Más allá de los hechos que se juzgan desde ayer en la Audiencia Provincial contra los dos acusados del asesinato de Guillermo Castillo, ambos, en base a sus propias declaraciones, atentaron durante la fatídica noche de autos contra un amplio abanico de delitos contemplados en el Código Penal español. Por un lado, uno de ellos, C.S.R., un ciudadano de origen portugués de 38 años, condujo de Lardero a Cuzcurrita del Río Tirón bajo los efectos de las drogas, al menos heroína y cocaína. Por otro lado, y siempre en función de las propias argumentaciones esgrimidas en la primera sesión del juicio con tribunal popular portaban, al menos uno de ellos, armas prohibidas y unas esposas.

Una vez en la localidad riojalteña, uno, el otro o ambos, tal y como recoge el ministerio fiscal y las dos acusaciones particulares, asesinaron a golpes al hostelero riojano. Y para no salir de dudas sobre la autoría, al menos de momento, cada uno de los acusados señala al otro como responsable de la brutal paliza que derivó en el fallecimiento de Castillo. Dentro del domicilio de Cuzcurrita donde se desataron los hechos, se produjo otro delito, el robo con violencia. Una cuestión sobre la que, junto al asesinato, deberá deliberar el jurado y emitir su verdecito de culpabilidad, o no.

En cualquier caso, y fuera uno u otro, o ambos, se llevaron alrededor de seiscientos euros y alguna joya y dejaron al finado esposado y agonizando en el cuarto de baño de la planta baja del domicilio del hostelero hasta su muerte. 

A.D.G., ciudadano español de 53 años y con residencia en el barrio de La Estrella, señaló en el momento de abandonar la casa de Cuzcurrita, así lo expresó su entonces amigo, que «hombre muerto, no declara». A lo que su compañero de viaje en la fatídica noche del dos de mayo de 2023 «no dio más importancia», según su propia declaración y dando a entender de que se trataba de algo así como una frase hecha. Hay que tener en cuenta que el acusado de origen español mantuvo ayer en su declaración en la sala 13 de la Audiencia Provincial que, tras llegar al municipio riojano, permaneció en el vehículo mientras C.S.R. acudía al domicilio de Guillermo. En su declaración, éste confesó el robo, si bien aseguró que vio a su compañero «abalanzarse» contra Guillermo Castillo nada más abrir la puerta de su casa. También pudo comprobar que en el vestíbulo «había un charco de sangre». Las imágenes presentadas durante la primera sesión del juicio evidencian que había varias manchas de sangre en la entrada del domicilio «pero estaba a oscuras», señaló. Dicho de otra forma, ambos se desplazaron a Cuzcurrita tras comprar droga a C.G., traficante de Lardero. «C.S.R. me pidió que le acompañara para pedirle el dinero que le debe un señor», señaló el más mayor de los acusados. Una vez más, responsabilidades hacia el otro lado.

En cualquier caso, aquella noche Guillermo Castillo falleció fruto de los brutales golpes a los que fue sometido tras la visita de los acusados. 

Tras el robo, ambos realizaron el trayecto de vuelta hasta Lardero, donde adquirieron más droga. Según las acusaciones, A.D.G. aprovechó la casa del traficante de Lardero para cambiarse de ropa ya que la que portaba estaba manchada de sangre. Ahora bien, se exculpó aludiendo en su declaración ante el jurado que no necesitaba dinero ya que había recibido una herencia de un tío suyo valorada en 11.000 euros. Un dinero que le administraba semanalmente su hermana, con la que vivía antes de ingresar en prisión por el crimen. 

Es decir, de nuevo, acusaciones que viajan de un lado a otro.

Al día siguiente de los hechos, ambos y de forma individual, según su propio testimonio, se enteraron de que el hostelero había sido hallado muerto, esposado y con evidentes signos de violencia.

«Jamás he pegado a nadie». Siguiendo así con el repaso al Código Penal en la noche de autos, ninguno de los dos alertó de lo sucedido. «Si lo hubiera comunicado, no me vería en esto ahora», indicó el más mayor de los acusados. Es más, aseguró ante el jurado que «yo jamás he pegado a nadie. El que tenía problemas de dinero era el otro que siempre decía que tenía que pagar cosas» al tiempo que afirmó que no conocía a Castillo.

No así el más joven de los acusados, quien además de haber trabajado para el hostelero riojano, había mantenido relaciones sexuales con él desde los trece años. «A veces quedábamos a tomar algo o en su piso de Logroño», donde mantenían sexo a cambio de «50, 100 o 200 euros», admitió el acusado portugués. En su declaración ante la fiscal, admitió que al enterarse por su pareja de la muerte de Guillermo, llamó a A.D.G. y éste le confesó que «se le había ido de las manos». Sin embargo, al enterarse A.D.G., también llamó a su compañero y «me dijo que seguramente el muerto sería otra persona». Es más, «le dije que no quería verlo y no hemos vuelto a tener relación», aseguró lanzándose acusaciones, de nuevo, en sentido contrario.

Ambos acusados ratificaron sus primeras declaraciones tras ser arrestados, si bien, tanto la fiscal como la acusación particular ejercida por Marcos García Montes apuntaron alguna contradicción.

García Montes insiste en los «comandos» que colaboraron y vaticina otro juicio

No pudo concluir su explicación el segundo de los acusados tras el receso anunciado tras las preguntas de la fiscal. Tal y como comunicó a la sala el magistrado, una llamada del centro penitenciario alertó de que no se le había suministrado el tratamiento de metadona y no se encontraba en condiciones de continuar. Una declaración que retomará durante la jornada de hoy en la que también está previsto el testimonio de Yolanda, la hija del hostelero riojano.

Por lo demás, el abogado Marcos García Montes mantuvo ante la sala su intención de extender las acusaciones «a otras cuatro personas» que conformarían los ya calificados meses atrás, como comandos. Entiéndase como colaboradores que podrían haber dado datos concretos sobre las rutinas del hostelero. En opinión del mediático letrado todo sucedió «meticulosamente premeditado» y aventuró otro juicio para estas personas que, en su opinión,  estuvieron implicadas. Todo ello evidenciando una vez más su disconformidad con la investigación practicada por la Guardia Civil.

García Montes, que inició su intervención con unas palabras de aliento para los afectados por la DANA, señaló también que «no vamos a permitir que que nadie calumnie a la víctima. Queremos justicia, no venganza», aseveró.

Así, la acusación particular ejercida por la hija reclama Prisión Permanente Revisable para ambos acusados mientras que la acusación por parte del hijo del hostelero reclama, como fiscalía, 27 años. Las defensas alegan que sin autor, no hay condena y piden la absolución.

Y por añadir un dato más de lo sucedido en la jornada de ayer en la Audiencia, García Montes preguntó al acusado de mayor edad si había recibido «amenazas» en la cárcel procedentes de un familiar del traficante de Lardero con el que estuvieron el día de autos. El detenido lo negó.

Todo ello en una primera sesión en la que el tono firme y sosegado de la fiscal llegó, por momentos, a afilar los nervios de los acusados en su declaración. Mucho más extenso fue el interrogatorio del ministerio público al acusado más joven, el que condujo el vehículo hasta Cuzcurrita y el que conocía de años atrás al finado. Un acusado que, según la letrada encargada de su defensa, no tiene más antecedentes penales que multas de tráfico. El otro detenido aseguró que robaba en entidades bancarias pero nunca en domicilios, y menos, habitados.