«Sería un caos tremendo; el Seris ya está desbordado y saturado y la asistencia que presta es bastante deficitaria, como así constatan las largas listas de espera». Quien así se expresa es el presidente de CSIF, Jesús Vicente Hernández, que entiende que la inclusión de 10.500 personas que no comparten expedientes médicos -las aseguradoras que prestan los servicios a través de Muface no están interconectadas con la Seguridad Social- causaría graves afecciones a todos los mutualistas. Señala que los cambios de facultativo o los nuevos historiales médicos contribuirían a colapsar un sistema gravemente afectada por el déficit de profesionales.
Hernández coincide con la Consejería de Salud en denunciar los mensajes contradictorios del Ministerio de Sanidad, que aparee claramente dispuesto a desmantelar Muface y trasvasar los mutualistas al sistema público, y el de Función Pública, que elabora un nuevo contrato que ofrecer a las aseguradoras. «Lo único que logran es generar preocupación y dudas entre todos los mutualistas», 1,5 millones en el conjunto del Estado y 10.500 en La Rioja.
Hernández insiste en la «tremenda incertidumbre» entre los afectados y defiende el actual sistema por lo que exige al Gobierno una nueva licitación, adaptando las condiciones económicas porque, en su opinión, se arrastra «desde hace mucho tiempo» una falta de actualización de las cuantías, lo que condujo a las aseguradoras, a dejar desierto el concurso. De hecho, afirma que la insuficiente adecuación de la financiación a las nuevos requerimientos de los usuarios -el infome del Ministerio de Sanidad recalca su envejecimiento- ha provocado que «se resienta» la asistencia sanitaria. Al respecto, avanza una nueva acción de protesta el 16 de diciembre frente a la Delegación del Gobierno, como continuidad a la protagonizada el pasado 11 de noviembre.
Licitación. Por su parte, Fernando Domínguez, secretario general de la Federación de Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT, recuerda que la última comunicación del Gobierno señala la continuidad de Muface, y su futura licitación que, hasta que se produzca, prevé una prórroga del servicio, lo que garantiza la atención sanitaria a 10.500 riojanos. «Esa es la información con la que ahora contamos, y a ella nos ceñimos», señala el responsable de UGT, que no se atreve a vaticinar cuáles serán los próximos pasos del Gobierno.
Domínguez coincide en que se genera confusión entre los asociados por los mensajes contradictorios de dos ministerios, aunque reitera que el informe del Ministerio no asegura en «ningún momento» que se vaya a desmontar el sistema porque, de lo contrario, no se volvería a sacar a concurso. No obstante, vaticina que, «es el Gobierno», y se verá abocado a llegar a un acuerdo, al tiempo que recuerda que las competencias las tiene el Ministerio de Función Pública, partidario de mantener el sistema.
Opina, además, que otras organizaciones están contribuyendo a alimentar la incertidumbre, a la que también coadyuvan las manifestaciones de los consejeros de otras comunidades, que han manifestado su incapacidad de hacer frente a los nuevos pacientes.