Podría parecer que hablar del retraso en el funcionamiento de la justicia es algo alejado de la actualidad por sabido. Pero la acumulación de asuntos sigue siendo el caballo de batalla en el ámbito judicial y por ende de la abogacía. El decano del Colegio que agrupa a los profesionales riojanos de la abogacía admite una cierta mejoría desde el brutal parón motivado por la pandemia y después por la huelga de letrados de la Administración, pero considera que es aún insuficiente para una Justicia del siglo XXI. De discurso pausado y matizado, propio de alguien acostumbrado a medir el alcance legal de cada palabra, a Federico Bravo se le nota especialmente sensible al denunciar la situación de precariedad en la que se ven obligados a trabajar los colegiados y colegiadas del turno de oficio.  

Usted lleva algo más de dos años como decano y ya cuando accedió al cargo se venía trabajando desde el Colegio en la mejora del turno de oficio, uno de los grandes retos de la profesión. ¿Qué se ha logrado y qué falta por conseguir?

Falta por conseguir todo. El turno de oficio es uno de los grandes caballos de batalla de todos los colegios de la abogacía. La peculiaridad en La Rioja es que nosotros tenemos competencias transferidas y la organización con todo lo que tiene que ver con la justicia gratuita corresponde al propio Colegio, en coordinación con la Dirección General de Justicia del Gobierno de La Rioja. Nuestra situación en relación con la situación a nivel nacional es mucho mejor, pero dentro de una situación pésima. La Administración de Justicia en general y la gratuita, en particular, es la gran olvidada. Hay un derecho general a que todos los ciudadanos tengan derecho a la justicia de forma gratuita, pero el funcionamiento es muy deficiente. 

¿Qué es lo que falla?

Hoy (por el viernes) sale publicado un informe de la Unión Europea que coloca a la justicia gratuita española en tercer lugar por la cola, un dato desastroso. Insiste en deficiencias en cuanto a retribución, retrasos en el pago y falta de pago de determinadas actuaciones asociadas al turno de oficio. En La Rioja tenemos una situación algo menor, pero dentro de una situación muy mala. Estamos negociando desde hace tiempo con la Dirección General la actualización periódica de baremos y sistemas de garantía de cobro, lo que redundaría en beneficio de todos los ciudadanos.  

¿Tan mal pagada está la justicia gratuita?

Con los baremos que tenemos, en un procedimiento ordinario implicaría que un letrado o letrada tiene que entrevistarse con el cliente, asumir su caso, fijar una estrategia, analizar los antecedentes, redactar una demanda o una contestación, y acudir al menos dos veces al juzgado, para audiencia previa y juicio ordinario. En la justicia gratuita, el baremo por todo ese proceso puede estar en 180 euros. La expectativa de los colegios de abogacía no es que se retribuya conforme al mercado, porque hay libre fijación de honorarios, pero hay una diferencia abismal entre esos baremos y lo que sería una retribución normal. Es muy complicado que la retribución del turno de oficio llegue a ser como la de mercado, pero tiene que ser digna y hoy no lo es.

También se quejan los abogados del turno de oficio del exceso de papeleo. ¿En la era de las nuevas tecnologías es concebible esa burocracia?

Todavía son frecuentes las fotografías de cualquier juzgado español con cantidad de expedientes de papel amontonados, de forma que en muchas ocasiones la diligencia de conservación de actuaciones y protección de datos estaría comprometida. Hay unas reformas legislativas para que desaparezca el papel y se llegue a la digitalización, pero la realidad dista mucho de ese objetivo. Nosotros ponemos sobre la mesa la necesidad de invertir en medios materiales adecuados, pero sobre todo, en relación con la justicia gratuita, que la carga burocrática asociada a la tramitación de expedientes de forma digital no puede recaer sobre los abogados y abogadas. Nosotros estamos en disposición de contribuir y adaptarnos a la nueva era, pero lo que no puede ser es que el volcado de datos, su recepción y comprobación recaiga de forma mayoritaria en los letrados y letradas, que bastante tienen con hacer su trabajo, que es la defensa de los intereses de los ciudadanos. 

¿La inteligencia artificial les ayudará a preparar escritos, recursos, etcétera? 

La profesión de la abogacía se caracteriza porque debes estar un poco a la vanguardia de cualquier cambio social, ya sea porque vendrá una legislación que lo regula o porque tienes que adaptarlo a tu forma de trabajar. La inteligencia artificial es una herramienta y como en cualquier otro sector o ámbito social tendrá sus pros y sus contras. Es frecuente ya que los despachos estén interiorizándolo como una herramienta más de trabajo, como en su día fue internet o las bases digitales. Hay que determinar su uso adecuado y que suponga un avance. El problema puede estar en pensar que sustituirá a la inteligencia humana y eso no puede ser; tienen que ser herramientas a disposición de los profesionales de la abogacía, no que los sustituyan. 

¿Cómo está la aspiración de que la mutualidad de la abogacía se equipare con la Seguridad Social?

