Ovacionada por su grupo parlamentario en pie, la presidenta del Gobierno de La Rioja, Concha Andreu, logró ayer la aprobación de los últimos presupuestos de la legislatura, que entrarán en vigor el día 1 de enero, y que se ejecutarán en un año que asistirá el 28 de mayo a elecciones autonómicas.
Sin sorpresas, y con el apoyo tradicional del grupo socialista; el mixto, formado ahora únicamente por la diputada de IU Henar Moreno; y la consejera de Igualdad, Raquel Romero, que ha sido expulsada de Podemos; el pleno aprobó, con 17 votos frente a los 16 de PP y Cs, una presupuesto de 1.825 millones de euros. El visto bueno se produjo en la sesión vespertina, después de que durante la mañana tuviera lugar la discusión de las enmiendas parciales, de las que salieron adelante tres de las más de 500 en un debate que transcurrió por los carriles esperados: el Gobierno y su socia de IU contraponiendo su modelo de gestión al de la oposición, que en reiteradas intervenciones censuró al equipo de Andreu por apoyarse en la «tránsfuga» Romero para gobernar.
La presidenta hizo caso omiso de las críticas y cerró el debate de presupuestos con una intervención triunfal, en la que destacó que estos «buenos» presupuestos plasman la mayor inversión social de La Rioja, hasta alcanzar los 1.663,42 millones en gastos no financieros.
«Suponen un hito más de estabilidad política y reducen el gasto financiero un 54,7% hasta los 161,16 millones», informó la presidenta, que recordó que se aprobaron por el Gobierno antes del 1 de octubre, cumpliendo los plazos de que marca la ley, «y no como otros».
Agradeció, particularmente al consejero de Hacienda, Celso González, el trabajo realizado para elaborar una cuentas que demuestran la capacidad del Ejecutivo para la escucha, el diálogo, llegar a acuerdos y dar estabilidad» a La Rioja y destacó una partida de 1.182 millones para gastos sociales, 586 para salud, con el foco puesto en Atención Primaria y la incorporación de más profesionales. Habrá 218 para «reforzar el escudo social» y 380 para «seguir avanzando» en educación en la mejora de las condiciones de los docentes, en el refuerzo del éxito escolar y en el desarrollo de la FP.
Andreu, que resaltó que las políticas activas de empleo se elevará a 13,3 millones y 66,5 para la ADER, señaló que es una muestra más de un proyecto «concreto, responsable y beneficioso», que otorga «estabilidad y certidumbre» aprovechando el «potencial» del diálogo social. «Estas nuevas cuentas van a hacer realidad el proyecto ambicioso y transformador que hemos preparado para La Rioja», concluyó Andreu.
Había abierto el debate de presupuestos el popular Alfonso Domínguez, que auguró que serán «los últimos» del gobierno socialista. «Se pagarán más impuestos, tenemos un gasto público exacerbado y los peores servicios», resumió el diputado, que afirmó que «ni un solo euro» de los fondos europeos ha llegado a ciudadanos y empresas.
En un tono similar, la portavoz de Cs, Belinda León, lamentó que no se les aprobara ninguna enmienda al activarse «el rodillo» del Gobierno y sus socias, Moreno y la diputada «tránsfuga, [Raquel Romero], que genera inestabilidad institucional».
La diputada socialista Sara Orradre defendió las buenas cifras que, dijo, presenta La Rioja en tasa de desempleo, afiliación e inversión en I+D. «Estos presupuestos, los cuartos de Andreu, van a profundizar en los indicadores de los que más orgullosos estamos», afirmó la parlamentaria, que criticó a la «derecha radical populista, cuyas «políticas caducas» conducen a la desprotección social.
Henar Moreno, clave para el Gobierno de Andreu, contrapuso en todo momento su modelo de gestión con el del PP y Cs y defendió los servicios públicos. «Ustedes siempre se acuerdan de los mismos, del 1% que tiene que pagar el impuesto de patrimonio y pretenden aumentar la cuantía para la concertada para hacer una escuela de pobres y otra de ricos», espetó la diputada de IU a la bancada popular, a los que achacó querer «privilegiar a los de siempre».
Precisamente, Moreno, que se negó la semana pasada a apoyar la Ley de Medidas Fiscales, ha rectificado y la Mesa y Junta de Portavoces se reúne esta mañana para calificar diversas iniciativas, incluida esta norma, que se quiere tramitar de manera urgente y de lectura única [como ayer se hizo con el Parque del Alto Najerilla] para que se puedan aprobar en el pleno del 29. Este cambio de postura obedece, según explicó, al acuerdo alcanzado con el PSOE por el que se introduce una moratoria para las macrogranjas y una reunión «todos los lunes» para realizar el seguimiento del cumplimiento de lo pactado.