Las organizaciones que representan a las denominaciones de origen europeas y en España, la Efow y la Cecrv, respectivamente, han acogido con satisfacción el texto final acordado por las instituciones comunitarias para la regulación de las indicaciones geográficas de la Unión Europea (UE).

Para la European Federation of Origin Wines (EFOW) y la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas (Cecrv), la reforma garantiza ahora que se mantengan las especificidades del sector vitivinícola, han señalado en un comunicado emitido este martes.

Además, han valorado que en el texto final las denominaciones de origen de vino siguen vinculadas al reglamento para la organización común de los mercados agrarios, una de las bases sobre las que se asienta la Política Agrícola Común (PAC).

Asimismo, han señalado que la reforma contendrá también otros aspectos positivos, como la primera definición de sostenibilidad para los productos que se benefician de una indicación geográfica, o un refuerzo de las competencias de las agrupaciones de productores reconocidas para la gestión de las indicaciones geográficas.

El texto también define claramente las competencias de los Estados miembros y de las instituciones europeas con respecto a la gestión del sistema de indicaciones geográficas y sus pliegos de condiciones.

"El sector del vino con denominación de origen no demandó nunca esta reforma. Sin embargo, hemos hecho de la necesidad virtud para mejorar el texto que presentó la Comisión Europea para iniciar este proceso, para satisfacer sus propias necesidades", ha señalado el presidente de EFOW, Bernard Farges.

Por su parte, el presidente de Cecrv, David Palacios, ha querido agradecer el papel jugado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación el marco de esta reforma, al coordinar las posiciones conjuntas de los grandes países productores de vino con el fin de que la política de indicaciones geográficas siga estando en la PAC.

Las instituciones de la UE aprobaron el pasado 24 de octubre el texto definitivo que partió de una propuesta legislativa inicial de la Comisión Europea, presentada en marzo de 2022, con la que se daba inicio al proceso legislativo para la reforma de la regulación de las indicaciones geográficas.