El conocido como crimen de Cuzcurrita, que costó la vida al hostelero Guillermo Castillo, da sus últimos pasos de forma previa al señalamiento de un procedimiento legal para el que se conocerá la fecha, previsiblemente, antes de las vacaciones de verano. De momento, las partes implicadas en la causa ya han remitido los correspondientes escritos de calificación. Así, la acusación particular, ejercida por el bufete del mediático abogado Marcos García-Montes, va a por todas y solicita prisión permanente revisable para los dos acusados de los hechos que generaron la muerte del hostelero de Cuzccurita del Río Tirón en la fatídica noche del dos de mayo de 2023.

La representación legal de la familia de Guillermo basa su petición en los delitos de asesinato con alevosía, robo con violencia y pertenencia a organización criminal. Desde el bufete de García-Montes mantienen la idea de que los dos detenidos, actualmente en prisión, no pudieron actuar solos. Consideran también que tras agredir violentamente al hostelero en su propio domicilio, los dos acusados acudieron a «un narcopiso situado en Lardero» y regentado, tal y como consta en el escrito de acusación, por C.G. En la citada vivienda, pudieron deshacerse de la ropa que llevaban puesta y se les proporcionó una vestimenta diferente, siempre en base al argumentario expuesto por la acusación particular en su escrito.

De la misma forma, el despacho de García-Montes incluye el hecho, en aras de justificar la prisión permanente revisable, de que Guillermo Castillo «era una persona de cierta edad, padecía problemas médicos y por tanto, era vulnerable», con lo que no pudo ejercer defensa propia.

La acusación ha intentado en todo momento que C.G. fuera imputado en el procedimiento legal como colaborador si bien, la jueza ha mantenido su condición, exclusivamente, de testigo en el juicio. Es decir, «las preguntas que se le pueden formular no serán las mismas» bajo una consideración u otra.

Por otro lado, ambos acusados se han declarado insolventes por lo que la familia derivará la responsabilidad civil al Estado, en concreto a Instituciones Penitenciarias ya que uno de ellos disfrutaba de un permiso carcelario el día de los fatídicos hechos, y el otro acababa de obtener la libertad tras cumplir condena. Por su parte, el ministerio fiscal no recurre a la prisión permanente revisable pero sí solicita 27 años de pena carcelaria para cada uno de los acusados, a razón de 23 años por el asesinato de Guillermo Castillo y cuatro por el delito de robo con violencia.

Y por último, las defensas niegan la implicación de los acusados en los hechos y reclaman la libre absolución de ambos. 

Tribunal del jurado. Los hechos se remontan al dos de mayo de 2023. La hija de Guillermo dejó a su padre en su domicilio del municipio riojalteña, como hacía cada noche. Tras abandonar la vivienda, los presuntos autores del asesinato llamaron a la puerta de Guillermo Castillo. Una vez dentro, le propinaron una brutal paliza con el objetivo del robo en mente. Pudieron hacerse con un botín de apenas seiscientos euros, según los datos trasladados en su día por los agentes del Instituto Armado encargados de la investigación.

El caso pasó del juzgado de Instrucción número 2 de Haro a la Audiencia a principios del mes de mayo de 2023, justo un año después del terrible asesinato. Con todo, el procedimiento legal se encamina ya hacia la obtención de la verdad jurídica que deberá dictaminar un jurado popular. Tras su veredicto, será la presidencia de la sala la que determina si los hechos justifican la imposición de la prisión permanente revisable, los años de condena o la absolución. 

El narcopiso de Lardero que sirvió de cobijo a los dos autores

La inclusión del narcopiso situado en Lardero en el escrito de acusación formulado por la representación legal de la familia añade, al menos en parte, una novedad más al caso. Desde el bufete de Marcos García-Montes han mantenido, desde que asumieran la representación legal de la familia, que los dos acusados, actualmente en el centro penitenciario de la capital riojana, y la novia de uno de ellos, no pudieron perpetrar los hechos en solitario. 

Siempre han tenido las sospechas, o «las certezas», como señalan desde el despacho ubicado en Madrid, que existen más implicados.

La calificación de la acusación, integra así en su escrito la participación de C.G., en cuya vivienda, siempre en base al escrito de la acusación, se despojaron de sus ropas los dos detenidos, se lavaron y cambiaron su vestimenta.

La irrupción del narcopiso larderano suma un punto más a las críticas vertidas tanto por los abogados como por parte de la familia sobre una investigación con la que han mostrado su disconformidad en reiteradas ocasiones. De hecho, el bufete ha solicitado también la inclusión de C.G. como investigado y no solo como testigo como mantiene la  jueza encargada del caso.

A todo ello se suma también la disconformidad con el informe de la autopsia en el que el bufete de Marcos García-Montes solicitaba añadir determinados detalles tales como si Guillermo Castillo sufrió agonía de forma previa a su muerte. 

También reclamaban aclarar la hora del fallecimiento ya que a juicio de los letrados, el informe proyectaba ciertas incoherencias en este sentido. 

En cualquier caso, el narcotraficante de la localidad riojana de Lardero se personará en el procedimiento legal a título de testigo, no de investigado.