten por coger la bonificación.