Compás de espera entre los trabajadores de la planta de Cervera de Plaza Chica, que continúan sometidos a un ERTE(Expediente de Regulación Temporal de Empleo) hasta el próximo 31 de mayo sin que conozcan todavía cuál será su futuro. Sin actividad desde finales de enero, después de que fuera intervenida judicialmente en diciembre por presunto fraude alimentario, su medio centenar de empleados esperan que la semana próxima, cuando sus representantes se reunirán con el administrador concursal, se despejen las sombras. Las últimas noticias de las que disponían apuntaban a que un par de empresas podían estar interesadas en retomar la actividad, aunque, de momento, se desconoce si se ha concretado alguna oferta.
A corriente de pago y en ERTE desde el pasado 18 de abril, la voluntad sindical es conservar la totalidad de los puestos de trabajo en una zona de La Rioja con mayores dificultades para la inserción laboral, y confían en encontrar una salida similar a la de la planta de Alfaro, donde sus 65 empleados, según confirman desde UGT, se encuentran trabajando con plena normalidad desde comienzos de marzo.
En concreto, desde el día 5 la totalidad de la plantilla se incorporó a las instalaciones de la empresa dedicada a la elaboración de conservas de atún y bonito, una vez que fue reabierta por la firma gallega Cerdeimar.
Según informó en su momento el responsable de Industria de UGT, Carlos Alfaro, los trabajadores de Alfaro fueron subrogados por este grupo con derechos y obligaciones. No obstante, Cerdeimar, que no ha adquirido la fábrica sino que ha alquilado la planta, ha empezado «desde cero» por lo que no se harán cargo de las cuantías adeudadas a la plantilla. Estos atrasos corresponden a la actualización del convenio de conservas vegetales que, firmado en mayo y publicado en septiembre de 2023, la empresa se había comprometido a pagar en diciembre y que quedó en suspenso con la investigación de la Guardia Civil, que se inició en agosto tras una denuncia.
Y fue la Benemérita la que, en colaboración con Europol y los Carabinieri italianos, intervino en las fábricas de Plaza Chica 120.000 botes de atún en conserva y 45.000 litros de aceite dentro de la operación Matsu, que se saldó con el arresto de cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, además de la inmovilización de 21 cuentas bancarias bajo la sospecha de que las conservas estaban siendo adulteradas para ser revendidas pese a su estado de insalubridad.
La mayor parte de los botes intervenidos estaban destinados a abastecer a pequeños comercios y grandes cadenas de alimentación de España e Italia de forma inminente.