Mas allá de la carpeta de la financiación, el preacuerdo entre los equipos negociadores del PSC y de ERC para despejar la investidura de Salvador Illa incluye medidas en el ámbito del conflicto político, del impulso social del idioma catalán y de infraestructuras como el Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

El pacto sellado entre socialistas y republicanos lleva otras cesiones del Ejecutivo que aparecen detalladas en el dodumento de 25 páginas dado a conocer por Esquerra para ufanarse de lo que han arrancado a Pedro Sánchez a cambio de sus votos. Son estas: 

Una 'nación' con aspiración internacional

Cataluña es «una nación donde el catalán ha actuado y debe seguir actuando como la lengua común y de progreso del conjunto de la sociedad y donde la vocación europeísta y mediterránea debe continuar guiando la proyección internacional del país», señala el texto.

Como medidas para «potenciar su uso social», el acuerdo prevé que «la política lingüística tenga rango de Departamento» o que el nuevo Govern socialista asuma el Pacto Nacional por la Lengua del Ejecutivo de Pere Aragonès y lo dote con 200 millones en su primer año.

Buena parte de este apartado se centra en garantizar (más) el catalán como idioma vehicular en la Educación. También en actividades extraescolares o en asegurar que se invierta en audiovisual en catalán lo ya previsto en los presupuestos, no aprobados, de 2024.

Se pacta, asimismo, que se mantenga el departamento de Acción Exterior y se «consolidará y ampliará» la red actual de delegaciones; ya tiene 21 en otros países.

En el ámbito del deporte se «promoverá la proyección de las federaciones deportivas catalanas y su reconocimiento», mediante una nueva oficina del Govern y con la intención de que aquellas federaciones catalanas fundadas antes que las españolas «puedan optar a la participación directa en el ámbito internacional».

Continuidad de las iniciativas públicas de Aragonès

Entre lo ya impulsado por el Ejecutivo de Aragonès, ERC se asegura que se «consolide» el rol de la empresa pública L'Ènergètica; diversas medidas para seguir con el despliegue del traspaso de Rodalies; o mantener los impuestos de sucesiones y patrimonio en sus tipos actuales, sin implementar propuestas de deflactación del IRPF, un gravamen que se rebajará para rentas menores de 35.000 euros. En educación se mantendrá la gratuidad en Infantil 2 y se avanzará para hacer gratuito y universal el ciclo de cero a tres  años, con la implementación de la gratuidad en Infantil 1 en el curso 2025-2026; y en cultura se alcanzará el dos por ciento del presupuesto de la Generalitat en 2025. 

Devolver el conflictoregional a la política

El primer punto del texto aborda la «resolución del conflicto político» catalán, como así lo definen, sobre el que ambas partes consideran que la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut supuso «un antes y un después», si bien admiten que tiene «profundas raíces históricas».

El fallo del Tribunal de Garantías «evidencia un choque entre la legitimidad parlamentaria y popular de Cataluña y la legitimidad institucional y constitucional del Estado (sic), ambas imprescindibles en toda democracia avanzada y en cualquier Estado de Derecho», convienen socialistas y republicanos.

Las dos partes rechazan que la solución pase por «la respuesta judicial» y ponen en valor «el camino recorrido» en los últimos años -indultos, derogación de la sedición y amnistía a los implicados en el procés-, al tiempo que abogan por «devolver el conflicto al terreno de la política».

La «nueva etapa» debe centrarse en dos premisas: «El debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña y la forma de vehicular institucional y jurídicamente este reconocimiento» y «la necesidad de que los acuerdos, fruto del diálogo y la negociación, sean refrendados por la ciudadanía, y favorezcan la creación de un amplio consenso sobre el futuro de Cataluña».

Con base en todo lo anterior se acuerda que durante el primer pleno del Parlament bajo el nuevo Govern se cree una Convención Nacional para la resolución del conflicto político, que presidiría un miembro de Esquerra. Este ente «promoverá» un debate sobre la resolución del conflicto, «monitorizará» la aplicación de la ley de amnistía y el Govern le asegurará los recursos humanos, técnicos y materiales necesarios. Otra oficina y otros cargos más a incorporar, en definitiva. 

Hard Rock, El Prat y Renta Básica

PSC y ERC también pretenden avanzar hacia lo que pomposamente llaman un «modelo de país basado en el progreso». En el caso del polémico macroproyecto de ocio Hard Rock -el detonante del fin de la legislatura- pactaron inicialmente modificar la ley de modo que se incremente el tipo impositivo vinculado a los casinos hasta dejarlo como preveía la norma anterior. Sin embargo, la adhesión de los Comunes a este pacto obligó a aparcar este polémico proyecto. 

Por otra parte, la Oficina del Plan Piloto para implementar la Renta Básica Universal se mantendrá, si bien no se concreta qué actuaciones debe llevar a cabo.

El documento defiende también que el aeropuerto de El Prat debe «ganar capacidad con nuevas conexiones intercontinentales de largo radio». Se creará un nuevo Consejo Rector Aeroportuario para que la Generalitat tenga «un papel determinante en la definición, articulación y gestión del nuevo sistema aeroportuario catalán». Se creará, además, la Autoridad Aeroportuaria de Cataluña para dar apoyo al «nuevo modelo».

Implantar el idioma en los sectores estratégicos 

No hace falta ser un lince para ver que muchas de las acciones del pacto van dirigidas a un objetivo muy concreto: arrinconar el español en todos los ámbitos de la sociedad catalana. 

De hecho, el documento recoge que el Govern deberá «establecer un calendario de capacitación del personal y normalización del uso» del catalán entre los trabajadores de Salud y Derechos Sociales.

También obliga a desarrollar un plan de impulso del catalán en el audiovisual y el entorno digital y garantizar «activamente» el cumplimiento de la legislación en derechos lingüísticos, especialmente en la empresa y el comercio.

Además, establece que debe garantizar que alcancen el nivel C1 de catalán todos los graduados en universidades catalanas de «grados lingüísticamente estratégicos», como salud, derecho, trabajo social y ciencias de la comunicación. Todo ello, con el objetivo de lograr la «competencia lingüística necesaria para atender a los pacientes y los usuarios del país».