Durante los seis años de mandato de Pedro Sánchez, el País Vasco ha recibido 14 competencias, menos de la mitad de las comprometidas por el Gobierno central en 2020 para desarrollar el Estatuto de Autonomía. Aún así, Euskadi goza de bastantes más privilegios que la mayoría de las comunidades de España, entre ellos, un sistema de financiación propia, la Ertzaintza y la gestión de las prisiones. 

El balance es positivo si se compara con las cero transferencias logradas durante los años en los que el popular Mariano Rajoy estuvo al frente del país.

No obstante, para el lendakari, Iñigo Urkullu, las elecciones del domingo suponen acabar su mandato sin avanzar en el autogobierno vasco, que ha fiado al desarrollo del Estatuto, dejando en segundo plano las reivindicaciones de un nuevo estatus político para la región.

De entre casi la veintena de asuntos pendientes, la administración del régimen económico de la Seguridad Social, que supondría el pago de las prestaciones, queda para el final, aunque antes habrá que hacer los estudios de viabilidad pactados por ambos Gobiernos. También está por traspasar la gestión de los puertos de interés general y la de los aeropuertos, una de las reivindicaciones de las que el PNV ha hecho bandera durante la campaña electoral.

Las últimas competencias en llegar gracias al acuerdo de investidura entre PNV y PSOE han sido las del servicio ferroviario de Cercanías, la homologación de títulos universitarios y los itinerarios de integración social de los inmigrantes. 

Concierto Económico Vasco

Euskadi, al igual que Navarra, está fuera del régimen de financiación común. Ambas comunidades cuentan con un sistema que regula las relaciones tributarias y financieras con el Estado.

Las diputaciones forales son las encargadas de recaudar impuestos en Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y el Ejecutivo regional paga al Gobierno central a través de una figura denominada Cupo por competencias no transferidas, como es el caso de Defensa. Se trata de un plan pactado y recogido en la Constitución que tiene su origen en los derechos históricos de los territorios forales vascos.

La gestión de prisiones y la reinserción de los reclusos

El Ejecutivo del País Vasco asumió el 1 de octubre de 2021 la gestión de las tres cárceles regionales, las de Zaballa (Álava), Martutene (Guipúzcoa) y Basauri (Vizcaya), con lo que la comunidad autónoma se convirtió junto a Cataluña en la segunda en contar con esta responsabilidad.

El tratamiento a los presos de ETA, que paulatinamente han ido acercándose a estas prisiones durante los mandatos de Pedro Sánchez, ha sido una de las principales polémicas a la que ha tenido que hacer frente el Gobierno de Íñigo Urkullu desde que tomó las riendas de esta competencia.

El modelo penitenciario vasco apuesta por medidas de carácter terapéutico y educativo, y por el impulso de justicia restaurativa. Un ente público, Aukerak (Oportunidades), es el encargado de organizar todos los asuntos relacionados con la reinserción sociolaboral de los presos.

Es un sistema pactado y recogido en la Constitución que tiene su origen en los derechos históricos de los territorios forales vascos.

Una Policía integral

El País Vasco es, junto con Navarra y Cataluña, una de las tres autonomías que cuenta con un Cuerpo propio de vigilancia. Con 8.000 agentes, la Ertzaintza nació en 1982 y actúa como Policía integral en materia de seguridad y de gestión de tráfico.

El acuerdo de investidura de Pedro Sánchez suscrito por PNV y PSOE ha conllevado nuevas atribuciones como la investigación de delitos medioambientales y la seguridad de las instalaciones del Puerto de Bilbao, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.

El Ingreso Mínimo Vital

Otra de las competencias transferidas con el Gobierno ha sido el Ingreso Mínimo Vital, que ha llegado a una comunidad con larga trayectoria en gestión de prestaciones sociales, en este caso de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI).

Ambas prestaciones son gestionadas por el Sistema Vasco de Empleo, Lanbide, que ordena las políticas activas de empleo en Euskadi desde 2011.