La Administración General de la Comunidad autónoma de La Rioja refleja entre enero y octubre de 2022 un total de 2.221 procesos de Incapacidad Temporal registrados en las nóminas que mensualmente abona el Ejecutivo regional. Algo más de 220 bajas laborales mensuales de entre un total de 3.650 perceptores de nómina a cargo de la Comunidad, sin contabilizar personal del Servicio Riojano de Salud (Seris) ni del área de Educación. Ahora bien, estas 2.221 incapacidades temporales han afectado a lo largo de estos diez meses a 1.634 empleados públicos, es decir, «algunas bajas recaen en momentos diferentes sobre el mismo trabajador», matiza Celso González.

Los datos que maneja la consejería de Hacienda y Administración Pública indican también que todos estos procesos de incapacidad temporal entre los trabajadores públicos de la Comunidad Autónoma suponen un coste ligeramente superior al millón de euros,  en concreto 1.011.763 millones de euros. Una cantidad a la que habría que sumar otros 66.900 euros con cargo al Presupuesto durante los tres primeros meses de baja del personal de regímenes especiales. 

En este sentido, el titular de hacienda del Gobierno riojano apunta que «desde nóminas solo pueden valorarse las cantidades que se abonan con cargo al Presupuesto». Dicho de otra forma, «solo puede facilitarse el dato de la suma de la prestación a cargo de la empresa (en este caso la Comunidad) durante 12 días y el complemente de Incapacidad Temporal para garantizar el cien por cien de las retribuciones los tres primeros días de baja y las diferencias de los días siguientes», detalla González.

De esta forma, del total de bajas laborales, 1.465 han tenido una duración de 10 días o menos (67%); 596 incapacidades temporales se han prolongado entre 11 y 100 días (26%); y 152 bajas han tenido una duración superior a los 100 días (7%). 

En opinión del consejero de Hacienda y Administración Pública, la pandemia ha influido de forma decisiva en el elevado número de bajas laborales contabilizadas entre el personal público de la Comunidad autónoma a lo largo de los diez primeros meses del presente ejercicio 2022. 

Hacienda pone en conocimiento de la mutua sospechas sobre bajas fingidas

Toda incapacidad temporal viene acompañada de un informe médico. En este sentido, el comportamiento de cara al trabajo de la práctica totalidad de los empleados públicos de la Comunidad Autónoma que presentan un parte de baja responde a la prescripción médica. Sin embargo, siempre existe la picaresca y entre el empleado público de la CAR también se da algún «caso puntual y esporádico», señala el consejero de Hacienda y Administración Pública.

La Comunidad Autónoma, como empresa contratadora, no puede hacer mucho en este sentido ya que, entre otras cuestiones, las incapacidades temporales «están sujetas ala Ley de Protección de Datos», continúa Celso González. Ahora bien, «en algún caso hemos puesto en conocimiento de la mutua algún comportamiento de determinados trabajadores en situación de baja» que levantaban sospechas entre la Administración autonómica.

No se trata de un proceso de investigación por parte del Gobierno autonómico, sino más bien «de la información facilitada por los propios compañeros de trabajo» del empleado en situación de baja.

En el caso de la Comunidad de La Rioja, el seguimiento de las bajas laborales corresponde a la Mutua Universal, quien además, puede proponer el alta médica. Ahora bien, como matiza González, la finalización de la baja «siempre corresponde al médico». 

el papel del detective. Y las mutuas arman sus defensas. Un informe fechado a finales de septiembre de 2022 cifra en algo más de medio millón de euros el gasto de estas entidades dedicado a costear los encargos a detectives para el seguimiento de trabajadores en situación de baja laboral. Seguimientos profesionales más habituales en la empresa privada.