Es un problema complejo, porque la mutualidad de la abogacía como tal desde hace tiempo no se constituye como un sistema de previsión social. Hace años, cuando los abogados y abogadas se incorporaban a los colegios profesionales el único sistema que tenían de tener un mecanismo de previsión social, tanto asistencial como sanitaria y de cara a la jubilación, era la mutualidad. En la década de los 90 esto cambió y se puede acudir a otros sistemas alternativos, fundamentalmente el régimen de autónomos. Lo que se está produciendo es que muchos letrados y letradas que llegan al momento de la jubilación se encuentran con que la expectativa de percibir una pensión de la mutualidad es muy baja. Y se ha planteado la posibilidad de un traslado de gente que está en la mutualidad y que considera que estaría mejor en la Seguridad Social. Es legítimo, pero habrá que analizarlo porque no es sencillo.

¿Hay muchos abogados que están alargando la edad de jubilación porque su pensión es pequeña?

Sí. Es una profesión en la que es complicado desvincularte definitivamente. Hay profesionales que están en sus despachos porque tienen una sucesión natural en sus hijos o sus hijas, y otros que no se pueden jubilar porque la expectativa de tener unos ingresos dignos no les cubre y tienen que prolongar su etapa profesional. Hay otros que hoy no se pueden jubilar en el régimen de autónomos porque desde que pudieron acceder al mismo no tienen el periodo de cotización suficiente. Otros compañeros habrán tenido la visión o la previsión de haber tenido medios alternativos. Por lo que tenemos que trabajar es porque nadie se vea en la obligación de permanecer en la profesión por una carencia de medios.   

¿Se ha desatascado la justicia tras la acumulación de casos por la huelga de letrados del pasado año?

Poner el foco en la huelga o en la pandemia desvía la atención del problema real. Ya antes de la pandemia y de la huelga, la Administración de Justicia tenía un funcionamiento que en cualquier otro ámbito, el tributario, el sanitario..., sería inaceptable. El volumen de retraso acumulado en la tramitación de los asuntos no es propio de una Justicia del siglo XXI. Si ya la situación era mala, la pandemia y luego la huelga supusieron el remate final. Estamos en una situación francamente complicada. 

¿No se ha mejorado nada?

Se han puesto algunos remedios y se está recuperando muy lentamente el enorme colapso que supusieron la pandemia y las huelga, pero incluso superando estas dos circunstancias estaremos en una situación que exige que a la Administración de Justicia se le dé una vuelta definitiva, porque no es asumible. Posiblemente se necesitan más plazas de jueces, de letrados de Administración de Justicia, de funcionarios, una reorganización de recursos humanos, más inversión. No sirve de nada una ley que prevea actuaciones judiciales de forma telemática y que luego en muchos juzgados haya conexiones a internet que fallan o donde no se puede mantener una videoconferencia. Es necesario dar una vuelta completa y un paso decidido hacia una Administración de Justicia del siglo XXI. Desde la abogacía reivindicamos un pacto de estado por la justicia, porque probablemente en una única legislatura sea imposible llevar a cabo las reformas .

En La Rioja hay un palacio de justicia relativamente nuevo. ¿También hay carencias de medios?

En Logroño estamos en una situación razonable. Tenemos un palacio de justicia nuevo, espacio y una previsión a futuro que permite dar cobijo a nuevas unidades judiciales y una razonable dotación de medios. Sin embargo, esta situación dista frontalmente de la de los juzgados de Calahorra y Haro, que tienen un volumen de trabajo muy importante, pero a su vez son destinos que no son atractivos. Hay una enorme rotación de personal y ello motiva que estas dotaciones, que además tienen una carencia importante de medios e infraestructura, tengan una situación caótica. Los juzgados de Calahorra tienen verdaderos problemas en la tramitación ordinaria de procedimientos y algo parecido pasa en Haro. Hay que replantearse la organización de medios materiales y humanos, porque si no el funcionamiento de estos órganos judiciales va a peor, cuando la situación en las capitales de provincia pueda mejorar mínimamente. Esto hace que tengamos dos justicias a velocidades diferentes que no es asumible. 

¿La profesión es atractiva para los nuevos graduados en Derecho, o prefieren aspirar a ser funcionarios o profesionales en empresas?

La abogacía es permeable a lo que ocurre socialmente. Hay una cierta tendencia en nuestros jóvenes a que después de tener una formación muy importante, buscan salidas profesionales más estables. Hoy empezar en la abogacía es complicado; eres un profesional independiente, tienes que asumir muchos costes, tienes la incertidumbre propia de encontrar trabajo...Vocacionalmente sigue habiendo licenciadas y licenciados en Derecho que optan por la abogacía, pero se detecta desde hace un tiempo que ha bajado considerablemente el número de incorporaciones a los colegios profesionales y esto evidencia de que los jóvenes optan por otras alternativas profesionales. 

Según el Ministerio del Interior, la criminalidad aumentó en 2023 un 3,5%, aunque La Rioja figura como la sexta región más segura. ¿Tienen ustedes esa misma percepción?

