La atención sanitaria ocupa el primer lugar entre las prioridades de la ciudadanía en cuanto a calidad de los servicios públicos. Y esa sensibilidad se plasma también en las reclamaciones por daños y perjuicios que los usuarios plantean al Gobierno regional. La sanidad riojana tramitó en todo 2024 y lo que va de 2024 un total de 27 peticiones de indemnizaciones económicas por personas que se consideran víctimas de fallos o negligencias en el ámbito sanitario, con un importe global por encima de los 11 millones de euros.

De todo ese caudal de requerimientos de ambos años, la Administración riojana ha reconocido, es decir, ha aceptado pagar, más de 1,8 millones por tratamientos o decisiones médicas que han causado perjuicios a los pacientes afectados o de empresas que se sienten perjudicadas por las medidas tomadas en la pandemia. Lo elevado de la cifra tiene una causa que es preciso matizar. Si en todo 2023 el Gobierno riojano reconoció el pago de 175.104 euros en concepto de indemnizaciones por fallos en la atención médica, en los meses de 2024 transcurridos hasta ahora la cantidad se dispara a más de 1,6 millones de euros (1.640.469 euros), pero de ese montante casi la totalidad (1.585.000 euros) ha ido a resarcir de los da- ños morales a las niñas que fueron intercambiadas al nacer en el año 2002 en el antiguo hospital San Millán de Logroño, según informaron a El Día de La Rioja fuentes de la Consejería de Salud. De la relevancia que tienen las reclamaciones por temas médicos sobre el total de peticiones de indemnización que se presentan al Gobierno habla el número de dictámenes emitidos por el Consejo Consultivo de La Rioja, el órgano asesor al que el Ejecutivo pide opinión jurídica sobre este tipo de demandas o en procedimientos jurí- dicos en los que hay opiniones discordantes.

De los 73 dictámenes resueltos por el Consejo Consultivo el pasado año y en lo que va del presente, 27 (más del 40 por ciento) corresponden a reclamaciones económicas por temas referidos a la sanidad. De esas 27 peticiones de compensación por negligencias médicas, el órgano consultivo estimó parcialmente siete en ambos años. Uno de esos fallos que el Consultivo estimó parcialmente, el que plantea una mayor indemnización (62.834 euros), es el que denunció una mujer a la que se estirpó innecesariamente el riñón izquierdo en el Hospital San Pedro en febrero de 2022, tras habérsele diagnosticado un carcinoma uroletial, que finalmente se reveló como inexistente.

La afectada había solicitado Del total de demandas de compensación económicas sobre las que el Consultivo emitió dictámenes, que luego el Gobierno de La Rioja suele aceptar, se derivaron peticiones por valor de 8,7 millones de euros en 2023, de las que esos informes jurídicos proponían abonar 199.497 euros, mientras que lo exigido por usuarios de la sanidad que se sintieron perjudicados en lo que va de 2024 ascendió a casi 2 millones de euros, pero de todas esas exigencias la entidad consultiva planteó reconocer el pago de únicamente 49.109 euros.

A todo ello habría que sumarle otras dos reclamaciones que el Consejo Consultivo tiene ahora en tramitación, sobre las que aún no ha emitido informe sobre si el Gobierno de La Rioja debe aceptarlas o no, que suman 557.000 euros. Una de esas demandas, sobre las que el Consultivo solo informa cuando hay un dictamen, se corresponde con una reclamación de responsabilidad patrimonial a Salud por daños y perjuicios derivados de la asistencia sanitaria a un paciente, que solicita una compensación de 467.296 euros. La otra es la de un usuario del Servicio Riojano de Salud (SERIS) que pide ser indemnizado con 89.932 euros por lo que considera una mala atención que recibió al ser tratado sobre una dolencia en su rodilla izquierda.

15.000 EUROS POR UN FALLECIMIENTO EN URGENCIAS En los dos últimos ejercicios chequeados por El Día de La Rioja en los dictámenes del Consejo Consultivo, este órgano asesor ha recibido seis reclamaciones de indemnización por supuestas negligencias médicas con resultado de muerte, pero solo una de ellas fue admitida parcialmente. Se trata del caso de una familia que exigía al Gobierno de La Rioja una compensación de 143.699 euros por la muerte de una mujer por traumatismo craneoencefálico cuando estaba ingresada en Urgencias del Hospital San Pedro. Según reconoce el dictamen del Consultivo, la paciente, una mujer dependiente por sufrir demencia, fue ingresada por un cuadro de fiebre, tos y dificultad respiratoria. Cuando esperaba en uno de los boxes de Urgencias para ser atendida, se cayó de la cama al suelo y se golpeó en la cabeza. Finalmente, falleció.

CAÍDA EN EL TOBOGÁN DE UNA GUARDERÍA De las indemnizaciones que sí han sido aceptadas por los informes del Consultivo destaca por su importe la presentada por la familia de un niño de dos años que sufrió hipoacusia profunda izquierda (sordera en uno de sus oídos) al caerse de un tobogán en la Escuela Infantil La Florida, en Alfaro, y golpearse en la cabeza el 31 de enero de 2022. En este caso la reclamación no iba dirigida a Salud, sino a la Consejería de Educación, a la que los padres del menor, que necesitó ser operado para colocarle un implante coclear, pidieron 246.585 euros por los daños sufridos, tanto de tipo moral como gastos económicos. El órgano consultivo estimó parcialmente la solicitud y propuso que el Gobierno de La Rioja compense a esa familia con 73.135 euros.

UN MILLÓN DE EUROS POR UN AUMENTO DE DIOPTRÍAS Al margen de varias solicitudes de compensación económica recibidas el pasado año por parte de empresas que se consideraban perjudicadas por los cierres y limitaciones a sus establecimientos durante la pandemia de la Covid, la reclamación más alta de las tramitadas por el Consejo Consultivo fue la presentada en 2023 por un paciente del SERIS que exigía un millón de euros por un aumento de dioptrías de la que esta persona culpaba a la medicación que se le pautó y «a una supuesta difamación contraria a la buena praxis médica. Pese a esa pretensión tan elevada, el Consejo Consultivo propuso desestimar esa reclamación, al no encontrar razones que avalen mala praxis y considerar que la asistencia sanitaria prestada a la reclamante se ajustó a la lex artis (práctica médica correcta).