Muface, que era ayer trending topic en Twitter, lo que es sintomático del considerable interés que su futuro genera, parece que se aboca a su desaparición. O ese es, al menos,  el deseo de la ministra de Sanidad, Mónica García, cuyo departamento considera «viable y razonable» la supresión de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, un órgano creado en 1975 para dotar a los trabajadores públicos de un sistema unificado de Seguridad Social. Nacido con 300.000 mutualistas, medio siglo después da cobertura a 1,5 millones de españoles, de los que 10.500 -8.000 empleados públicos y 2.500 familiares beneficiarios-  son riojanos que, de desmantelarse este sistema, pasarían a ser atendidos por el servicio público, el Seria, una tarea que no se antoja en absoluto sencilla.

La voluntad de la ministra, ante un modelo que no considera sostenible, es desmontar Muface e incorporar en 9 meses a todos los mutualistas a la sanidad pública. Así lo recoge en el documento al que ha tenido acceso este periódico, que ha titulado Muface: del seguro privado al Sistema Nacional de Salud, que ya da sobradas pistas de su contenido, y que ha elaborado una vez que las aseguradoras dejaran desierto el concierto para seguir prestando asistencia sanitaria.  Y, mientras, el Ministerio de Función Pública, que dirige el socialista Óscar López -Mónica López pertenece a Más Madrid- trabaja en la redacción de un nuevo pliego que genere mayor atractivo entre las compañías, lo que, además de constatar, una vez más, las grietas en el seno del Ejecutivo, ha generado confusión entre mutualistas y comunidades autónomas.

Al respecto, la Consejería de Salud riojana ha expresado sus críticas hacia el Gobierno central, que  «debe proporcionar tranquilidad a los ciudadanos en vez de sembrar dudas innecesarias» y apela a que el asunto sea debatido en el seno del Consejo de Ministros y se informe cuando exista una postura única y común.

El departamento que dirige María Martín apunta que carece de notificación alguna por parte de Sanidad y asegura que la única información de la que dispone es la recogida en los medios de comunicación, gracias a la publicación del documento que filtró el Ministerio el lunes. Además, resalta que el contenido de dicho informe contradice lo  trasladado por ambos ministerios sobre la continuación de la negociación con Muface.

¿QUé supondría? El documento del Ministerio de Mónica García argumenta que la población mutualista de Muface está envejecida ,ya que en el caso de en La Rioja, que refleja casi con exactitud las cifras de la media nacional,  el 32% tiene más de 65 años y menos del 12% es menor de 14-, lo que hace prever que en el caso de continuar el modelo actual de provisión de servicios, «los incrementos de cápita que tendrían que producirse a futuro serían de una cuantía importante».

Además, insiste en que ni siquiera la incorporación de población joven serviría de contrapeso para los que requieren mayor uso del servicio, por lo que entiende que la trasvase hacia el modelo público es inevitable.

En términos globales, la incorporación de la totalidad de la población mutualista de Muface supondría un incremento medio del 2,12% en el número de personas que pasarían de la asistencia privada a la sanidad pública.  La afección en La Rioja sería algo menor porque, de acuerdo con  los cálculos del Ministerio, la proporción de mutualistas es «intermedia», lo que se traduce en 1,92% más de pacientes. En la disgregación por grupos de edad, se refleja ese envejecimiento y solo el 1,30%  de los mutualistas riojanos tienen entre 15 y 34, mientras que el 1,84% se encuadran en la franja de 35 a 64.

Así las cosas, la asunción de 10,500 nuevos pacientes supondría un nuevo quebradero de cabeza para la sanidad pública, y no solo la riojana, que se enfrenta a listas de espera y falta de profesionales que den respuesta a las nuevas necesidades.

La Consejería riojana subraya que se trata de un asunto «muy delicado»,  que afectaría directamente al sistema público de salud de La Rioja y, sobre todo, a los derechos de los trabajadores de la administración. Por ello, insta al Ministerio a que convoque a todas las comunidades autónomas en todos los órganos competentes e informe con «detalle y rigor» sobre este asunto, en particular, en lo relativo al déficit de profesionales y a la financiación.

Al respecto, el Ministerio de Sanidad señala que  la financiación que iría destinada a la provisión de la asistencia sanitaria por parte de las aseguradoras privadas a los mutualistas de Muface será transferida, de acuerdo a la necesidad estimada, a las comunidades autónomas para su inversión, con carácter finalista en los respectivos servicios  de salud durante los primeros tres años.