Los datos estadísticos son así. Pero La Rioja sigue siendo una comunidad segura. Ese cierto repunte en la estadística no tiene que suponer ninguna alarma, porque seguimos disfrutando de una comunidad autónoma ciertamente segura.  

También hay una sensación de que hay más casos escabrosos, de gran impacto social. ¿Es un temor real?

La realidad es que esto se ha producido. De tener la percepción hace unos años de que en La Rioja nunca pasaba nada hemos pasado a tener una serie de casos de hechos luctuosos muy mediáticos y de una gravedad importante. No se puede esconder esa realidad, pero tengo la convicción de que son puntuales y que las circunstancias de que hayan coincidido en el tiempo puedan generar cierta alarma social. Dentro de la gravedad de esos hechos, seguimos siendo una comunidad autónoma muy segura en la que irremediablemente estas manifestaciones de criminalidad se van a dar, pero no nos debe llevar a pensar que haya un cambio en este sentido.

Los datos del Poder Judicial indican un nivel de litigiosidad en La Rioja de los menores de España. ¿Es un buen indicativo?

De un tiempo a esta parte se ha detectado a nivel nacional un incremento de la litigiosidad. Creo que viene marcado un poco por una tendencia en ámbitos como el Derecho del consumo a litigar por cuestiones como productos bancarios de todo tipo, instrumentos financieros, que afectan a gran número de personas. 

En violencia de género da la impresión de que no se avanza demasiado. ¿Se puede hacer algo más desde el mundo del Derecho?

Estamos dotados de instrumentos normativos adecuados, que sin duda son susceptibles de mejora, y sobre todo en su aplicación. Disponer de una orden de alejamiento pero no tener todos los medios materiales y personales adecuados para que se cumpla, determina que el sistema puede fallar. Esta es una cuestión que exige una respuesta social y si conseguimos avances, los conseguiremos con el tiempo. Es muy importante que esto se trabaje desde la educación, la concienciación social y desde no mirar a otro lado cuando escuchamos un grito en el piso vecino; y por supuesto, la respuesta judicial. Durante esta legislatura ha habido la famosa disposición normativa del 'sí es sí', que aparentemente ha tenido un efecto distinto al que se pretendía. Hay que caminar, pero teniendo en cuenta que la respuesta del Derecho es necesaria, pero no es la única; y sobre todo no será la que solucione el problema, porque normalmente viene cuando ya se han producido el hecho y el objetivo prioritario es que no se produzca.  

Tras casi una década de implantación de la prisión permanente revisable, ¿cree que ha ayudado a que baje la delincuencia?

Si lo consideramos como un efecto disuasorio, evidentemente no. La prisión permanente revisable es una respuesta del Derecho a las conductas delictivas más execrables. Que los delincuentes dejen de delinquir por el hecho de que se puedan ver penados por este tipo de sanciones más graves no tiene ese efecto de disuasión. Este es un mecanismo de respuesta social, que si se produce una conducta de este tipo, la sociedad tenga un mecanismo de respuesta. 

La ciberdelincuencia va en auge. ¿Eso obliga a los abogados a tener más conocimientos tecnológicos?

Como profesionales de la abogacía nos supone dos retos. Por una parte en cuanto a que manejamos muchísimos datos de carácter reservado y personal de nuestros clientes y nuestros, por lo que tenemos que estar muy atentos para no sufrir ataques. Y en la medida en que socialmente hay un auge de las nuevas tecnologías, de las redes sociales y de las transacciones económicas a través de plataformas digitales ha habido un aumento notable en materia de delitos del ámbito de la ciberseguridad. Letrados y letradas tienen el reto que es formarse en esta materia. 

Los abogados son un buen termómetro para chequear cómo va la economía, porque en caso de crisis atienden más casos de quiebras, embargos o ejecuciones hipotecarias. ¿Qué percepción tiene del momento actual en La Rioja?

Lo que yo detecto es una cierta incertidumbre. Encadenamos un proceso electoral con otro, hay incertidumbre en cuanto al funcionamiento ordinario de las instituciones, que a veces se percibe como una cierta quiebra de la necesaria seguridad jurídica... Y eso no es bueno. 

Cuando concurrió a la elección como decano planteó crear un fondo social para situaciones de vulnerabilidad. Resulta extraño pensar en la de abogado como una profesión expuesta a ese tipo de casos.

Dentro de la abogacía nos encontramos todo tipo de situaciones. Hay profesionales que se ganan muy bien la vida, pero también situaciones comprometidas. No es lo mismo una persona con un despacho consolidado que otra que empieza, que tendrá que asumir retos y en determinadas situaciones necesitará ayuda o alguien de edad avanzada que por lo que sea no tenga ingresos suficientes y hay también situaciones extraordinarias por gastos imprevistos. La idea es tener una disposición de fondos transparente que se destine a este fondo de reserva para este tipo de situaciones, con un organismo independiente de control que atendería eventuales solicitudes.