El acuerdo con Mercosur abre un mercado de 268 millones de personas a los productos de la UE, mientras que la organización iberoamericana gozará de aranceles preferentes para sus productos, en particular los agropecuarios, un pacto que ha generado satisfacción al ministro de Agricultura, Luis Planas, que opina que se abre una gran oportunidad económica para el agro. «Nuestro sector agroalimentario saldrá reforzado de esta apertura a un continente con el que nos unen lazos de cultura e idioma», destacó el responsable del ramo en su cuenta de Twitter, una afirmación con la que no pueden estar más en desacuerdo las organizaciones profesionales agrarias (OPA) de La Roja, que consideran que, una vez más, se les usa como moneda de cambio.
Eduardo Pérez Hoces, presidente de ARAG-Asaja, apunta que, de entrada, no se oponen a un tratado de libre comercio, que permite el intercambio de productos, ahora bien, siempre con las mismas reglas de juego. «Las exigencias a las que está sometida la producción de cualquier alimento en Europa deben ser las mismas que en terceros países», plantea el representante sindical, que apunta que lo contrario supondría una clara competencia desleal.
Considera que serán todas las producciones las perjudicadas -cereal, frutas u hortalizas-, pero alerta de la alimentación al ganado, cebado con productos prohibidos en Europa. «Estas sustancias repercuten en el consumidor, que van a ingerir alimentos que no es seguro que sean totalmente sanos para la salud», argumenta Pérez Hoces, que constata que los costes de producción, tanto económicos, como sociales y medioambientales, son más elevados en territorio UE.
El presidente de Asaja muestra su sorpresa por la reacción del ministro de Agricultura y avanza una manifestación en Madrid el próximo lunes.
En esa movilización participará también la Unión de Agricultores, cuyo presidente, Óscar Salazar, considera «indignante» el acuerdo para el campo. «Parecía que la UE había tomado un nuevo rumbo, tras las manifestaciones de febrero, y ahora nos encontramos con esto», argumenta Salazar, que se muestra muy crítico con la postura del Gobierno español, impulsor del pacto. «Que pretendan utilizarnos, una vez más, a la agricultura y ganadería de este país como moneda de cambio para otras producciones es indignante», reitera el presidente de la UAGR, que señala que este tipo de acuerdos fulminan a agricultores y explotaciones para «ponernos» en manos de terceros países, donde producen con sustancias prohibidas en Europa.
Los ganaderos. Néstor Alcolea, secretario de organización de UPA, esgrime argumentos similares a sus colegas, reitera su creencia en que el sector primario se convierte, en el ámbito europeo, en moneda de cambio para otras producciones -tal es el caso de automóviles- y destaca el daño que va a sufrir el sector ganadero en La Rioja, porcino, avícola y vacuno.
Estima que el Ministerio, «que no escucha al sector», debe evaluar qué consecuencias y sobre qué productos puede tener el acuerdo, «en contra de la promesa de Von der Layen de la escucha activa» a la que se comprometió tras las movilizaciones de febrero . «¿Dónde nos lleva esto? ¿A una Europa sin sector primario», reflexiona Alcolea, que recuerda su importancia crucial durante la pandemia.